Choques en Santa Cruz porque el gobierno quiere entregar las tierras a los guaraníes.

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Pablo Stefanoni - Clarín

Un patrón "gringo" llamado Ronald Larsen, comunidades guaraníes cautivas y grupos de choque armados que impiden el ingreso de funcionarios gubernamentales a la hacienda. La saga que transcurre en la región de Alto Parapetí, en el departamento de Santa Cruz, podría ser el guión de una película sobre las condiciones de explotación en el campo del siglo XIX, pero sin embargo es parte de la realidad boliviana del siglo XXI. Según una denuncia de la Asamblea del Pueblo Guaraní, trece terratenientes mantienen en condiciones de semiesclavitud a 167 familias en esta región del Chaco cruceño, de las cuales doce se encontrarían en la hacienda del estadounidense Larsen.

En una suerte de feudalismo moderno, los guaraníes sobreviven trabajando la tierra del patrón, pagados en especies o míseros jornales, sin educación y endeudados al estilo de los quebrachales de La Forestal argentina. Aunque la mayoría de las haciendas ha "regularizado" la situación laboral de los indígenas, sus ingresos rondan los 15 bolivianos (2 dólares) diarios, más la ración de coca y algún potaje llamado almuerzo.Ahora, los predios que no cumplen con una función económica y social serán revertidos al Estado y entregados a las comunidades indígenas. Los guaraníes reclaman 157.000 hectáreas bajo la figura de la "tierra comunitaria de origen", prevista por la legislación agraria.

Pero esto es tomado por los propietarios como una declaración de guerra. El 28 de febrero pasado, el viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, fue secuestrado por los ganaderos que dispararon armas de fuego contra los neumáticos de su camioneta y ahora es impedido por la fuerza su ingreso a la hacienda de Larsen. El hotel donde se aloja la ministra de Desarrollo Rural Susana Rivero, en Camiri, fue cercado por hacendados y activistas de la Unión Juvenil Cruceñista para forzar su expulsión de la zona. "Esto les va a durar sólo unos días más porque desde el 4 de mayo ya no estarán ustedes", dijo uno de los propietarios en alusión al estatuto autonómico que se plebiscitará ese día y otorga al gobernador la potestad de manejar la política de tierras sin injerencia del gobierno central.

"Vivimos un alzamiento terrateniente contra el estado de derecho y la democracia", dice el director nacional de Tierras Cliver Rocha. Y un relevo del Instituto Nacional de Reforma Agraria cuantificó en 57.000 hectáreas la superficie de tierra en manos de la familia Larsen.

"De pequeño fui a la escuela, pero la patrona me sacó para ir a cuidar a los cerdos", cuenta Zoilo Peñaranda en un video contra el trabajo servil. Fidelina Corrales, otra guaraní, asegura que es hora de que se cumpla la sentencia de la Ita Kuatía -piedra marcada- dejada por sus ancestros analfabetos como único "título de propiedad" sobre estas tierras. Pero los hacendados amenazan: "Si la gente sigue así con nosotros buscaremos la forma de mecanizarnos", dice Chiqui Chávez con tono de frustración.