La conjura separatista da
un nuevo paso y ahora ya son tres las regiones del oriente en rebeldía contra
Morales, que tiene gran fuerza en otras tres del altiplano
Redacción de
Econoticiasbolivia (fecha de publicación :30-Mayo-08)
Los
100 clanes que son dueños de la tierra y la vida en el oriente de Bolivia
quieren perpetuar su poder y marcar como suya la rica Amazonía, de la mano de
unos estatutos autonómicos puestos a votación este domingo en sendos referéndums
en las tropicales regiones de Beni y Pando y en abierto desacato al gobierno del
indígena Evo Morales.
El estatuto, que se prevé que sea
aprobado mayoritariamente a pesar de que es ilegal e inconstitucional, tal como
aconteció en Santa Cruz el pasado 4 de mayo, otorga poderes especiales a las
autoridades regionales para regular el ingreso y asentamiento de los bolivianos
que provengan del altiplano y los valles.
Así, por ejemplo, el artículo 6 del
estatuto autonómico de Beni establece que "las migraciones e inmigraciones de
grupos organizados de ciudadanos bolivianos y extranjeros que deseen asentarse
en el departamento del Beni deberán ser aprobadas por dos tercios de la Asamblea
Legislativa Departamental, previo consenso con la Asamblea Legislativa
Provincial y concordancia con el plan de desarrollo departamental".
Esto significa, según denunció el
viceministro de Descentralización, Fabián Yaksic, que los nacionales que deseen
ingresar a los cerca de 300 mil kilómetros cuadrados de la región amazónica
boliviana, colindantes con Brasil, deberán obtener un pasaporte o visa, lo que
sólo se usa cuando un ciudadano viaja a otro país o a otro continente. Esta
disposición también podría ser utilizada, según advirtió la Confederación
Indígena del oriente, para expulsar de la región a todos los migrantes y
originarios del altiplano.
Con ello, la oligarquía y los 100
clanes estarían virtualmente alambrando esa región que cubre casi la cuarta
parte de todo el territorio nacional y que se caracteriza por grandes
extensiones de bosques y pantanal, inmensas praderas aptas para la agricultura y
la ganadería, ríos caudalosos y una incomparable riqueza en biodiversidad.
Los estatutos autonómicos, redactados
por especialistas afines y a sueldo de los gobiernos prefecturales y los 100
clanes, sin participación directa de los ciudadanos, contempla la conformación
de un Parlamento regional con capacidad para dictar leyes por encima de las
nacionales, da prerrogativas de Presidente al prefecto o gobernador, le faculta
para armar su propia milicia o fuerza pública, y les otorga poderes especiales
para definir el uso y acceso de tierras, el pago de impuestos y otros aspectos
de la vida política y económica de la región.
En las regiones orientales de Beni y
Pando, la oligarquía, al igual que lo hizo en Santa Cruz, levantó
demagógicamente la bandera de la autonomía y prometió mejorar la calidad de la
vida de la gente y lograr la prosperidad de la región con lo que han ganado un
masivo apoyo de la población urbana y de casi todas las organizaciones sociales,
empresariales y vecinales, con la única excepción de los campesinos, los
pobladores de los barrios más pobres y minoritarios sectores de izquierda. En
esta región, abandonada por el Estado y los gobiernos de turnos, aislada del eje
económico y político del país, hay un fuerte resentimiento contra el centralismo
entre la población de casi medio millón de habitantes, de los cuales un 70 por
ciento está sumida en la pobreza e indigencia. Es, por tanto, un fértil campo de
cultivo para la demagogia de una oligarquía que desprecia a los indios y explota
a los más pobres.
Avanza la conjura separatista
Con la aprobación de los estatutos
autonómicos de Beni y Pando ya serán tres regiones, de las nueve que tiene
Bolivia, donde se consolida con votación popular la existencia de gobiernos
paralelos y en abierto desacato al gobierno central de Evo Morales, que ya no
sabe, ni puede ni quiere detener la rebelión oligárquica. Para el 22 de junio
está previsto otro referéndum en Tarija, en el sur del país, colindante con
Argentina, con lo que serán cuatro los departamentos en rebeldía (ver:
La oligarquía da un paso atrás y
tres adelante).
En otras dos regiones de los valles,
como Chuquisaca (donde está la capital Sucre, escenario de humillantes vejámenes
contra los campesinos) y Cochabamba, la oposición derechista y oligárquica
también cuenta con enorme fuerza en las ciudades, quedando Evo Morales con el
apoyo de sólo tres regiones del altiplano y de gran parte del campo en los
valles.
En el oriente y los valles, la
realización de los referéndums venciendo la oposición de Evo ha generado mucha
euforia entre los 100 clanes familiares, que son dueños de 25 millones de
hectáreas de tierras fértiles, cinco veces más que la que tienen en conjunto dos
millones de campesinos pobres que subsisten en los minifundios y cultivan en
tierras degradadas por la erosión y el uso intensivo.
Favorecidos por la defección del
presidente Morales, que ha levantado las manos ante el poder de la oligarquía y
ha instruido a las Fuerzas Armadas, a la Policía y a las organizaciones sociales
de campesinos e indígenas para que no impidan por la fuerza la ilegal consulta,
los prefectos (gobernadores) y dirigentes de las organizaciones cívicas y
empresariales ya cantan victoria y siguen amedrentando a los disidentes.
La oligarquía y los 100 clanes creen
quecon el voto popular y el poder que tienen en la calle, ya han derrotado todas
las pretensiones de Morales sobre las tierras, los recursos naturales y el
funcionamiento de la economía, creen que ya han frenado y enterrado la rebelión
de los pobres que echó abajo a los gobiernos neoliberales en el 2003 y 2005 y
que amenazó el poder de las transnacionales y la vigencia del neoliberalismo en
Bolivia, una nación con 10 millones de habitantes y 6 millones de pobres. Ellos
creen, incluso, que aunque no puedan lograr poner fin al mandato de Evo Morales
el próximo 10 de agosto, en el referéndum revocatorio, ya han consolidado su
poder en las regiones.
Persecusión y odio racial
En el oriente y los valles la
población urbana, especialmente la clase media, respalda masivamente a los
prefectos y comités cívicos derechistas porque ellos han levantado la bandera de
la autonomía, que demagógicamente muestran como la única vía para mejorar la
calidad de vida de la gente, sumida en la pobreza y siempre olvidada por los
gobiernos nacionales.
El masivo apoyo a los oligarcas se da
en la misma medida en que se repudia la política de Evo que rechaza la
autonomía, recorta los recursos a las regiones y no mejora en nada la economía
ni la vida de los trabajadores y las empobrecidas clases medias. En rigor, todos
ellos, los de abajo, están peor que antes como resultado del alza del costo de
vida y los salarios miserables que pagan el Estado y los empresarios, a pesar de
que estos últimos están logrando millonarios ingresos adicionales por el alza
del precio de las materias primas exportadas.
Los líderes derechistas también han
exacerbado en el oriente y los valles los arraigados y centenarios sentimientos
de menosprecio contra los altiplánicos y campesinos y los han transformado en
odio racial y violencia organizada contra los más humildes y los más pobres, que
son perseguidos, humillados y vejados.
Evo frena la lucha popular
Mientras tanto, paralizado por su
suicida política de concertación con la oligarquía que lo desprecia y detesta,
el presidente Evo Morales continuó frenando las protestas de campesinos y
obreros en contra de la envalentonada burguesía agrofinanciera, que no se da
tregua en su tarea de escindir al país en dos.
La suspensión de las movilizaciones
sindicales se origina en la política gubernamental de intentar lograr un acuerdo
de largo aliento con la burguesía para potenciar el “capitalismo andino”, además
de evitar que los sindicatos más radicales, como los mineros y maestros, ganen
más fuerza en su exigencia para que Morales deje de conciliar con la derecha y
cumpla con las exigencias del pueblo acabando con el neoliberalismo y el saqueo
transnacional de las riquezas naturales, expropiando la tierra a los
latifundistas y entregándola a los campesinos y mejorando la calidad de vida de
los trabajadores con más empleo y mejor salario (ver:
Evo frena la lucha popular y da
más alas a la derecha).
La estrategia de los ricos
La rancia oligarquía boliviana, que
tiene un visceral y profundo odio contra los indios, contra los pobres, dejó
hacer a Morales durante gran parte del 2006 para que hiciera lo que ella no
podía hacer: desvirtuar las luchas populares por la nacionalización del gas y el
petróleo, legalizar los contratos con todas las transnacionales que el pueblo
quería expulsar del país y armar una Asamblea Constituyente entre los
representantes del MAS y los de la oligarquía, sin la participación directa de
las organizaciones que derrocaron a los ex presidentes neoliberales Gonzalo
Sánchez de Lozada y Carlos Mesa.
De ahí en más, oleados y
sacramentados los contratos petroleros, puestas a salvo y acrecentadas las
millonarias ganancias de los pulpos transnacionales del gas y el petróleo, la
oligarquía, con el apoyo y cobertura de la Embajada de Estados Unidos, frenó,
bloqueó y ganó las calles, enarbolando la bandera de la autonomía,
fortaleciéndose con cada error de Morales, ganando fuerza con cada concesión de
Morales.
Ahora, la oligarquía y los 100 clanes
se empeñan en lograr un masivo y contundente apoyo electoral en los referéndums,
para consolidar su dominio en las regiones del oriente y los valles, y lograr
la base que les permita ratificar en el referéndum revocatorio del 10 de agosto
que son ellos, y nadie más que ellos, los dueños de la mitad de Bolivia y que
Evo Morales sólo podrá gobernar en el altiplano.
Dueños y señores del Beni
Y esto lo saben los dueños y señores
del Beni, en las ubérrimas llanuras del norte oriental de Bolivia. Allí, es el
reino de los clanes de los Guiteras, Llapiz, Sattori, Bruckner, Quaino, Dellien,
Avila, Nacif, Antelo, Salek. Allí, 10 familias tienen un poco más de medio
millón de hectáreas (534 mil), que es, en extensión, 500 veces más grande que
toda la ciudad de Trinidad, la capital beniana.
Allí, como en Santa Cruz y Pando, una
vaca vale más que una familia campesina. Allí, el poder político y económico se
reparte entre padres, hermanos e hijos. Unos son autoridades regionales, otros
diputados y concejales, otros son jefes militares y dueños de empresas.
Allí también imperan los Gasser,
Elsner, Carruty y los Bauer Elsner. Todos ellos, que provienen de familias
europeas, son los dueños de los principales negocios, accionistas de la banca y
manejan a su antojo los cargos públicos, la justicia, la prensa y la
administración pública. No es casual, por ello, que el prefecto (gobernador) sea
uno de ellos: Ernesto Suárez Sattori, un ganadero latifundista y ex
parlamentario de la fascista ADN (Acción Democrática Nacionalista del ex
dictador Hugo Banzer).
Los amos de Pando
Más al norte, en Pando, es el reino
de los Sonnenschein, Hecker, Becerra Roca, Vaca Roca, Peñaranda, Barbery Paz,
Claure, Villavicencio Amuruz, que gobiernan de la misma forma que sus pares de
Santa Cruz y Beni.
Estas ocho familias concentran cerca
de un millón de hectáreas de tierras fértiles, que equivalen a dos mil veces la
extensión de la capital Cobija, donde gobierna con ellos otro millonario
ganadero, el ultraderechista Leopoldo Fernández.
El gobernador Fernández es uno de los
amos y señores de Pando y su influencia es tal que incluso el propio Morales le
ofreció, hace un año y medio, que sea candidato por su partido, el Movimiento al
Socialismo (MAS), para gobernar la rica región fronteriza con Brasil. Fernández
lo rechazó, él no quiere nada con los indios.
Clanes racistas
Estos clanes son visceralmente
racistas y están convencidos de que los campesinos, a los que explotan como en
los tiempos del feudalismo, valen menos que sus vacas, por lo que no conciben
que uno de ellos sea el actual presidente de Bolivia.
Estos grupos oligárquicos han estado,
desde siempre, imbricados con el poder político. Han cogobernado con las
dictaduras militares y han lucrado al máximo con los regímenes neoliberales
democráticos y saben, muy bien, conservar sus privilegios.
Por ello, tras estar arrinconados
parcial y temporalmente desde octubre del 2003, cuando una insurrección popular
derrocara al ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, al que respaldaron hasta
último momento, los latifundistas comenzaron a recobrar el poder político
regional, mediante la abierta confrontación con el titubeante, conciliador y
suicida régimen indigenista de Morales, que busca, en el fondo, que las rancias
élites de oligarcas compartan el poder con las emergentes élites indígenas (ver
García Linera: Las élites
comparten el poder).
El rol de la Embajada
La conspiración de los clanes cuenta
con el indisimulado apoyo de la administración de George Bush. Según ha
denunciado el gobierno, la Embajada de Estados Unidos es la que promueve y
financia los intentos separatistas de la oligarquía. Las estrechas relaciones
del embajador estadounidense Philip Goldberg con los principales líderes de la
rebelión como el prefecto Rubén Costas y el líder fascista Branko Marinkovic de
Santa Cruz, y el financiamiento de la agencia norteamericana de cooperación
Usaid a los políticos derechistas de oposición, son prueba de ello y marcan la
evolución de la política de Washington con relación al presidente Morales.
Hasta el 2002, el dirigente cocalero
Evo Morales era considerado como el enemigo número uno de Washington. En ese
entonces, el embajador Manuel Rocha amenazaba abiertamente a los bolivianos con
suspender la ayuda económica y cortar relaciones diplomáticas si éstos se
animaban a votar por Evo, al que consideraban ligado al narcotráfico.
Sin embargo, en el periodo 2003 –
2005, cuando el levantisco pueblo boliviano derribó a dos gobiernos neoliberales
(Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Mesa) y amenazó con expulsar a las
transnacionales petroleras y mineras que saqueaban Bolivia, nacionalizando el
gas, las minas y las tierras, Washington revalorizó el papel de Morales y
decidió, aunque de mala gana, convivir con él, más aún cuando éste ganó las
elecciones de fines del 2005 con el 54 por ciento de los votos.
Ya en el poder, Morales atemperó los
ánimos populares sobre la expulsión de las transnacionales y logró nuevos
acuerdos con las petroleras, legalizando sus contratos y garantizando sus
propiedades, sus inversiones y ganancias. Otorgó también amplias garantías para
la propiedad y la inversión privada que cumplan con las normas y leyes.
Todo ello agrada a Washington, aunque
no es suficiente para anular el creciente apoyo estadounidense a la causa de la
oposición oligárquica. El alineamiento de Morales con los regímenes de Cuba y
Venezuela, su tolerancia al cultivo limitado de coca, su permanente y estridente
retórica antiimperialista y la amenaza de que los sectores radicales de
indígenas y trabajadores desborden al presidente indígena hacen que la
Embajada no confíe en Evo y busque, por el contrario, limitar su poder al
altiplano, tal como actualmente ocurre.
La administración Bush fogonea contra
Morales y ha enviado a su mayor experto en el separatismo como Philip Goldberg,
que ya trabajó entre 1994 y 1996 como asistente especial del embajador Richard
Holbrooke, uno de los estrategas de la desintegración de Yugoslavia y de la
caída en 2000 del presidente Slobodan Milosevic. Goldberg promovió la separación
de Serbia y Montenegro y también estuvo en Kosovo, generando conflictos entre
serbios y albaneses. Ahora está en los andes bolivianos, alentando la rebelión
de los 100 clanes.