Los Gobiernos comparten el objetivo de acabar con el narcotráfico, pero se
encuentran divididos a la hora de encarar el problema del consumo.
Por Jorge Marirrodriga -
El País, España
Mientras Latinoamérica vive una situación que los expertos en lucha contra el
narcotráfico califican de "hiperproducción de drogas", dos países han anunciado
cambios en sus políticas. El Gobierno argentino se prepara para no perseguir
penalmente a los consumidores, y Jamaica, el mayor productor de marihuana del
Caribe, estudia legalizar la planta. Sobre la mesa está de nuevo el dilema entre
permisividad o tolerancia cero para abordar el problema de la droga.
Los cultivos de hoja de coca se han multiplicado en Suramérica, donde se
produce un choque entre las convenciones de la ONU -que la consideran un cultivo
prohibido- y la doctrina oficial de Gobiernos como el boliviano, que reivindica
la planta como parte de la cultura indígena. En la actualidad hay 32.000
hectáreas de cultivo de hoja de coca en Bolivia, unas 55.000 hectáreas en Perú y
otras 90.000 en Colombia. Para obtener un kilo de cocaína pura son necesarios
365 kilos de hoja seca boliviana o 1.000 kilos de hoja verde colombiana. Y la
producción de droga se ha disparado. "En zonas de Bolivia donde no hay maíz ni
de lejos te encuentras máquinas trituradoras de maíz. ¿Para qué? Está claro,
para machacar la hoja de coca", explica un responsable argentino.
La oferta ha hecho que países que antes eran de tránsito de la droga hacia
Estados Unidos o Europa se hayan convertido en nuevos mercados de consumo y
centros de fabricación. Argentina es un ejemplo. De hecho, es el país
suramericano con mayor consumo entre estudiantes de educación secundaria.
Además, ha hecho su aparición la pasta base de coca (PBC o paco), una
droga barata y adictiva elaborada a partir de los restos de la producción de
cocaína. Un caso similar es Brasil, aunque en este país el narcotráfico se ha
organizado y ha sido capaz de poner en jaque a las dos principales ciudades del
país: São Paulo y Río de Janeiro.
Los Gobiernos de la región comparten el objetivo de acabar con el
narcotráfico, pero se encuentran divididos a la hora de encarar el problema del
consumo. Chile, el mayor consumidor de cannabis de la región -el mayor productor
es Paraguay-, ha endurecido su legislación para perseguir no sólo el
narcotráfico sino también al microtraficante, el último eslabón de la cadena. El
problema es que muchas veces el microtraficante es también un consumidor que
vende drogas para sufragar su adicción.
Brasil, por su parte, acude regularmente con el Ejército a las favelas
-convertidas en feudo de los narcos-, en operaciones que generan una gran
polémica. Argentina considera que perseguir penalmente a los consumidores es un
malgasto de tiempo y recursos públicos que pueden ser empleados contra el
narcotráfico a gran escala. En Uruguay gana paso la corriente de despenalizar a
medio plazo el consumo.
Mientras, en el norte, el ministro de Sanidad mexicano, José Ángel Córdova
Villalobos, se ha opuesto totalmente a la legalización, aunque ha destacado que
los adictos "son enfermos, no criminales y deben ser tratados por ese
padecimiento". Córdova ha reconocido que la cárcel es el lugar "menos indicado"
para la rehabilitación de los drogadictos.
El anuncio hecho por Argentina ha causado una gran polémica en el país donde
el 75% de la población se opone a la despenalización del consumo de drogas.
Otras voces respaldan la propuesta del Gobierno asegurando que la medida no
aumentará el consumo y que es el camino recorrido por Europa en los últimos 10
años. Con todo tipo de argumentos a favor y en contra, el debate se ha abierto
en el continente.
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