Exxon "quiso exportar la ley británica como ley mundial, abusar del poder legal británico y usar a un juez inglés para congelar bienes de Venezuela no en Inglaterra, sino en el mundo", comentó en rueda de prensa el ministro venezolano de Energía, Rafael Ramírez.

"He decidido que la orden judicial" de congelamiento mundial de activos, dictada el 24 de enero contra Pdvsa a pedido de ExxonMobil, "debe ser revocada", declaró el juez Paul Walker, de la Alta Corte de Justicia de Londres. Ramírez afirmó que se trata de "un fallo cien por ciento favorable para Venezuela, para Pdvsa, para las pequeñas naciones que buscan explotar sus recursos naturales y para la OPEP", Organización de Países Exportadores de Petróleo, que se había solidarizado con Caracas en su pleito con la mayor trasnacional petrolera del planeta.

El tribunal británico "ha puesto a la Exxon en su sitio", aseveró. También para el embajador venezolano en Londres, Samuel Moncada, "es una lección para la Exxon y una gran victoria para los países que manejan de manera soberana sus recursos naturales, porque la trasnacional pretendía usar contra un país soberano a una corte de un país que no tenía nada qué ver con la controversia".

El tribunal había ordenado provisionalmente congelar activos de Pdvsa en Europa para asegurar el pago a Exxon de las indemnizaciones a que hubiere lugar, después de que el gigante estadounidense decidió no seguir como socio menor de Venezuela en un negocio para producir y mejorar crudo a orillas del río Orinoco.

La medida contribuyó a elevar los precios internacionales del crudo, cuando el presidente venezolano Hugo Chávez amenazó con no enviar petróleo a Estados Unidos si el congelamiento de bienes daba paso a un embargo.

"Si cada vez que hubiera un litigio por los montos que corresponden a una indemnización se fuese a un embargo de activos, entonces habría una gran inestabilidad en toda la industria petrolera mundial", advirtió Ramírez.

Un ex presidente de Pdvsa, Luis Giusti, crítico de la gestión petrolera de Chávez, dijo a IPS que "debemos celebrar estas medidas como venezolanos, porque se restituye nuestro patrimonio, y refleja que la justicia internacional no necesariamente está en manos del imperialismo o de una compañía como la Exxon".

Ahora debe proseguir el mecanismo de arbitraje "y los números se van a poner en perspectiva. En el orden patrimonial, la Exxon podría tener entre 800 y 1.500 millones de dólares, y la medida cautelar por 12.000 millones era una barbaridad", dijo Giusti.

El pleito se desencadenó cuando en 2007 Venezuela dispuso que todos los negocios confiados mediante contratos a operadores foráneos debían migrar a la figura de empresas mixtas en las que Pdvsa debería tener al menos 60 por ciento de las acciones.

Uno de los negocios, Cerro Negro, producía unos 110.000 barriles diarios de crudo mejorado a partir del petróleo extrapesado de la sudoriental Faja Petrolífera del Orinoco, con 41,6 por ciento de acciones para Exxon, otro tanto para Pdvsa y el resto para la británica BP.

Exxon no aceptó reducir su participación, empacó para marcharse del país y las partes acudieron en Nueva York al mecanismo de arbitraje del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), adscrito al Banco Mundial.

La nuez de la controversia es que Venezuela quiere pagar el valor en libros de lo invertido por Exxon, posiblemente menos de 1.000 millones de dólares, mientras que la trasnacional reclama indemnización por los rendimientos que dejará de percibir en los 20 años que restaban al negocio de Cerro Negro, más de 5.000 millones de dólares.

Exxon aprovechó que desde finales de 2007 Pdvsa envió señales de que estaba urgida de liquidez --remató grandes cargamentos de fuel oil, exigió el pago ocho días después de hacer sus despachos en vez de los usuales 30, y prepara una emisión de deuda-- para colocar presión con las medidas de embargo, recordó a IPS el especialista José Suárez, de la publicación especializada Petrofinanzas.

Un tribunal de Nueva York congeló los 315 millones de dólares de una cuenta de operaciones de Pdvsa-Cerro Negro en el banco estadounidense Mellon. Pdvsa siempre argumentó que no rechazaba discutir una indemnización con el mecanismo de arbitraje y sostuvo ante los tribunales que no se le podía dar el trato de empresa forajida, por su actividad como la quinta corporación petrolera mundial y sus activos por 107.000 millones de dólares, según Ramírez.

El juez Walker, en la información provisional sobre su decisión, destacó que en libros, al cierre de 2006, Pdvsa tenía activos por 56.000 millones de dólares y por ello "no tiene ninguna consideración para que una compañía de esa fuerza y tamaño pueda ser sometida a una congelación de activos a nivel mundial".

Además reconoció que el suyo no es un tribunal competente para zanjar la controversia mientras las partes adelanten un proceso de arbitraje en otra jurisdicción.

Por añadidura, dispuso que Exxon deberá pagar las costas procesales y, como anticipo, la obliga a entregar 380.000 libras esterlinas (765.000 dólares) a Pdvsa, como una primera indemnización por los gastos legales en que incurrió la parte venezolana.

Exxon también deberá informar a los relacionados a quienes hizo advertencias negativas sobre Pdvsa y, finalmente, Walker admite que la petrolera estadounidense es susceptible de demandas por su contendor venezolano para resarcirse de daños.

Un portavoz de Exxon, Alan Jeffers, dijo que "la corte no cuestiona los méritos que subyacen en la reclamación" de su empresa, "y más bien lo que dice es que una corte británica no debería emitir una decisión sobre la congelación de activos en todo el mundo".

Tras esta decisión, a las partes les queda continuar con el proceso de arbitraje en el marco del Ciadi. Ya cada una designó un árbitro y ahora estos deberán acordar la designación de un tercero.