En un conflicto que sorprendió por su virulencia, productores rurales descontentos con la política para el área bloquearon carreteras en varias partes del país para impedir el paso de camiones con alimentos, amenazando con el desabastecimiento. Sectores medios y altos urbanos apoyaron el reclamo en las calles con manifestaciones espontáneas y golpes de cacerolas.

Para completar un escenario que retrotrajo algunas imágenes del estallido social de fines de 2001, que llevó a la caída del gobierno de Fernando de la Rúa a mitad de su mandato de cuatro años, el jueves se verificaron algunos saqueos a tiendas en suburbios de Buenos Aires y en la occidental provincia de Mendoza, donde se sintió la escasez de alimentos en los comercios.

La situación comenzó a normalizarse tras el pedido de la presidenta Fernández de levantar las medidas de fuerza, para abrir caminos de diálogo. Las organizaciones rurales decidieron entonces en la víspera suspender el paro de actividades y lock-out empresarial, a la par de desbloquear los caminos, y este lunes se centrarán las negociaciones.

¿Cómo es que un gobierno que se jacta de haber logrado un crecimiento económico de más de ocho por ciento anual promedio desde 2003, que bajó el desempleo y la pobreza, aumentó fuertemente las reservas internacionales y renegoció la abultada deuda pública, se acercó peligrosamente al abismo a tal velocidad por un conflicto sectorial?

La presidenta ensayó una explicación de género. "El 10 de diciembre, cuando asumí, dije que por ser mujer todo me costaría más, y no me equivocaba", dijo el jueves antes de desgranar las claves del conflicto con el sector agropecuario. Sin embargo, nada indica que el origen de la crisis política esté en su condición de mujer.

Académicos consultados por IPS coincidieron en que el gobierno centroizquierdista de Fernández, que le siguió al de su esposo, Néstor Kirchner, arrastra un grave déficit en la construcción política de una base que le dé sustentación. Esa debilidad se siente sobre todo en momentos de crisis y puja distributiva.

Para el politólogo Germán Pérez, "este gobierno cree que el poder es algo para acumular, y no lo usa como una herramienta para generar vínculos entre instituciones. Entonces, ante un conflicto que se agrava no tiene redes de sustentación más allá de un reducido grupo dentro del Poder Ejecutivo que es el que toma las decisiones".

Pérez es licenciado en ciencias políticas y coordinador del Grupo de Estudios de Protesta Social y Acción Colectiva del Instituto de Investigaciones Gino Germani, dependiente de la estatal Universidad de Buenos Aires.

Opinó que "Kirchner tuvo una oportunidad histórica de avanzar en una reforma política al asumir en mayo de 2003, pero en cambio decidió armar sus bases concentrando poder, a la manera clásica de construcción del Partido Justicialista", fundado por Juan Domingo Perón a mediados del siglo XX.

Consideró, además, que la decisión que desató el conflicto, como fue el aumento del impuesto a las exportaciones de oleaginosas, es una medida distributiva y reinstala una discusión demorada sobre el papel regulador del Estado. Pero el modo de intervención gubernamental fue equivocado, dijo.

"Se planteó como un conflicto de antagonismos entre el campo y la ciudad, o entre el pueblo y la oligarquía, y esos conceptos ya no interpelan a la nueva sociedad argentina que es mucho más diversa y plural de lo que el gobierno sigue suponiendo. No responde a lealtades partidarias", advirtió.

Lo recomendable, dijo, era que la iniciativa de aumentar esos tributos se debatiera en el Congreso legislativo, donde están representados intereses regionales y donde hay más posibilidad de intervención de las organizaciones sociales. Pero no fue así. El gobierno lanzó la medida sin consulta, en forma unilateral, y se topó con más rechazos que apoyos.

La ausencia de bases movilizadas en torno al proyecto de Fernández y Kirchner quedó en evidencia esta semana cuando, para defender las medidas sobre el sector agrícola, salieron a las calles movimientos sociales que perdieron autonomía tras ser cooptados por el gobierno, y que por lo tanto carecen de legitimidad pública.

Uno de ellos es Federación Tierra y Vivienda, liderado por Luis D’Elía, hoy funcionario del gobierno.

"Lo único que me mueve es el odio visceral contra la puta oligarquía", confesó el jueves D’Elía, tras protagonizar choques en las calles con manifestantes contrarios a la posición del gobierno ante la crisis.

"Odio a los blancos de Recoleta –un barrio de Buenos Aires con residentes de gran poder económico-- porque ellos consideran que nosotros somos la inmundicia, la escoria, la barbarie", siguió.

D’Elía estuvo el jueves detrás de la presidenta durante el discurso que pronunció para llamar al diálogo a los productores rurales y destrabar la protesta.

Para Maristella Svampa, licenciada en filosofía y doctora en ciencias sociales, "es muy difícil ser progresista y encontrar un lugar donde expresarse" en este contexto. Quienes apoyan el incremento de impuestos al campo no quieren manifestarse junto a D’Elía y sus seguidores, o con otros movimientos sociales sin autonomía.

La gente que apoya una medida como el aumento del impuesto sobre una renta extraordinaria "no tiene canales de expresión" y, en cambio, se manifiestan los que no toleran el autoritarismo del gobierno, más allá de su ideología, describió la autora de "La sociedad excluyente. Argentina bajo el signo del liberalismo".

"La clase media urbana progresista tenía expectativas con las promesas de Kirchner de construir un movimiento transversal (de centroizquierda), pero se vio defraudada en estos años" y ahora no tiene una representación política, sostuvo.

Svampa añadió que los ciudadanos que se expresaron con golpes de cacerolas en las calles de Buenos Aires "eran un conglomerado bastante heterogéneo y muchos no sabían mucho sobre el campo o la política agraria, pero conservan una cultura de la protesta con un repertorio de reacciones que utilizan para expresar malestar".

Ese repertorio incluye cacerolazos, cortes de ruta, marchas callejeras espontáneas, y asambleas de vecinos, que se activan toda vez que se busca poner límites a un gobierno, expresar descontento, o rechazo.