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(IAR Noticias)
09-Mayo-08
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El gobernador de Santa Cruz
(Bolivia), Rubén Costas, saluda a los simpatizantes en las celebraciones por el
respaldo obtenido en el referendo. (Foto: EFE) |
Evo convoca al diálogo y los sediciosos avanzan en otras cinco regiones. Los
sindicatos se ponen de pie y apuntan a expropiar todos los latifundios. El
referéndum, entre la abstención y el poder oligárquico.
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A provechando al máximo la capitulación del presidente indígena Evo Morales, la
rancia oligarquía de Santa Cruz logró en las urnas el apoyo popular necesario
para frenar en lo inmediato las reformas de corte izquierdista en el oriente y
los valles y legitimó este domingo la vigencia de un gobierno paralelo en
Santa Cruz y en abierto desacato al central radicado en La Paz.
Como era previsible, la oligarquía y los 100 clanes que controlan la tierra,
los negocios y los grandes medios de comunicación, cantaron victoria la noche
del domingo y anunciaron que arrasaron en las urnas con el 85 por ciento de
apoyo. En contrapartida, como era también previsible, el presidente Morales y
sus ministros, tras mostrar toda su impotencia para impedir la consulta,
minimizaron el acto electoral, maximizaron la abstención (cerca del 40 por
ciento) y restaron toda validez a la votación calificada como ilegal,
inconstitucional y plagada de irregularidades, aunque convocaron al diálogo y
a las negociaciones con los sediciosos.
En las primeras horas de este lunes, unos como otros se presentaron como
ganadores, desatando una desigual guerra de cifras y declaraciones en las que
el aparataje mediático gubernamental parecía sucumbir sin atenuantes ante la
poderosa maquinaria organizada por la burguesía.
Con ello, unos como otros intentan ganar posiciones con miras a una futura
negociación, aunque queda claro, al menos por ahora, que el gobierno de
Morales no podrá continuar con el saneamiento de tierras ni obligar a que los
latifundistas y hacendados cumplan la ley, ni tampoco manejar las
instituciones públicas ni las finanzas regionales, que ahora quedan bajo la
tuición de los sediciosos, los que avanzan ahora hacia el control de otras
cinco regiones de las nueve de Bolivia mediante otros tantos referéndums igual
de ilegales y predecibles como el de este domingo
Doble poder
En rigor, la votación del 4 de mayo está consolidando y legitimando con apoyo
popular la existencia de dos gobiernos en Bolivia: Uno, el legal, del
presidente indígena Evo Morales, con masivo apoyo campesino y el control del
altiplano (La Paz, Oruro y Potosí), con mando sobre el Ejército y la Policía y
el respaldo de los sindicatos y las clases medias. En los valles y llanuras
del oriente y sur del país, pesa más, en cambio, el poder de la oligarquía
latifundista y la burguesía financiera-comercial, que gobierna de facto y
cuenta con la adhesión militante de las clases medias y la sumisión de los
sindicatos y organizaciones cívicas y populares. Ellos conspiran y quieren
escindir al Ejército y a la Policía para derrocar al 'indio presidente'.
Desde mediados del 2007, Bolivia está partida en dos. En seis de las 10 más
grandes ciudades bolivianas gobierna de facto la oligarquía. Allí, nadie
respeta a Evo Morales y emerge con fuerza el racismo, el separatismo y las
bandas fascistas. Allí, la izquierda indigenista no tiene discurso ni
consignas y está arrinconada y perseguida.
Y esto quedó ratificado este domingo. En simultáneo con la votación en Santa
Cruz, en las regiones donde la autonomía cuenta con apoyo (Beni, Pando, Tarija
y Sucre) se produjeron concentraciones de apoyo a los resultados del
referéndum cruceño, anticipando lo que serán sus referéndums separatistas,
también ilegales e inconstitucionales. En cambio, en las ciudades y poblados
del altiplano y parte de los valles (La Paz, El Alto, Oruro, Potosí y
Cochabamba) se realizaron masivas manifestaciones populares en las que se
exigía cortar de raíz la conjura separatista, expropiando todos los
latifundios y poniendo 'mano dura' contra los oligarcas (ver: Central obrera:
ni Evo ni la oligarquía).
En estas concentraciones populares, los sindicatos y organizaciones sociales
que han comenzado a recuperar su independencia de clase y a zafarse del
control gubernamental conminaron a Morales a dejar de conciliar con la
burguesía y los 100 clanes y abandonar su declarado intento para que 'la élite
indígena-campesina' comparta el poder con la 'élite blancoide de los
oligarcas'.
Hasta ahora, según declaró el vicepresidente Alvaro García Linera, el gobierno
de Morales ha gobernado desde enero del 2006 con la ilusión de convertirse en
socio de la oligarquía criolla y de las transnacionales, que sienten un
profundo y visceral odio contra los indios y un inocultable desprecio contra
los pobres que son el 70 por ciento de la población boliviana.
Votos y abstención
El separatista y racista estatuto autonómico aprobado ayer por medio millón de
votos, según el recuento de las redes mediáticas que apoyan a la burguesía,
permite a Santa Cruz definir su política de tierras, de economía, de
educación, de salud y le permite crear una Asamblea Legislativa que aprobará
leyes departamentales y además designará autoridades locales.
Estas mismas fuentes aseguran que la abstención llegó al 39 por ciento, 21
puntos porcentuales por encima de la registrada en la consulta sobre la
autonomía de julio del 2006. Las causas de esta elevada abstención fueron otro
motivo de controversia. Para el gobierno de Morales se trataría del repudio de
la población hacia la oligarquía, en tanto que ésta asegura que sería el
resultado de la campaña de amedrentamiento y presión ejercida por los
seguidores de Evo.
En cifras absolutas, según el conteo rápido de Ipsos Apoyo, el total de
inscritos en el padrón electoral del departamento de Santa Cruz fue de 933.952
personas, de las cuales emitieron su voto 569.324 (61%) y se abstuvieron de
emitir su voto 364.628 (39%) potenciales electores. Las estadísticas oficiales
de los últimas tres elecciones generales, difundidas por la Corte Electoral,
señalan que el departamento de Santa Cruz está entre las regiones con mayor
índice de abstencionismo con 24,69% en 1997; 29,2% el 2002; y 18,50% el 2005.
Diálogo y presiones
En este escenario, el presidente Morales y los oligarcas sediciosos anunciaron
su disposición para iniciar el diálogo y las negociaciones. Tras calificar el
referéndum como un 'rotundo fracaso', el presidente Morales dijo: 'Quiero
convocar a todos los prefectos (gobernadores), que desde mañana (hoy)
trabajemos por una verdadera autonomía, una autonomía basada en la nueva
Constitución Política del Estado boliviano. Espero que los prefectos me puedan
escuchar, para que juntos garanticemos una autonomía para regiones, para
sectores como los pueblos indígenas, pero también para los departamentos'
(ver: Evo alza las manos ante el poder de la oligarquía).
Por su parte, el prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, manifestó que 'debemos
lograr un gran acuerdo nacional que armonice las normas bolivianas y
fortalezca las instituciones de la República para dar certidumbre y seguridad
jurídica a todos los bolivianos. Bolivia nos exige un pacto que no viole la
democracia, la libertad ni el estado de derecho, un acuerdo que no niegue ni
menoscabe la voluntad expresada en el referéndum del 2 de julio (2006) y
puesta en marcha hoy'.
'La contundencia del Sí, que superó el 80%, no admite ser negada por ningún
tipo de maniobra totalitaria, la victoria de la gente ha recuperado para sí el
mandato del referéndum del 2006, incumplido por la Constituyente masista',
agregó.
En el mismo tono, el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, el fascista
Branko Marinkovic advirtió que 'nadie le puede decir a estos cientos de miles
de bolivianos que su voto fue en vano. El gobierno del MAS no puede decir que
ese voto no tiene valor porque con el voto del pueblo no se juega, el voto del
pueblo es democracia'.
'Hoy todos hemos puesto la cara y ahora a todos nos toca poner el pecho. El
Gobierno tiene que saber que el pueblo no va a dejar de luchar hasta que el
Gobierno reconozca esta victoria. Convoco a defender el voto', agregó el líder
visible de los 100 más poderosos clanes de Bolivia, que son dueños de 25
millones de hectáreas, cinco veces más que la tierra que poseen dos millones
de campesinos.
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