En un informe preparado por una comisión de la OEA acerca del ataque militar colombiano en territorio de Ecuador el 1 de este mes, Bogotá modificó su propia versión de cómo lo había llevado a cabo.

En Colombia se celebró que la resolución de la OEA no incluyera el término "condena" ni considerara "sanciones". El "rechazo" fue consignado en el punto tercero, y la inviolabilidad de las fronteras en otros dos puntos, de ocho que contiene la Resolución.

Estados Unidos apoyó la resolución con reservas, por considerar que Colombia tiene derecho a actuar en "legítima defensa", como establece el artículo 22 de la Carta de la OEA, no invocado en el texto final.

En cambio, el punto 3 estableció que Colombia violó los artículos 19 y 21 de esa Carta, aprobada en 1948.

El artículo 19 establece la prohibición de intervenir "directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos" de otro país, y el artículo 21 sostiene que "el territorio de un Estado es inviolable; no puede ser objeto de ocupación militar (…) aun de manera temporal".

En el primer punto, la resolución declaró que abstenerse del uso o de la amenaza del uso de la fuerza "constituyen principios fundacionales obligatorios del sistema interamericano en cualquier circunstancia", y en el segundo reiteró la "plena vigencia del principio de soberanía territorial, sin excepciones".

Nuevamente, la OEA evitó calificar a las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), como grupo "terrorista", tal como lo hacen Bogotá, Washington y la Unión Europea.

Se tuvo en cuenta el pedido colombiano de reiterar el "firme compromiso" de los países miembros ante la "acción de grupos irregulares y organizaciones criminales, en particular las vinculadas al narcotráfico" y establecer un mecanismo de observación del cumplimiento de la resolución.

El acuerdo se alcanzó a la hora 05:00 GMT.

El ataque colombiano a un campamento de la guerrilla izquierdista de las FARC en Ecuador, en el que murió "Raúl Reyes", uno de sus siete principales comandantes, generó la ruptura de relaciones diplomáticas entre Ecuador y Colombia.

La resolución recogió la declaración de la cumbre del Grupo de Río del 7 de este mes, celebrada en República Dominicana, de la que destacó "su contribución a la distensión, con base en el principio del derecho internacional". Estados Unidos no hace parte de ese foro.

En esa cumbre, los mandatarios Álvaro Uribe, de Colombia, por un lado, y Hugo Chávez, de Venezuela, Daniel Ortega, de Nicaragua y Rafael Correa, de Ecuador, por el otro, terminaron haciendo las paces tras un fuerte debate.

En la reunión concluida este martes en Washington Colombia intentó aprovechar, con respaldo de México, el hecho de contar con Estados Unidos y se desmarcó del documento de Santo Domingo, para contenerse en materia de concesiones pues "una cosa es una declaración (G-Río) y otra es una resolución (OEA)", dijo a IPS la historiadora venezolana Judith Valencia.

A partir de la posición colombiana, según la cual se debe "ir más allá" de la Declaración del G-Río, es decir, consenso alrededor de mecanismos multilaterales y eficaces de compromiso para atacar al terrorismo, "se abre la puerta a un debate que en algún momento tocará fondo".

"Se debate no reconocer la soberanía tal como fue delineada por los fundadores de la OEA en 1948, con fronteras inviolables" y, en su lugar, "pareciera que se busca un concepto de fronteras abiertas, o compartidas, o no tan nítidas como hasta ahora", en función de señalamientos hechos por el canciller colombiano Fernando Araújo, opinó Valencia.

Nueva versión colombiana del ataque

Los cancilleres también recibieron el informe de la comisión de la OEA que visitó Ecuador y Colombia entre el 9 y el 12 de este mes, liderada por el secretario general José Miguel Insulza, en cumplimiento de lo dispuesto por el Consejo Permanente del foro hemisférico el 5 de marzo, en un intento limitado de establecer cómo ocurrieron los hechos.

En dicho informe salta a la vista que Bogotá dio a la OEA una versión distinta a la que presentó públicamente el 1 de marzo sobre cómo ejecutó el ataque.

En la página 6 del informe se lee que las autoridades colombianas habían previsto "inicialmente" atacar un campamento ubicado en territorio colombiano, en el cual iba a estar "Reyes" en la noche del viernes 29 de febrero.

A última hora de ese viernes, las fuerzas colombianas recibieron información de que "Reyes" estaba en territorio de Ecuador, por lo cual "decidieron efectuar un doble operativo" sobre ambos lugares, con "distintos aviones", dijo Bogotá a la OEA.

Pero la versión del ministro de Defensa colombiano Juan Manuel Santos el día de los hechos afirmó que la fuerza pública había resuelto bombardear un punto en Colombia, cercano a la frontera, a la hora local 00:25, y que, posteriormente, cuando los militares trasladados en helicóptero "se estaban acercando para copar el lugar, estos fueron atacados" desde territorio ecuatoriano.

El comunicado leído por Santos agregaba que el soldado Carlos Hernández "infortunadamente murió en este ataque" guerrillero y, a partir de ese momento, "se procedió de inmediato a dar la ubicación exacta del campamento desde donde estaban disparando", que resultó estar 1.800 metros Ecuador adentro, y que fue bombardeado desde Colombia sin violar el espacio aéreo del país vecino.

A la OEA, el gobierno colombiano le dijo que el soldado Hernández murió en Ecuador, y que su cuerpo fue trasladado desde ese país junto con el de "Reyes" y el de otro supuesto guerrillero que sigue sin identificar.

El periodista colombiano Ignacio Gómez reveló el domingo en el noticiero de televisión Noticias Uno que Hernández pereció porque le cayó encima un árbol que había quedado inestable en el área previamente bombardeada.

El presidente ecuatoriano Correa manifestó a la OEA dudas sobre "si se respetó el derecho internacional humanitario", dado que varios cuerpos tenían "heridas de bala en la espalda y a una distancia corta", como si hubieran sido ejecutados.

Ecuador también pidió que se aclarara "el tiempo que duró la incursión de las Fuerzas Militares colombianas en territorio ecuatoriano", entre otras dudas.

Según el informe técnico militar ecuatoriano recibido por la OEA, "se lanzaron seis bombas GBU 12 de 500 libras por aviones que se desplazaban en dirección Sur-Norte y cuatro bombas por aviones que iban en dirección Norte-Sur" y "desde espacio aéreo ecuatoriano".

Para Ecuador, las bombas usadas "requieren para ser lanzadas una tecnología avanzada" de la que, según ese país, "no dispone la Fuerza Aérea Colombiana".

Las GBU-12 (siglas de Guided Bomb Unit – Unidad de bomba guiada) son misiles aire-tierra, con capacidad antitanque, de impacto preciso guiado por láser.

Son armas de caída libre y no cuentan con un sistema de propulsión, lo que implica que el piloto debe "acercarse" relativamente al blanco para que funcione el guiado láser.

Colombia sostuvo que las bombas usadas fueron "convencionales" y negó rotundamente que sus aviones hayan volado sobre Ecuador.

Las bombas lanzadas desde aviones A37, según Colombia, fueron guiadas de forma satelital por el Sistema de Posicionamiento Global (GPS por sus siglas en inglés), mientras las disparadas desde las aeronaves de fabricación brasileña Super Tucano tienen "un margen de error de cinco metros".

Sin embargo, cuando Bogotá avisó a Quito de que había efectuado el ataque, le proporcionó coordenadas incorrectas, según Ecuador, y por eso su primer contingente militar demoró "más de lo previsto para llegar al lugar", a las 13:00 horas del día de los hechos.