El impasse de las negociaciones, sin embargo, le ha servido al gobierno para justificar una vez más la postergación de la firma del convenio colectivo de trabajo (se levantó una reunión decisiva el martes 29), que tiene un arrastre de varios años, sin que la dirección sindical ofreciera la menor resistencia. En el campo sindical se han adoptado disposiciones en las distintas secciones para que comités de trabajadores aseguren la transición de la gestión.

La disputa en torno a las valuaciones indemnizatorias oculta más de lo que aclara, debido a que nadie conoce los pasivos ocultos de la empresa, entre deudas por cargas laborales e incluso impositivas. La cifra que ofrece el gobierno podría tornarse voluminosa si acepta integrar ese pasivo a la nueva empresa - e incluso podría incurrir en un patrimonio negativo. Para los trabajadores, la confusión sobre este punto podría tener consecuencias muy negativas si el gobierno pretendiera que renunciaran al cobro de sus derechos laborales con el pretexto de no perjudicar el futuro de la empresa, parcial o totalmente estatizada.

El litigio debería alcanzar un porte mayor si se investigara una serie de procedimientos utilizados por el grupo Techint, sea para burlar al fisco o para reducir el lucro que le corresponde a los trabajadores por su posesión del 20 por ciento de las acciones de Sidor. El pulpo del acero transfirió beneficios operativos de Sidor a sus filiales en México y Argentina mediante el recurso de comprar los abastecimientos por encima del precio internacional y vender sus productos por debajo de él (precios de transferencia).

Si se ponen en evidencia estas irregularidades, la empresa podría ser estatizada sin el pago de ninguna indemnización. A pesar de que esta práctica de ‘vaciamiento' era conocida oficialmente, el organismo recaudador de Venezuela (Seniat) había premiado al pulpo por su alta "transparencia". Sin embargo, el mismo Estado que posee otro 20 por ciento de Sidor, se negó a rubricar el último balance de la empresa, como expresión de las irregularidades señaladas, y no se hizo presente en la asamblea ordinaria de marzo pasado.

Esta descripción pone de manifiesto algo que los turistas revolucionarios amigos del chavismo prefieren desconocer: la nacionalización no es un almuerzo gratuito - o la pagarán los capitalistas o la pagarán los obreros; si Techint no indemniza a los obreros por los perjuicios que les ha ocasionado en la última década, serán ellos los que acabarán indemnizando a los Rocca con el desconocimiento de sus derechos. Los obreros de Sidor se han transformado en los peor pagos de la industria venezolana como consecuencia de la privatización, y una parte importante de los que están afectados a la producción revisten en el plantel de las contratistas, con salarios y condiciones laborales incluso inferiores.

Arbitraje

Cuando se tienen en cuenta todos estos elementos se llega a la conclusión de que la decisión del gobierno de nacionalizar en forma parcial a Techint es una tentativa de arbitraje frente a una situación que había llegado a un punto de explosión. Cuando se incorporó hace ocho años a la empresa, el Estado bolivariano le condonó al pulpo un conjunto de deudas y le refinanció otras, así como mantuvo el subsidio en la compra del mineral de hierro a las empresas del Estado.

Aun en estas condiciones, el pulpo intentó deshacerse de los compromisos que limitaban su acción, como la resistencia obrera, la obligación del pago de utilidades a los trabajadores, el pago de impuestos, o la obligación de atender al mercado interno en momentos de suba exponencial del precio internacional del acero. El gobierno bolivariano se mantuvo del lado del pulpo cuando hubo que enfrentar la discusión del convenio colectivo de trabajo, de modo que no puede reclamar hoy ningún título o derecho por la derrota de la empresa.

Solamente cuando ésta quedó sin capacidad de respuesta tuvo que intervenir el Estado con un planteo de renacionalización parcial, cuyo destino concreto todavía no está decidido y que ha abierto una pugna de largo alcance, en particular por la intervención de la clase obrera.

Parece evidente que los trabajadores no deberían aceptar ningún resarcimiento a la empresa por la nacionalización hasta que no se investiguen las cuentas de la empresa en la última década. Sin embargo, el Estado los ha dejado afuera de la decisión estatizadora y de las discusiones sobre sus términos. Tampoco deben asumir ninguna carga para el futuro sino, por el contrario, recuperar las conquistas perdidas. Una nacionalización financiada por los obreros, o por medio de una mayor explotación, es reaccionaria. La investigación de la empresa para atrás y el control obrero emergen como dos reivindicaciones que le dan un contenido social revolucionario a la nacionalización, que se convertiría por esta vía en una forma práctica de expropiación a los expropiadores.

Política

Pero el problema fundamental es eminentemente político. Porque no existe el ‘socialismo en una empresa', o sea una gestión obrera inmune al medio social y político en el cual opera. No se trata de ofrecer recetas de gestión o autogestión, ésta es la única trampa ‘corporativista' en la que no debe entrar la clase obrera. La nacionalización de Sidor plantea dar pie a una iniciativa política: o sea convertir a la lucha por el destino de Sidor en el tema que vincule al conjunto del proletariado de la gran industria, el petróleo y las minas, y los bancos, con el planteo de una nacionalización general de la gran industria y los bancos; por el control obrero de la industria nacionalizada y el fin de la dictadura de la gerencia estatal; por la convocatoria de un congreso obrero que establezca los objetivos y métodos de la política de industrialización del país, movilizando a la población desocupada y, por fin, por un gran congreso obrero que establezca la independencia política de los sindicatos y la puesta en pie de una verdadera Unión Nacional de Trabajadores.

La cuestión estratégica por excelencia en Venezuela es la estructuración política del proletariado, precisamente aquello que el nacionalismo burgués procura impedir, porque su base de poder es la atomización de la clase obrera. Que la lucha obrera por el convenio en Sidor haya puesto en cuestión al poder en la industria, demuestra que la estructuración política de la clase obrera es una necesidad a la orden del día. La consigna es por un Congreso Obrero. El desarrollo de este programa planteará la cuestión del gobierno obrero y campesino y de las masas populares.

La quiebra de las negociaciones entre Chávez y Techint, ya no por la nacionalización parcial sino incluso por el resarcimiento que reclama el pulpo, plantea una crisis política en el Mercosur, cuyos gobiernos tutelan a Techint y a la gran patronal de la siderurgia en general. Plantea, por sobre todo, un horizonte nuevo al proletariado de la gran industria que se ha visto afectado por las privatizaciones en la última década y media. La crisis política internacional y la nueva situación para los trabajadores se conjugan para propiciar movilizaciones sociales y políticas de gran alcance. Planteamos tomar a la nacionalización de Sidor y al conflicto que abre con las grandes patronales y con los trabajadores para movilizarnos por la renacionalización de la gran industria privatizada, la recuperación de las conquistas, el pase a convenio de los obreros tercerizados y por el control obrero.