Con la creación de la Subsecretaría de pequeños y medianos productores, el camino quedó asfaltado para avanzar en la negociación del núcleo duro de las ganancias con los empresarios del campo. La relación gobierno – campo muestra signos de avance y los petardos de la presidente se desdibujan en un boomerang de retenciones y subsidios.

Las cándidas y encendidas palabras respecto de las ansias distributivas de las ganancias que profesaría su gobierno, quedaron nuevamente flotando en la nube de los discursos, mientras los precios de los alimentos básicos siguen escalando y el sistema impositivo, escandalosamente regresivo, queda fuera de debate, tal cual viene ocurriendo.

A su tiempo, y como un aporte a la renovada ortodoxia Justicialista, autodenominado garante de los derechos humanos, los gobernadores aliados del presidente, mostraron otra vez su verdadera cara, su cara represiva contra la protesta social, sin lograr identificar a los pobres que las protagonizan, esos que tanto gusta defender la presidente desde el atril.

Concentración de la riqueza, el aumento de precios en los alimentos básicos, un sistema impositivo regresivo cuya piedra fundamental, el IVA nadie cuestiona, y que confisca el 21 por ciento de lo que el pueblo paga para acceder a alimentos básicos y el debate estructural respecto de un modelo basado en agronegocios, quedaron entre los puntos olvidados por las cacerolas y los adulones del oficialismo.

En ese marco, en solo diez días, en Jujuy y Chaco, provincias cuyos gobernadores apoyan públicamente la candidatura de Nestór Kirchner a presidir el PJ de los Derechos Humanos, piquetes “de los pobres” fueron reprimidos, registrándose detenciones. Dos fabricas, una de ellas recuperada por los trabajadores hace diez años, fueron desalojadas por la policía.

En la semana que pasó, la consultora Equis de Artemio López, que no podría ser tildada precisamente de golpista, aseguró que en los tres primeros meses de este año, los precios de los alimentos y bebidas subieron más del 7 por ciento y la canasta básica alimenticia superó el 10, mientras que para el gobierno solo alcanzó los tres puntos.

Equis proyecta que la canasta alimenticia subirá un 40 por ciento en este año, lo cual aumentaría los indíces de pobreza al 30 por ciento (12 millones de pobres) de los cuales 4,7 millones serían indigentes (12 por ciento). Es decir que en un año y medio, la cantidad de pobres aumentaría en 2 millones y medio, de los cuales 700 mil serían nuevos indigentes. Mientras, el rápido acuerdo del gobierno con la CGT fijó como techo el 29 por ciento de incrementos salariales, escalonado en la mayoría de los casos.

A un lado de la falsa polarización instalada por el oficialismo en medio del conflicto del campo, según los grandes pooles de la comunicación, monopolios a los cuales el gobierno benefició con extendidas renovaciones de contratos, los piquetes “de los pobres” gozan de la venia del kirchnerismo.

No parece ser el caso de los gobernadores de Jujuy y Chaco, el fellnerista César Barrionuevo y el nuevo integrante de la mesa de conducción del partido, Jorge Capitanich. Dos movilizaciones fueron reprimidas en ambas provincias, registrándose heridos y detenidos.

Claro está, que no se trato de acciones para defender el declamado proyecto nacional y popular kirchnerista en contra de la olargarquía golpista. En Chaco, integrantes del MTD pedían vivienda y alimentos para los comedores comunitarios y en Jujuy los reclamos giraban en torno del apoyo del gobierno local a talleres socioculturales de educación popular, desde apoyo escolar hasta clases de quechua, de herrería, de música, de italiano, de box, de educación sexual, de acrobacia, que se brindan de forma gratuita en Galpones Recuperados de la ciudad de San Salvador.

Los capacitadores reclamaban seguir cobrando sus sueldos por dicha labor. Fueron reprimidos por la policía jujueña con balas de goma.

Mientras heterogéneas voces de la izquierda suman apoyos silenciosos a la acción del gobierno, dejando para más adelante la construcción de una verdadera alternativa popular, el último jueves en La Plata fueron desalojados los trabajadores de la fabrica Mafissa, quienes se encuentran luchando por mejores condiciones laborales y salariales.

Tras un fastuoso operativo policial ordenado por el gobernador Daniel Scioli, 15 de ellos continúan detenidos, bajo la carátula no excarcelable de coacción agravada. En Capital, durante la misma jornada, la fabrica IMPA, recuperada por los obreros en 1998, también ha sido clausurada. El operativo represivo para “cazar” trabajadores se extendió varias cuadras a la redonda.

Esos desalojos, que arrojan a numerosas familias a la desocupación sumados a la represión y ninguneo gubernamental a las organizaciones populares no alineadas ministerialmente, buscan desactivar la organización popular, será que los trabajadores de Mafissa e Impa, los desocupados del Chaco y los pobres de Jujuy no entran en el estratégico arco del proyecto nacional y popular que los kirchner y sus aliados confesos o disimulados estarían construyendo, será que, a diferencia de los gobernadores e intendentes, la UIA y la CGT del renovado PJ, son funcionales a la derecha en sus deseos y luchas.