Duro y crucial debate político e ideológico en la vanguardia
proletaria.
Redacción de Econoticiasbolivia
Tres corrientes políticos ideológicas batallan sin
cuartel en el 30 Congreso de la legendaria Federación Sindical de Trabajados
Mineros de Bolivia (FSTMB) para definir si Bolivia avanza o no hacia la
nacionalización de las ricas minas, controladas hoy por hoy por grandes
capitales transnacionales.
En
las primeras deliberaciones del Congreso, que se celebra en Oruro, se destacan
tres claras tendencias: los nacionalizadores, los defensores de las empresas
transnacionales y los autogestionarios.
“Es la lucha de clases. Es la lucha entre dirigentes de la minería estatal y
los de la privada por la nacionalización de las minas. Hay una fuerte lucha
ideológica para definir si el proceso revolucionario va hacia adelante o
retrocede”, dijo el ex dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), Jaime
Solares, ahora representante sindical por la mina estatal de Huanuni.
Según Solares, el 30 Congreso minero definirá una tesis política y elegirá a
los dirigentes de la Federación de Mineros que impulsarán la lucha de los
trabajadores para concretar sus postulados.
“La lucha de clases significa la guerra entre ricos y pobres”, dijo al señalar
que las fuerzas del “sindicalismo revolucionario harán frente al reformismo de
Evo Morales y combatirán a la burguesía (…) Hay que profundizar la revolución
del octubre con la verdadera nacionalización del gas y el petróleo, la
nacionalización de la minería mediana y de todas las empresas capitalizadas”,
agregó.
Tendencia revolucionaria
Los reportes del Congreso, citados por la minera Cepromin, señalan que los
sindicalistas revolucionarios, que demandan la nacionalización de todas las
minas bolivianas y la expulsión de las transnacionales, están representados
por los delegados de Huanuni, Vinto y Caracoles, además de contar con el apoyo
de los rentistas o jubilados mineros.
Esta tendencia aboga por una nacionalización de la minería a fin de que el
Estado se beneficie de los grandes recursos económicos de los metales,
ganancias que en la actualidad están siendo aprovechadas por las empresas
privadas que pagan impuestos bajísimos al Estado.
Una investigación documentada de Econoticiasbolivia reveló que en la última
década, un puñado de transnacionales y de empresarios locales de la minería se
apoderaron en beneficio propio de más de cuatro mil millones de dólares,
dejando socavones vacíos, mucha miseria en los pueblos del altiplano y sólo 90
millones de dólares en impuestos y regalías para el Estado. Esto quiere decir
que “por cada 100 dólares que genera la minería, 98 se quedan en manos de las
transnacionales y de las empresas chicas y cooperativistas, mientras que el
Estado sólo recibe 2 en impuestos y regalías” (ver:
Sigue el saqueo minero de Bolivia).
Cifras y razones suficientes para que la vanguardia del proletariado boliviano
haya levantado la bandera de la nacionalización.
La fuerza transnacional
Frente a ellos, sin embargo, las transnacionales que dominan la minería
boliviana han movilizado a sus trabajadores para defender sus intereses,
conformando la segunda gran tendencia presente en el Congreso Minero y que
pugnan por defender las concesiones privadas y los contratos de riesgo
compartido. Sus principales representantes provienen de los sindicatos mineros
de Porco, Bolívar e Inti Raymi y de las concesiones que tiene la siniestra
Glencore, que opera en Bolivia bajo el nombre de Sinchi Wayra.
La
transnacional Glencore, —creada por el magnate petrolero suizo israelí Marc
Rich, a quien la revista Time calificó en el 2001 como “el ejecutivo más
corrupto del planeta”, perseguido por el FBI por los delitos de fraude,
tráfico de petróleo y evasión de impuestos, condenado por la Corte Federal de
Nueva York e indultado dos veces por los presidentes de Estados Unidos Bill
Clinton y George W. Bush— ha heredado dolosamente los millonarios negocios
mineros del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, derrocado por el pueblo
en octubre del 2003 (ver:
Glencore, maña y figura).
Después de fugar a Estados Unidos y pese que tenía un juicio por genocidio en
Bolivia, que le impedía transferir sus bienes y riquezas, Sánchez de Lozada
entregó ilegalmente sus concesiones mineras a Glencore. Ahora, Glencore, junto
la Empresa Minera Inti Raymi de propiedad de la multinacional Newmont Mining
Corporation en alianza con los herederos de la familia Mercado y la Empresa
Minera Unificada (EMUSA), manejan las minas que generaron en los últimos 10
años el 80 por ciento de los millonarios ingresos mineros (ver:
Sigue el saqueo minero de Bolivia).
Los autogestionarios
La
tercera tendencia, mucho más débil numéricamente que las anteriores, está
representada básicamente por la delegación sindical de Avicaya, postula la
creación de una empresa social autogestionaria sin dependencia de la empresa
privada ni del Estado.
Los dirigentes de Avicaya advirtieron de que en vista de que el Gobierno de
Evo Morales no se atrevió a nacionalizar dicha mina, "en un mes seremos dueños
de la concesión minera".
Debates cruciales
El
debate ya ha comenzado y en las últimas horas se han conformado cinco
comisiones de trabajo, que expedirán informes a la plenaria que elegirá al
nuevo Comité Ejecutivo Nacional y definirá la línea política de la histórica
organización que aglutina a miles de trabajadores del subsuelo.
El
magno acontecimiento obrero se desarrolla desde el día lunes 24 de marzo en
Villa Chuquiña, población civil aledaña al campamento minero de la privada
Inti Raymi, ubicada aproximadamente a 35 kilómetros al noroeste de la ciudad
de Oruro.
Los debates en las comisiones de trabajo (Política, Económica, Social,
Orgánica y Redacción) y la posterior conformación del nuevo Comité Ejecutivo,
definirán la línea política y de acción de la FSTMB hasta el año 2010.
Críticas y divisionistas
En
el acto de inauguración realizado el pasado lunes, el Secretario Ejecutivo
saliente, Roberto Chávez, señaló que "de ninguna manera permitirán la
injerencia del Gobierno y mucho menos de la derecha que pretende dividir al
país", acotó que de este Congreso emergerá una directiva que regirá los
destinos de la clase proletaria boliviana e inclusive del país.
Por su parte, según un informe de Cepromin difundido por ABI, el máximo
dirigente de la COB, Pedro Montes, cuestionó la actitud de los dirigentes
cívicos de Santa Cruz que junto a las prefecturas pretenden dividir al pueblo
boliviano, "piensan destrozar y enfrentar a hermanos de clase y eso no lo
vamos a permitir (...) por eso tenemos que buscar la unidad de todo el pueblo
y del sector minero especialmente", Montes finalizó señalando que frente a la
arremetida de la extrema derecha y la "media luna", saldrán a las calles si es
necesario.
A
la reunión nacional de 51 sindicatos asisten aproximadamente 500 delegados, de
los cuales 350 son titulares y 150 son adscritos. Se espera que en este
Congreso se afilien más de una decena de nuevos sindicatos mineros y se
ratifiique la convocatoria de la directiva saliente para enfrentar a la
oligarquía y los 100 clanes separatistas que conspiran para echar abajo al
indio presidente (ver:
Los mineros apuntan a los 100 clanes).
Las delegaciones asistentes son: Huanuni, Colquiri, Colquechaquita, Amayapampa,
Potosí, Andacaba (Potosí), Porco (Potosí), Inti Raymi (Oruro), Bolívar
(Oruro), Avicaya (Oruro), Paitití (Santa Cruz), Rentistas Mineros y la
Confederación Nacional de Amas de Casa Mineras, entre otros.