El Tribunal Permanente de los Pueblos emitió una sanción moral contra las prácticas de 24 corporaciones europeas y los Estados que permiten la vulneración de derechos. El dictamen será enviado a cinco instancias internacionales, a los países afectados y a las naciones de origen de las empresas.

Por Milagros Salazar - IPS

"La búsqueda del beneficio de las empresas trasnacionales, más la centralidad que se atribuye, por las políticas y la cultura económica, a los intereses empresariales tienen como consecuencias la mercantilización de todos los aspectos de la vida social orientada a potenciar el derecho de propiedad privada y de acumulación de capital", señaló el presidente del tribunal, el sacerdote y sociólogo belga François Houtart, al leer el fallo.

Houtart efectuó la lectura del dictamen del tribunal no vinculante este viernes ante cientos de representantes de movimientos sociales, indígenas y organizaciones no gubernamentales, reunidas en el campus de la Universidad Nacional de Ingeniería de la capital peruana.

El fallo fue uno de los acontecimientos más esperados por los asistentes a la Cumbre de los Pueblos: Enlazando Alternativas III finalizada este viernes y que, según sus organizadores, convocó a 10.000 participantes.

El tribunal tomó resolución en siete aspectos. Uno de ellos fue elevar el expediente de los 24 casos a la fiscalía de la Corte Penal Internacional, al Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y a los relatores especiales competentes para esta materia, al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Además, se comprometió a entregar la misma documentación a las instancias del sistema de justicia y los defensores del Pueblo de América Latina y del Caribe así como a los gobiernos de los países de origen de las compañías que fueron colocadas en el banquillo.

Las empresas juzgadas provienen de 10 países europeos y operan en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Irlanda, Nicaragua, Perú y Uruguay, en 12 sectores, incluyendo la minería, el petróleo, el forestal-madero, el agroquímico y el financiero.

Entre las compañías figuran la española Repsol-YPF, la anglo-holandesa Shell, los bancos BBVA, HSBC y Santander, la empresa española de energía Unión Fenosa y las de telecomunicaciones Telecom Italia y Telefónica.

Perú presentó tres casos: el de la minera Monterrico Metals, que tiene acciones en la explotación de cobre de Río Blanco en la región norteña de Piura, el de la agroalimentaria Camposol, perteneciente a la noruega Dyer Coriat, por despedir trabajadores sindicalizados, y el de la compañía de agroquímicos Bayer, de Alemania.

Sólo una de las compañías acusadas tiene su sede en América Latina: la minera brasileña privatizada Vale do Rio Doce.

El fallo resuelve la sanción de las prácticas del modelo neoliberal por considerar que son "implementadas y permitidas por los Estados y las instituciones de la Unión Europea, bajo la argucia de promover el crecimiento y desarrollo económico para combatir la pobreza y lograr el desarrollo sostenible".

Ante este escenario, el tribunal se compromete a demandar "en el foro internacional a las corporaciones multinacionales con capitales privados y estatales de origen europeo, por graves, claras y persistentes violaciones" a los derechos humanos de los pueblos de América Latina y el Caribe.

También solicita al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que designe un relator especial para que, en breve plazo, presente a la Asamblea General una propuesta de caracterización del concepto de deuda ilegítima y la calificación de las violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales perpetrados por gobiernos, empresas financieras y corporaciones multinacionales en contra de personas y pueblos.

Con este propósito, el organismo pide que se constituya un tribunal internacional que juzgue los crímenes económicos y ambientales, en el que las víctimas individuales o colectivas puedan constituirse como actores legítimos.

Mientras se desarrollaba en Lima la V Cumbre de jefes de Estado y de gobierno de América Latina, el Caribe y la Unión Europea (ALC-UE), el tribunal demandó que los países de Europa y sus órganos comunitarios "sometan de manera vinculante" sus relaciones económicas, decisiones de política económica y de cooperación internacional, al cumplimiento de normas sobre derechos fundamentales, desarrollo humano, democracia y protección ambiental.

El tribunal también planteó que los Estados y gobiernos de América Latina y el Caribe garanticen "la soberanía y dignidad de los pueblos antes que los intereses económicos de los sectores privados" y que impidan la privatización de recursos fundamentales para la vida como el agua, el aire, la tierra, las semillas y el patrimonio genético y aseguren el acceso universal a los servicios públicos.

El dictamen también incorporó una referencia especial a los derechos indígenas y a la deuda histórica de los países con ese sector de la población en América Latina.

El presidente del tribunal informó que los representantes de la UE se excusaron de dar su versión en las sesiones que se realizaron entre el martes 13 y el miércoles 14, y que sólo una empresa de las 24 presentó sus descargos: Camposol, que opera en el norte de Perú.

Los argumentos de la empresa no convencieron al tribunal, que mantuvo la acusación de prácticas antisindicales, por el despido de 380 trabajadores organizados en sindicatos.

Houtart dijo a IPS que el fallo sin duda tendrá "un gran impacto en la imagen" de las compañías juzgadas. Pero no será sólo una cuestión declarativa, sino que buscará obtener resultado en las instancias internacionales de justicia, agregó.

Organizaciones peruanas señalaron que buscarán hacer lo mismo en los juzgados ordinarios de este país.

El Tribunal de los Pueblos fue creado en 1979 en Italia y cuenta con cerca de 80 miembros. En sus sesiones de Lima participaron 13 especialistas entre abogados, sociólogos, economistas y dirigentes sociales.

Uno de ellos fue el presidente del Tribunal Constitucional de Ecuador, Patricio Pazmiño, quien hizo énfasis en su participación en calidad de jurista. "Uno de los aportes de este tribunal es la contribución a la jurisprudencia de los derechos humanos del ámbito internacional y de diversos Estados", dijo a IPS.

También participó un vocal de la Corte de Casación de Italia, Franco Ippolito, y la dirigente indígena ecuatoriana Blanca Chancoso, que lleva 35 años de labor en defensa de los derechos de los pueblos originarios de su país.

La Cumbre de los Pueblos finalizó con un acto público, la noche del viernes 16, con la participación de los presidentes Evo Morales, de Bolivia, y Hugo Chávez, de Venezuela, en la Plaza Dos de Mayo del centro de Lima.

Ante la presencia de miles de espectadores, los coordinadores del encuentro entregaron a los mandatarios las conclusiones de 110 talleres celebrados desde el martes, bajo seis ejes temáticos.

Esos ejes fueron: estrategia de liberalización y competitividad de Europa y América Latina; integración regional y alternativa; cambios climáticos y sus impactos en recursos naturales; pueblos indígenas; trabajo y migración y derechos humanos.

El documento también incluye las ideas principales de la declaración que fue entregada el jueves al canciller peruano José García Belaúnde y a su par de Eslovenia, Dimitrij Rupel --país que ejerce la presidencia de turno de la UE--, para que sea difundida entre las autoridades de la V Cumbre oficial.

El punto principal de la declaratoria fue el rechazo a las negociaciones para alcanzar tratados de libre comercio (TLC) con la UE, pues repetiría "el esquema de los TLC firmados por la mayoría de los países latinoamericanos con Estados Unidos". El resultado, dice la Cumbre de los Pueblos, es más desigualdad social en los países en desarrollo.

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