Fracasadas todas sus iniciativas para frenar el referéndum separatista que impulsa la oligarquía, el gobierno de la izquierda indigenista duda entre dejar hacer a los sediciosos, usar la fuerza y las tropas o seguir pegado a las sotanas de la Iglesia.

Econoticiasbolivia.com

Una multitudinaria manifestación ratificó el pasado miércoles en la oriental y próspera ciudad de Santa Cruz que la rebelión oligárquica cuenta con masivo apoyo popular y tiene el control de la calle, quedando el presidente Evo Morales recluido en las montañas del occidente, sin saber cómo detener el avance de la derecha separatista, sin saber cómo sentar a la rancia burguesía agroexportadora en la mesa del diálogo y armar con ella un gran acuerdo nacional.

Hasta ahora, todo le ha salido mal al primer presidente indígena de Bolivia en su intento por disuadir a los prefectos (gobernadores) del trópico y los valles para que no lleven adelante su inconstitucional e ilegal referéndum autonómico desde el primer domingo de mayo, con el que quieren legitimar, con el voto popular, el doble poder que de facto se da en Bolivia, con Evo gobernando en el altiplano (La Paz, Oruro y Potosí) y la oligarquía manejando el resto del país (Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y parcialmente Chuquisaca y Cochabamba).

Hasta ahora, Evo no ha podido frenar la sedición separatista ni con las leyes del Parlamento, ni con los decretos presidenciales, ni con las decisiones de la Corte Nacional Electoral, ni con las advertencias del Tribunal Constitucional, ni con la ayuda de la Iglesia Católica, los organismos internacionales y la intervención de la OEA y las delegaciones de los países vecinos (ver: Ni la ley frena a la oligarquía).

Rebelión oriental

"Ni con 20 decretos nos van a detener, este 4 de mayo vamos a ser autónomos", dijo Rubén Costas, el prefecto de Santa Cruz, uno de los líderes de la revuelta que aseguró en la masiva concentración del miércoles que "este 4 de mayo vamos hacerlos polvo, este 4 de mayo empieza la verdadera revolución".

Otro de los cabecillas, Branko Marinkovic, el fascista y millonario presidente del Comité Cívico de Santa Cruz e ícono de los 100 clanes familiares que dirigen la conjura y manejan la tierra, la economía y el poder regional, también ratificó la convocatoria al referéndum y prometió aumento de salarios y mejores condiciones de vida para los cruceños.

"El 4 de mayo no se negocia, el 4 de mayo es de todos ustedes, es la verdadera revolución en este país y será el verdadero cambio, el cambio del trabajo, de una canasta básica que alcance a todos (…) de que sus sueldos van a ser dignos, esa es la autonomía", dijo en el acto de masas que dio, además, respaldo a los empresarios del aceite y la soya que intentan quebrar la prohibición de exportación implementada por el presidente Morales.

Sin banderas

En esta misma jornada, la oligarquía, al ofrecer al pueblo mejores salarios, seguro gratuito de salud para todos, viviendas y agua potable para los indígenas, arrebató a la izquierda indigenista la última bandera con la que podía quebrar la adhesión/sumisión de las organizaciones sindicales, sociales, populares y vecinales hacia las logias que dirigen la rebelión secesionista.

Y es que en los dos años de gobierno de la izquierda indigenista, Morales se negó a mejorar, en términos reales, los magros salarios que reciben los bolivianos (110 dólares como promedio mensual), no pudo entregar tierras a los campesinos pobres, ni detener la extrema explotación laboral, por lo que empeoró la situación de los trabajadores y las clases medias en todo país, por el alza del costo de vida y las precarias condiciones de trabajo en el sector privado empresarial e informal.

En ese mismo periodo, las cuentas del Estado y la bolsa de los empresarios crecieron como nunca, como resultado de los elevados precios de las materias primas, mientras que los pobres redujeron su consumo alimentario, por lo que, por lo menos en el oriente, engrosaron las filas de la derecha, atraídos por la demagogia de los oligarcas, decepcionados por la defección del gobierno y sin poder avanzar hacia posiciones revolucionarias por la extrema debilidad de las organizaciones políticas y laborales situadas a la izquierda del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS).

Entre dos aguas

A menos de un mes del referéndum secesionista, en el gobierno de Morales se agitan dos grandes tendencias: una que ha levantando las manos, que cree que ya no es posible detener la consulta popular de los secesionistas y que plantea negociar después del 5 de mayo, una vez que la oligarquía haya legitimado su poder en las urnas. La otra propugna, en cambio, usar la fuerza del Estado y mandar al Ejército y la Policía a detener la votación y cortar en seco la sedición.

En ambos casos, son muchos los peligros para la administración de Morales. Muchos creen que de llevarse adelante el referéndum cruceño, sería seguido de inmediato por otros similares en Beni, Pando y Tarija, y más tarde en Cochabamba y Chuquisaca, con lo que la mayor parte del país habría dado su respaldo explícito a sus gobernadores derechistas y habría retirado su confianza al "indio presidente".

Con este aval popular en su favor, la oligarquía estaría en inmejorable situación para imponer sus condiciones a la administración gubernamental, con lo que se legalizaría la existencia de dos gobiernos en Bolivia.

Por ello, los más duros del gabinete de Morales insisten en detener el referéndum del 4 de mayo usando al Ejército y la Policía, decretando un "estado de sitio" que permita detener a los conspiradores. En este escenario, sin embargo, los oficialistas temen que la población rebase a los uniformados o que se produzca un "baño de sangre", que haría imposible que Morales logre su objetivo de alcanzar un gran acuerdo nacional con la oligarquía, por lo menos en los términos que él desea.

¿Estado de sitio?

Por ahora, el propio Presidente Morales descartó la posibilidad de decretar un estado de sitio o militarizar la ciudad de Santa Cruz para evitar la realización del referéndum sobre el estatuto autonómico cruceño y afirmó que no existe división al interior de las Fuerzas Armadas ni de la Policía Nacional.

"He escuchado en estos últimos días sobre la militarización de Santa Cruz, sobre el estado de sitio, totalmente falso, yo recuerdo que en diciembre del año pasado se hablaba de exilios, de confinamientos, sólo me informo por ustedes (la prensa), jamás se me pasó por la cabeza ni había pensado sobre un estado de sitio, igualmente ahora", dijo este lunes.

Impotencia y consuelo

En apoyo a su posición, los partidarios de la primera tendencia minimizan el impacto de la previsible victoria electoral de la oligarquía, con el que legalizarían sus Estatutos autonómicos que dan a la administración regional la potestad para crear su propio Parlamento, su Policía y el control sobre la tierra, los recursos naturales y los impuestos. "Creemos que aquellos que están en el terreno de la ilegalidad tendrán muchas dificultades a la hora de tratar de aplicar los resultados de un acto ilegal", dijo el ministro de Gobierno, Alfredo Rada, que calificó al referéndum cruceño como "una simple encuesta institucionalizada" al no haber sido convocado de acuerdo a la ley.

En este mismo sentido, el presidente de la Corte Nacional Electoral, José Luis Exeni, aseguró "que la Corte Electoral no se pronunciará sobre los resultados del referéndum en Santa Cruz, ni los avalará a nivel nacional e internacional".

Pero eso le tiene sin cuidado a los oligarcas, que ya preparan un cronograma de actividades, luego del referéndum. Carlos Dabdoub, dirigente cívico y secretario de autonomías de Santa Cruz, dijo que, luego del 4 de mayo, tendrán un periodo de transición de 90 días para alistar la elección directa de su gobernador, consejeros departamentales y subprefectos. Luego de esto, buscarán iniciar un proceso de concertación con el Gobierno de Morales para el traspaso de competencias exclusivas, y la coordinación para las atribuciones compartidas y de ejecución.

Y eso es, precisamente, lo que temen los partidarios de la segunda tendencia al interior del gobierno: que la negociación después del 4 de mayo se haga sobre la base de las competencias que exigen los prefectos opositores en base a sus Estatutos Autonómicos y ya no sobre la nueva Constitución Política del Estado.

Rendición y realismo

Entre ambas corrientes, entre los que quieren "dejar hacer y dejar pasar" y los que quieren usar la fuerza, hay otros que pugnan por seguir esperando que tenga éxito la mediación de la Iglesia Católica y las gestiones de las delegaciones extranjeras que tienen, como nunca, gran injerencia en los asuntos internos de Bolivia. Ellos creen que es posible lograr sentar a la mesa del diálogo a los prefectos opositores si se anulan ahora los recortes presupuestarios a las regiones (devolución del Impuesto Directo a los Hidrocarburos, 200 millones de dólares), se anula el decreto contra la exportación de alimentos (aceite, soya, maíz y otros) y se flexibiliza o elimina la propuesta oficial de nueva Constitución Política del Estado, que en este momento de la coyuntura política es apenas un simple papel mojado con buenas intenciones y nada más.

"Algunos dicen que eso es rendirse antes de pelear, pero no es cierto, es simplemente comprender la actual correlación de fuerzas", dicen, intentando desbloquear el diálogo antes del 4 de mayo.

Sin embargo, esta perspectiva parece casi imposible de alcanzar. En la última reunión de urgencia celebrada la noche de este lunes a requerimiento de Morales, entre la Iglesia católica y los cinco prefectos rebeldes, la jerarquía eclesial escuchó de boca de los opositores que asistirán al diálogo con el Gobierno luego del referendo cruceño del 4 de mayo, cuando "estén dadas las condiciones".

Movilización popular

En este escenario, los sindicatos y sectores sociales que han comenzado a desbordar por la izquierda al gobierno de Morales, señalan la necesidad de retomar la acción directa de masas para frenar la conspiración derechista y avanzar hacia un real proceso de cambio en Bolivia, nacionalizando el gas, el petróleo y la minas, mejorando las condiciones de vida de la gente y tomando las tierras de los latifundistas y así quebrar desde la raíz la rebelión oligárquica.

Así, el XXX Congreso nacional de lo mineros sindicalizados convocaron a la unidad y movilización popular para retomar las banderas revolucionarias y para enfrentar a la derecha que avanza a paso firme hacia el referéndum separatista (Ver: Los mineros en guerra contra los 100 clanes). Lo propio demandaron los trabajadores fabriles, campesinos, colonizadores y otros sindicatos.

Entre los mineros, especialmente entre los de Huanuni, hay la certeza que ha sido la política conciliadora de Morales con la oligarquía la que ha permitido el potenciamiento de la extrema derecha.

"El gobierno nacional presidido por el Movimiento Al Socialismo es también culpable de esta situación por haber permitido que esta minoría de ricos se reorganice y levante nuevamente la cabeza, quienes son poderosos porque tienen el poder económico que le proporciona la explotación de nuestros recursos naturales, como ser hidrocarburos, minería, tierra", señaló este fin de semana el sindicato de Huanuni en un pronunciamiento público.

Los proletarios del estaño advirtieron que si el Gobierno de Evo no recupera esos recursos para el Estado, "estos vampiros seguirán siendo poderosos y se mantendrá la desocupación, pobreza y la miseria en que hemos vivido en todas estas últimas décadas". "Sólo la aplicación de las agendas de 2003 y 2005 garantizará la desarticulación y derrota de la oligarquía. Los mineros de Huanuni exigimos al Gobierno asumir medidas más enérgicas para desmontar el fraude del referendo autonómico y aplicar de una vez los verdaderos cambios estructurales en el país", agrega.

La vanguardia proletaria quiere derrotar a la oligarquía que tiene un profundo y visceral odio contra los indios y los pobres y que está en guerra contra Bolivia; en cambio, Morales quiere concertar con ellos en el marco de un proceso de cambio que normalice y profundice el funcionamiento del capitalismo, con respeto a la propiedad privada y a la inversión extranjera, con empresarios que paguen impuestos y no eludan la ley, con mejor calidad de vida para la gente y sin tantas discriminaciones sociales y raciales contra los indígenas.

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