Las nuevas manifestaciones y cacerolazos de miles de argentinos, esta vez contra el gobierno de la presidenta Cristina Fernández, demuestran que los mecanismos aprendidos durante la profunda crisis de 2001 para marcar límites a la acción política aún están vivos.

Por Marcela Valente - IPS

"La memoria social y política no está en la mente, está en el cuerpo. Puesta ante la necesidad de marcar un límite a un gobierno, la sociedad actúa en función de lo aprendido", interpretó para IPS el sociólogo Federico Schuster, decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.

"Las asambleas barriales, los piquetes (cortes de ruta), y los cacerolazos, fueron experiencias muy fuertes que están latentes, no están muertas. La vuelta a una cierta normalidad institucional no implica que ese espíritu de rebeldía haya desaparecido por completo. Ante una nueva decepción, los mecanismos se activan", explicó.

Las diferencias de contexto son abismales entre el colapso del gobierno de Fernando De la Rúa en 2001 y la crisis que enfrenta Fernández en un escenario de recuperación económica y debate sobre la distribución del ingreso. Lo que persiste es la ausencia de mecanismos de mediación en los conflictos entre gobierno y sociedad civil.

"El gobierno debería alentar la creación de espacios descentralizados de debate en los distintos sectores de la sociedad, que le permitan mantener un diálogo con todos, sobre todo en momentos de crisis. Porque no basta con el mecanismo de votar cada cuatro años", señaló Schuster.

El conflicto se desató hace dos semanas, cuando el gobierno resolvió unilateralmente el incremento del impuesto a las exportaciones de soja y girasol y la adopción de una alícuota móvil, que puede subir o bajar de acuerdo con los precios internacionales.

La medida provocó el rechazo unánime de productores pequeños, medianos y grandes, que viven un período de bonanza por su propia eficiencia, de recuperación de mercados y de apoyo del Estado mediante subsidios a los combustibles, compensaciones y mantenimiento de un tipo de cambio competitivo.

Los productores lanzaron el 11 de marzo un paro agropecuario con cortes de ruta que impiden el paso de camiones con cereales. Pero luego la medida se profundizó por falta de diálogo, y ahora frenan el paso de vehículos con alimentos en general en localidades y ciudades de una gran parte de las provincias productoras.

El paro obligó a desechar millones de litros de leche que no se pudieron comercializar, y a sacrificar el martes un lote de 400.000 pollos pequeños que esperaron en vano los alimentos para su engorde. Los comercios de Buenos Aires comenzaron a manifestar síntomas del desabastecimiento de productos frescos.

Frente a este escenario, el gobierno mantuvo su decisión sin variantes. La presidenta advirtió el martes que los cortes de ruta de los productores, lejos de los que protagonizaban los trabajadores desocupados en los años 90, son "piquetes de la abundancia" y advirtió que no se dejaría "extorsionar".

"¿Cómo se hace la distribución del ingreso si no es precisamente sobre aquellos sectores que tienen rentas extraordinarias?", preguntó Fernández retórica, y recordó cuando en 2003 el Estado rescató a decenas de miles de productores en bancarrota, cuyos campos estaban a punto de ir a remate.

La alocución presidencial, que negó toda posibilidad de negociación, produjo un generalizado rechazo. Miles de ciudadanos, la mayoría de clase media alta urbana de barrios acomodados de Buenos Aires y otras ciudades del país, comenzaron a hacer sonar sus cacerolas como lo habían hecho durante la crisis de 2001.

Los manifestantes más decididos marcharon espontáneamente hacia la Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, sede de la Presidencia. Otros se reunieron en esquinas emblemáticas y un sector se dirigió hasta las puertas de la residencia presidencial de Olivos, a pocos kilómetros de la capital. Algunos criticaban la falta de diálogo del gobierno, otros defendían por legítima la rentabilidad de los productores del campo y muchos simplemente manifestaban una airada oposición al gobierno. Las protestas no se vivieron en los suburbios de la capital, el área metropolitana, que siguió los acontecimientos por televisión.

Frente a una movilización sorpresiva, dirigentes piqueteros afines al gobierno de Fernández se lanzaron a las calles con sus seguidores y obligaron a los manifestantes a desconcentrarse. Horas después, el gobierno ratificó la vigencia del aumento de impuestos y amenazó con disolver las protestas en el campo con la policía.

El ministro de Justicia, Anibal Fernández, advirtió el miércoles que las fuerzas de seguridad liberarán la circulación de los camiones en las rutas, bloqueadas por manifestantes del campo. "Si no se mueven los moveremos nosotros", desafió. "Irán presos quienes no liberen las rutas", añadió el funcionario.

Por su parte, el ministro de Economía, Martín Lousteau, consideró que el cacerolazo fue "montado por dirigentes que no están de acuerdo con el gobierno" y sostuvo que allí se manifestó "la clase media alta urbana que nada tiene que ver con el campo". "Los líderes de la oposición los incentivaron", acusó.

Si bien hubo representación de partidos de oposición en las calles y sus dirigentes intentaron sacar rédito político de la protesta, los observadores coinciden en que la movilización en las ciudades fue espontánea. "Fue importante, no se la puede minimizar. El gobierno no va a ser el mismo luego de esto", vaticinó Schuster.

El sociólogo es autor del capítulo argentino del libro "La nueva izquierda en América Latina" escrito por autores de diversos países de la región. Allí Schuster advertía en 2004 que, a poco de asumir, el ex presidente Néstor Kirchner (2003-2007), esposo de Fernández, desmovilizó a movimientos sociales que surgieron en la crisis.

Mediante estrategias que apuntaban a recuperar cierto control del descontento, Kirchner "en lugar de aprovechar el estímulo de las protestas descentralizadas surgidas en esos años, aquietó a los movimientos". "No tenía una estrategia movilizadora y eso no es aconsejable si se va a enfrentar grandes intereses", anticipó.

La estrategia desmovilizadora "puede ser efectiva a corto plazo, pero a mediano será contraproducente para el propio gobierno", advertía en 2004 el sociólogo. "Las experiencias no mueren, son mecanismos que se activan en cualquier momento. Si el gobierno tiene una auténtica vocación progresista necesitará despertarla", dijo.

Pero eso no fue lo que ocurrió. Al finalizar su gestión, Kirchner anunció que se abocaría a la reconstrucción del Partido Justicialista, para dotar de un sólido sostén político al gobierno de su esposa. Pero según Schuster, "con la vieja política no alcanza para contener estas nuevas formas de participación".