La decisión del Senado fue rechazada inicialmente por los parlamentarios oficialistas, pero después el propio Morales anunció su decisión de someterse al voto ciudadano.

Con fuerte apoyo electoral en el Altiplano y el área rural para el presidente Morales y un sólido respaldo en las regiones del oriente y los valles para los prefectos derechistas, es altamente probable que Evo y sus principales opositores en Santa Cruz, Tarija y Pando sean ratificados en sus cargos, con lo que se mantendría inalterable la existencia de dos gobiernos en Bolivia, el de la izquierda indígena-campesino y el de la derecha oligárquica y fascista.

El primero, el legal, del presidente indígena Evo Morales, con masivo apoyo campesino y el control del altiplano (La Paz, Oruro y Potosí), con mando sobre el Ejército y la Policía y el respaldo de los sindicatos y las clases medias. El segundo, en los valles y llanuras del oriente y sur del país, donde pesa más el poder de la oligarquía latifundista y la burguesía financiera-comercial, que gobierna de facto y cuenta con la adhesión militante de las clases medias y la sumisión de los sindicatos y organizaciones cívicas y populares.

Expectativas

Con el referéndum revocatorio, la expectativa mayor del gobierno de Morales es recibir a nivel nacional la ratificación del apoyo ciudadano y lograr, en el mejor de los casos, derribar a uno o dos prefectos opositores (La Paz y Cochabamba). Queda fuera de la agenda gubernamental la posibilidad de derrotar en las urnas a los prefectos de Santa Cruz y Tarija, donde se concentra el poder de la oligarquía autonomista y separatista.

La expectativa de los opositores derechistas es mayor y aspira a reducir el apoyo ciudadano a favor de Morales y, en el mejor de los casos, a lograr su revocatoria. Ellos también aspiran a unificar a todas las clases medias del país en torno a la oligarquía, para poder organizar un fuerte movimiento opositor nacional, con lo que su fuerza radicada hasta ahora casi exclusivamente en el oriente y los valles podría subir hasta el altiplano.

En todo caso, por lo menos hasta que se realice el referéndum revocatorio, queda claro que el poder dual que se da en Bolivia se consolidará aún más, tanto por la previsible lucha electoral como por las realización de referéndums autonómicos revistos hasta fines de junio en Beni, Pando y Tarija, donde la oligarquía tiene todas las de ganar.

Otros que hacen previsiones son los dirigentes de los sindicatos y organizaciones sociales que han comenzado a separarse del gobierno y creen que "el revocatorio no resuelve nada". Este es el caso, por ejemplo, de la Central Obrera de Oruro que considera que sólo con la expropiación de las tierras de los latifundistas y de las empresas de la burguesía agrofinanciera del oriente se podrá liquidar con la rebelión oligárquica separatista.

"Que escuche el Presidente, queremos marchar a Santa Cruz para derrotar definitivamente a la oligarquía (…) Para aplastar a la oligarquía como en octubre (2003), tenemos que trazar una senda para que se cumpla la agenda de octubre y la recuperación total de todas las empresas para los bolivianos", dijo hace cuatro días el dirigente Jaime Solares de la Central de Oruro.

Confusión y temores

Anoche el presidente Morales aceptó someter su mandato a referéndum en el que tiene más que perder que ganar y pidió al Congreso le envíe "cuanto antes la ley para promulgarla de inmediato". "Quiero reiterar mi posición de someternos al pueblo, que nos diga quién sirve y quién no para gobernar", dijo el mandatario, que no pudo ocultar las serias discrepancias al interior de su organización, el Movimiento al Socialismo (MAS).

Morales presentó el 10 diciembre de 2007 el proyecto de ley sobre el referendo ante el Congreso Nacional, cuando el país vivía una tensa situación relacionada con el proceso constituyente; luego de su aprobación en la Cámara de Diputados (15 de diciembre) y remitida al Senado (17 de diciembre), permaneció durante cinco meses bloqueada, hasta que el miércoles, para sorpresa del oficialismo, fue tratada y aprobada sin ninguna modificación en detalle y sancionada.

"Están sitiando al presidente Evo Morales con una y otra maniobra. Sólo quieren boicotear este proceso de cambio y de solución de los problemas", manifestó el vocero del gobierno, Iván Canelas, bastante contrariado por la acción de la oposición.

El senador del MAS Antonio Peredo cuestionó a sus colegas por haber "reflotado este asunto justo en este momento (...) Lo que quieren es darle una "papa caliente" al Presidente para que promulgue una ley que no tiene ahora razón de ser", agregó.

El rechazo al revocatorio también llegó a los dirigentes laborales vinculados al gobierno de Morales. "Es un poco delicado; nos estamos reuniendo en este momento (...) digo que es muy delicado si pierde el Presidente y dónde nos vamos, por eso digo que es delicado", dijo Pedro Montes, de la Central Obrera Boliviana (COB), cooptada parcialmente por el Gobierno.

Montes dijo "no estar de acuerdo" con la determinación del Senado y explicó que esta propuesta no puede ser "impuesta dictatorialmente y nos imponga al pueblo".

Otros dirigentes sindicales más independientes advirtieron que el referéndum era "distraccionista y que no resolvía nada".

Voto popular

Pese a ello, el presidente Morales aseguró que "el referéndum le devolverá al pueblo boliviano la facultad de pronunciarse por el proceso de cambio y justicia que lleva adelante su administración, o por el retorno al pasado", según difundió la agencia gubernamental ABI.

"Hemos recibido con enorme satisfacción la aprobación del Senado Nacional para el Referéndum Revocatorio del mandato del Presidente, Vicepresidente y prefectos de los nueve departamentos", dijo. Según la norma aprobada por el Senado, en el caso de Morales y su vicepresidente, quedarían revocados si el "no" a su continuidad es superior al 53,7 por ciento de apoyo que consiguieron en 2005 y a los 1.544.374 votos que cosecharon.

Sin embargo, los prefectos tendrían que dejar su cargo de inmediato si su mandato no obtiene el apoyo suficiente y ser sustituidos por un gobernador interino designado por el Presidente de la República.

Si el Presidente y el Vicepresidente son revocados, el Presidente convocará a nuevas elecciones en un plazo de 90 a 180 días y para un nuevo periodo constitucional.