Incluso, aquellos que pugnaban al interior del Gobierno por la declaratoria de un "estado de sitio" y el uso combinado del Ejército, la Policía y las organizaciones sociales para frenar a la oligarquía, cambiaron de postura y optaron por tratar de minimizar el referéndum y por ocultar la severa derrota política que está por sufrir el gobierno de la izquierda indigenista a manos de los 100 poderosos clanes familiares, que dirigen la revuelta por la autonomía, manejan la economía, controlan la tierra y que cuentan con el masivo apoyo de la población civil y las organizaciones cívicas, vecinales y empresariales en Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y parcialmente en Cochabamba y Chuquisaca.

En una concentración con los cocaleros de Yungas, el presidente Morales aseguró el viernes que no impediría la consulta y convocó a la población de Santa Cruz a abstenerse de votar y a la población del resto del país a marchar ese mismo día en defensa de la unidad nacional en las ciudades del altiplano.

¿Una simple encuesta?

"Esa consulta sobre el Estatuto Autonómico en el departamento de Santa Cruz, prevista para el 4 de mayo próximo, sólo será una encuesta pública, sin ningún valor legal (…) será un ejercicio ciudadano que está cuestionado desde distintos ámbitos y que no representa mayor preocupación para el Gobierno", dijo este viernes el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, quien a principios de mes había convocado a detener la conspiración oligárquica.

"El referéndum que se pretende llevar adelante en el departamento de Santa Cruz –había dicho antes- debe ser frenado, tiene que pararse por la voluntad unánime de todos los bolivianos que amamos a este país y los medios de comunicación tienen un mandato histórico para preservar este contexto de unidad nacional".

El ministro Quintana había advertido que "la Patria está signada de un peligro de fragmentación" e interpeló a los bolivianos y a sus instituciones que "no pueden hacer la vista gorda, no pueden dar un paso al costado y ser ajenos a la ruptura de la integridad nacional".

Otro de los que exigía hacer algo desde el Gobierno para detener el referéndum, como el diputado del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), Gustavo Torrico, también dio un paso atrás. "Vamos a ver hasta donde llegan y a partir de allí vamos a iniciar todas las acciones que debemos iniciar (…) Queremos ver qué es lo que van a hacer", dijo.

En este escenario, el propio comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el general Luis Trigo Antelo, abogó este jueves por dejar hacer a los sediciosos. "Sabemos que el referéndum es un tema que va ir adelante y tiene que ir, la población dirá si está de acuerdo o no con su voto", dijo el general nacido en Santa Cruz y que denunció que su familia era amedrentada por "gente anónima" en esa ciudad.

Los dirigentes indígenas y campesinos, como Isaac Avalos de la Confederación que apoya a Morales, también dieron marcha atrás en la organización del boicot a la realización de la consulta. Otros planes para tomar las calles y las ánforas el mismo día de la consulta, con apoyo de organizaciones sociales del interior del país, también quedaron en nada en los barrios urbanos y provincias donde aún hay apoyo para Morales.

Con la venda en los ojos

Todos en el Gobierno, desde el presidente Morales y el vicepresidente Alvaro García Linera dicen y repiten, ahora, que el referéndum del 4 de mayo, que aprobará los Estatutos Autonómicos que se orientan a legitimar la intención oligárquica de construir un Estado propio en Santa Cruz (con Parlamento propio, Policía propia, control de la tierra, de los impuestos y los recursos naturales) no tendrá ninguna validez jurídica ni tendrá ningún efecto real. Todos en Gobierno intentan autoconvencerse de que no están viviendo la peor de sus derrotas políticas.

La realidad de estos días, sin embargo, parece muy distante de estos deseos. Este es el caso, por ejemplo, de lo que ocurre en Camiri, en el departamento de Santa Cruz. Allí, un grupo de hacendados latifundistas y que mantienen en una virtual esclavitud a casi un millar de guaraníes han detenido, con apoyo de la población, el proceso de saneamiento de tierras y golpean, balean y vejan a los indígenas, a las autoridades y funcionarios del Gobierno de Morales.

Allí, el objetivo de los hacendados es impedir el ingreso de las autoridades y policías hasta el 4 de mayo, porque a partir de allí la distribución y decisión sobre las tierras estarán en manos del prefecto (gobernador) de Santa Cruz, el derechista Rubén Costas y los 100 clanes que son dueños de 25 millones de hectáreas de las tierras más fértiles de oriente y los valles, cinco veces más que la que poseen en conjunto dos millones de campesinos pobres.

Casi en simultáneo, en Sucre, la capital de la República, grupos de adherentes del derechista Comité Interinstitucional, que ejercen el poder de facto en la ciudad, propinaron una dura paliza y casi lincharon al diputado del MAS, Wilber Flores, en una clara demostración de que las autoridades y adherentes de Morales no tienen ahora pisada en varias regiones del país, y que será mucho peor después del 4 de mayo a medida que alce la cabeza el fascismo y se acreciente el racismo y el odio contra los altiplánicos.

Cifras y legitimidad

Tras constatar su debilidad, el Gobierno de Morales apunta a iniciar negociaciones después del 4 de mayo, con ayuda de la Iglesia Católica, organizaciones internacionales y gobiernos amigos (Kirchner, Lula y otros). Confían también, tal como lo señalan a través de la prensa, que en el referéndum cruceño habrá mucha abstención y que muchos votarán por el NO.

"Cada vez es mayor el respaldo internacional que recibe el Gobierno del presidente Evo Morales para iniciar el diálogo con sectores de oposición y así buscar una salida pacífica y dentro de los límites de la legalidad a la actual crisis política que vive el país" dijo el canciller David Choquehuanca al destacar el apoyo de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y la Unión Europea, además de asegurar que "la comunidad internacional no reconocerá los resultados que arroje la consulta sobre el estatuto autonómico de Santa Cruz".

"Ese referéndum apenas es una encuesta sin carácter vinculante que cuesta 11 millones de bolivianos y que ninguna autoridad, institución o ciudadano está obligado a acatar", agregó el vicepresidente García Linera.

Entre los funcionarios del Gobierno de Morales se confía en que los resultados del referéndum del 4 de mayo no serán tan contundentes como los alcanzados por el propio Morales en diciembre del 2005, cuando llegó al 54 por ciento de los votos. Otra, sin embargo, es la percepción de los organizadores de la consulta que estiman entre 70 a 90 por ciento de apoyo ciudadano.

Con estas cifras, la oligarquía separatista obtendría una legitimidad mayor que la de Morales, ya que cada voto a favor de la autonomía equivaldría un voto en contra del primer presidente indígena de Bolivia.

Más problemas

Por ello, algunos funcionarios de la administración gubernamental ven mayores problemas después de la votación. Según el viceministro de Descentralización, Fabián Yacsik, los porcentajes en la votación podrían favorecer la ruta trazada por el prefecto Costas hacia la negociación o impulsar más a los más radicales que no quieren negociar nada con Evo.

"Hoy día los prefectos tienen nueve competencias de ejecución que les da la ley y 20 atribuciones administrativas (…) pero con los Estatutos los Gobiernos autónomos tendrán 66 competencias, 43 son exclusivas, legislan y ejecutan, otras 12 son compartidas y 11 competencias ejecutivas (…) y eso puede ser muy difícil de negociar", dijo.

El precio de dormir con el enemigo

Entre los que alientan el separatismo también se hacen cálculos y muchos estiman que tras realizar cuatro referéndums en Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, y tras avanzar en Chuquisaca y Cochabamba, podrían incluso pedir el recorte de mandato del presidente Morales, que sigue, pese a todo, en su afán por conciliar con la oligarquía, por lograr la unidad con ella en vez de buscar derrotarla.

En esta política conciliadora con la oligarquía, Morales abandonó en los dos últimos años la movilización callejera y la acción directa de masas, que eran su mayor fortaleza, reemplazándolas por una inútil verborrea, por la menuda maniobra en las sesiones parlamentarias y por una abierta defensa de la propiedad privada y de los grandes latifundios productivos, con un resultado que era absolutamente previsible.

"Evo revitaliza a la derecha", titulaba un informe de Econoticiasbolivia de hace más de un año, en el que se señalaba que: "El carismático presidente indígena de Bolivia, Evo Morales, dilapidó en menos de seis meses su victoria electoral en el oriente y sur del país, donde por omisión, debilidad y su tímido reformismo revitalizó a una oligarquía que asume rasgos fascistas, que ahora tiene gran arraigo popular y que por la fuerza arrincona y aterroriza a las organizaciones campesinas e indígenas".

Ya por entonces, los hechos eran por demás elocuentes. "El jueves 14 de diciembre de 2006 cerca de tres mil vecinos y trabajadores se concentraron en uno de los barrios más pobres de la ciudad de Santa Cruz para respaldar la política de Morales y repudiar las acciones de la oligarquía, que amenaza con dividir al país si no se atienden sus exigencias de autonomía. Un día después, los oligarcas lograban en esa misma urbe la adhesión de casi 300 mil personas que clamaban por la autonomía regional y condenaban al gobierno central. Una diferencia de uno a cien, en una plaza que paradójicamente se había inclinado electoralmente el 2 de julio de 2006 en favor del partido del presidente Morales con el 26% de los votos".

"Hasta ahora, Evo no atina siquiera arrebatar a la derecha las banderas de la autonomía, tampoco lesiona ni hiere sus poderosos y millonarios intereses y no mejora en nada las precarias condiciones de vida de las empobrecidas mayorías del área urbana y rural. Evo ha perdido sus bases en el oriente", señalaba el informe difundido en enero del 2007.

Desde entonces, el avance de la derecha ha ido casi al mismo ritmo en que Morales perdía poder y presencia en las regiones del oriente y los valles. Hoy, Evo ya no tiene pisada en ciudades como Sucre y sólo puede visitar, de manera fugaz y protegido por militares y policías, en "operación comando", las ciudades de Santa Cruz, Trinidad, Tarija y Cobija.

Derrota sin atenuantes

Y esa es una severa derrota política para un Gobierno que, tras ganar las elecciones de diciembre del 2005 con el 54 por ciento de los votos, buscó una gran acuerdo nacional con la oligarquía, en el marco de un proceso de cambio que normalice y profundice el funcionamiento del capitalismo, con respeto a la propiedad privada y a la inversión extranjera, con empresarios que paguen impuestos y no eludan la ley, con mejor calidad de vida para la gente y sin tantas discriminaciones sociales y raciales contra los indígenas.

"Queremos socios, no patrones", decía el presidente Morales. "Queremos compartir el poder con esas élites", complementaba su vicepresidente, Alvaro García Linera.

La orientación política gubernamental no dejaba lugar a dudas. "Desde que llegamos al Gobierno hemos definido una estrategia de distribución pactada del poder. Lo que Bolivia está atravesando hoy es, en esencia, un proceso de amplia y generalizada lucha y redistribución del poder. Es algo que va más allá de un gobierno. Y la historia nos enseña que la lucha por el poder puede tener tres desenlaces clásicos: Que el sector emergente desplace directamente, mediante cualquier medio posible, al bloque anterior. Que este bloque de poder antiguo logre derrotar, contener, cooptar o aplastar al bloque emergente. O que entre ambos se logre redistribuir el poder. Como Gobierno hemos optado por la tercera opción. Apostamos a un proceso de redistribución pactada del poder con un nuevo núcleo articulador: el movimiento indígena", decía García Linera (Ver: Las élites comparten el poder).

En respuesta, la rancia oligarquía boliviana, que tiene un visceral y profundo odio contra los indios, contra los pobres, dejó hacer a Morales durante gran parte del 2006 para que hiciera lo que ella no podía hacer: desvirtuar las luchas populares por la nacionalización del gas y el petróleo, legalizar los contratos con todas las transnacionales que el pueblo quería expulsar del país y armar una Asamblea Constituyente entre los representantes del MAS y los de la oligarquía, sin la participación directa de las organizaciones que derrocaron a los ex presidentes neoliberales Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Mesa.

De ahí en más, oleados y sacramentados los contratos petroleros, puestas a salvo y acrecentadas las millonarias ganancias de los pulpos transnacionales del gas y el petróleo, la oligarquía, con el apoyo y cobertura de la Embajada de Estados Unidos, frenó, bloqueó y ganó las calles, enarbolando la bandera de la autonomía, fortaleciéndose con cada error de Morales, ganando fuerza con cada concesión de Morales.

Ahora, a tres semanas del referéndum autonómico, la derecha está lista para asestar un duro golpe a la administración gubernamental, frenando el proceso de cambio iniciado en las jornadas del 2003 y 2005, cuando el pueblo derrocó a dos regímenes neoliberales.

Frente a ello, los sectores sociales y sindicales que han comenzado a desmarcarse del control gubernamental señalan que sólo la lucha frontal contra la oligarquía impedirá el retorno de la derecha al poder. "Sólo la aplicación de las Agendas de 2003 y 2005 garantizarán la desarticulación y la derrota de la oligarquía. Los mineros de Huanuni exigimos del Gobierno asumir las medidas más enérgicas para desmontar el fraude del referéndum autonómico y aplicar de una vez por todas los verdaderos cambios estructurales en el país. Los mineros, fieles a nuestra tradición de lucha revolucionaria exigimos al gobierno entregarnos los medios y recursos necesarios para aniquilar las logias cívicas y empresariales que a lo largo del país, especialmente en la media luna, engañan al pueblo y pretenden sembrar el odio, sangre y división de la Patria".

"Convocamos a todos los sindicatos, trabajadores y pueblo de Bolivia sumarse a este pronunciamiento y hacer frente a la amenaza de división de nuestra patria por parte de la oligarquía empresarial, latifundista, trasnacional y usurera", agregan los mineros proletarios que consideran que sólo con una verdadera nacionalización del gas y las minas y expropiando a los latifundistas se podrá frenar la conspiración oligárquica, mantener la unidad nacional y avanzar hacia mejores días para los bolivianos.