El Consejo Permanente de la OEA aprobó un texto en el que establece que Bogotá violó la soberanía de Ecuador al atacar el sábado un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en su territorio, pero no condena al gobierno colombiano por esa acción, como había exigido el martes la canciller ecuatoriana María Isabel Salvador.

El documento reafirma "el principio de que el territorio de un Estado es inviolable y no puede ser objeto de ocupación militar ni de otras medidas de fuerza tomadas por otro Estado, directa o indirectamente, cualquiera fuera el motivo, aún de manera temporal".

La resolución, que permitirá a la OEA mediar en la crisis diplomática entre ambos países, incluye también la creación de una misión encabezada por su secretario general, José Miguel Insulza y un máximo de cuatro embajadores, entre los que figuran los de Brasil y Panamá.

El texto contempla, además, la convocatoria a una reunión regional y extraordinaria de cancilleres para el 17 de marzo, que había sido solicitada por Ecuador y aceptada por Colombia el martes.

La resolución fue aprobada por 33 de los 34 países miembros de la OEA, que elogiaron la actitud y los esfuerzos de los gobiernos de Colombia y Ecuador para llegar a un acuerdo por la vía pacífica.

Nicaragua se opuso rotundamente porque, argumentó, se sentía amenazada por los barcos de la flota colombiana cerca de sus fronteras marítimas. Managua y Bogotá sostienen un litigio de límites que está a estudio de la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya.

La delegación del gobierno de Venezuela --que había reaccionado de forma airada a la incursión militar colombiana despachando tropas a sus zonas fronterizas-- también apoyó la resolución, pero prometió trabajar con la comisión de la OEA para aportar a la reunión de cancilleres elementos que sustenten una condena más contundente contra Bogotá.

El acuerdo cuajó tras horas de debates y negociaciones que comenzaron el martes, y mientras el alto mando militar de Venezuela reconocía que el desplazamiento de tropas hacia la frontera con Colombia se había completado entre 85 y 90 por ciento.

De acuerdo con la cancillería colombiana, la comisión de la OEA que visitaría las zonas de Ecuador y Colombia que sugieran los respectivos gobiernos, sería de análisis pero no de verificación ni de investigación, como reclamaba Quito.

Colombia reconoció que violó la soberanía de Ecuador y le reiteró sus disculpas por ello.

La canciller de Ecuador, Salvador, dijo tras la votación de la resolución que "la OEA superó una prueba histórica que justificó su razón de ser".

El embajador colombiano ante la OEA, Camilo Ospina, resaltó que "Ecuador y Colombia son pueblos hermanos que no pueden considerarse enemigos".

En Bogotá, la presidenta del Congreso legislativo, Nancy Patricia Gutiérrez, concluyó que lo sucedido en Ecuador y la resolución de la OEA "es una lección para que Colombia inicie un acercamiento con sus vecinos para explicarles la situación interna del país y la escalada de violencia a la que es sometido a diario".

Políticos y empresarios también recibieron con beneplácito el paso de distensión. "Es una gran noticia que Colombia no fuera condenada porque se entendió internacionalmente que la batalla que se está librando aquí es contra el terrorismo", dijo Oscar Arboleda, presidente de la Cámara de Representantes.

El grave conflicto diplomático entre Ecuador y Colombia originó gran tensión en toda la región. Quito rompió relaciones diplomáticas con Bogotá.

Un cierre de fronteras por parte de Venezuela, desmentido este miércoles, hubiera causado un gran daño a la economía colombiana.

En 2007, el comercio bilateral fue de 6.500 millones de dólares. Las exportaciones colombianas a Venezuela fueron de 5.210 millones, mientras las ventas venezolanas a Colombia sumaron 1.304 millones de dólares.

Ecuador había solicitado una sanción de la OEA a Colombia por la incursión militar a su territorio en la que resultaron muertos al menos 22 guerrilleros de las FARC, entre ellos "Raúl Reyes", miembro del secretariado y portavoz internacional de esa insurgencia.

Salvador afirmó que se trató de un "planificado ataque aéreo y terrestre al territorio de Ecuador" y precisó que lo ocurrido "fue una acción deliberada dentro de nuestro territorio".

Además, acusó al presidente de Colombia, Álvaro Uribe, de "haber mentido a Ecuador y a todo el mundo" cuando alegó que el operativo se llevó a cabo en legítima defensa pues los guerrilleros ultimados se encontraban durmiendo.

En la sesión del martes, Colombia sólo obtuvo el apoyo expreso de Estados Unidos. La mayoría de los estados miembros criticaron la manera como se realizó el ataque.

Argentina, Bolivia, Brasil, Nicaragua, República Dominicana y Venezuela fueron muy críticos, mientras Panamá, Uruguay, Perú, El Salvador y Guatemala, si bien condenaron la incursión, reconocieron la necesidad de investigar el supuesto apoyo prestado a las FARC por Ecuador y Venezuela, denunciado por Colombia.