La reserva fue creada por el ex presidente Fernando Henrique Cardoso en 1998, pero no fue hasta 2005 cuando el Gobierno asignó los 1,6 millones de hectáreas -una extensión equivalente a Asturias y Canntabria- a los 18.000 indios que habitan en la zona, junto a toda una comunidad de blancos que cultivan arroz y que se negaron a abandonar el territorio. Los arroceros, apoyados por una parte de los indígenas, empezaron a armarse. Tras tres años de protestas, denuncias y fricciones, el Gobierno de Brasilia ordenó recientemente el desalojo de los arroceros, desplegando para ello a las fuerzas policiales. La operación, sin embargo, no se pudo llevar a cabo porque el Tribunal Supremo ordenó su suspensión a la espera de un examen más exhaustivo de la cuestión. La medida había sido solicitada por el Gobierno de Roraima, que asegura que la actividad de los arroceros genera cerca del 10% del Producto Interior Bruto (PIB) del Estado.

También las Fuerzas Armadas han terciado en la polémica y han lanzado un mensaje contundente al Gobierno de Lula. Lo hicieron en un seminario sobre las amenazas a la soberanía, celebrado el miércoles. En ese foro, la cúpula militar dejó clara su oposición a la entrega de 1,6 millones de hectáreas, por considerar que esa decisión podría atentar contra la soberanía territorial y la propia seguridad nacional. Los militares incidieron, entre otras cosas, en la ubicación fronteriza de la reserva. Uno de ellos, el general Martio Madureira, llegó a evocar el fantasma de Kosovo y el temor a futuras exigencias independentistas. "¿Cómo puede impedirse a un brasileño que pise un territorio porque pertenece a indígenas? Eso no entra en mi cabeza", dijo el general Augusto Heleno, comandante general de Amazonia, entre los aplausos de los asistentes.

Días atrás, Heleno había criticado el estado lamentable en el que viven los indígenas de Raposa Serra do Sol. Durante el seminario, el general volvió a poner de relieve el abandono de aquel territorio donde, explicó, los indios se han entregado en buena parte al alcoholismo y a las drogas.

Simultáneamente, un grupo de indígenas de la región ha anunciado que se están organizando para "resistir" frente a los productores de arroz, informa la agencia Efe. En un campamento montado en la Explanada de los Ministerios, la más céntrica avenida de Brasilia, Jacir Macuxí, habitante de la reserva, criticó la decisión del Tribunal Supremo y acusó a los empresarios de quemar decenas de sus viviendas y dos escuelas. Por su parte, Jecinaldo Sateré-Mawé, portavoz de la Coordinadora de Indígenas de Amazonia, dijo que todas las etnias de Brasil se solidarizan con los pueblos de Raposa do Sol y están dispuestas a movilizarse "y si fuera preciso, a dar la vida" en defensa de sus hermanos.

La papeleta está ahora en manos de los magistrados del Supremo, que deberán dar la última palabra sobre un conflicto arrastrado desde hace más de veinte años.