La declaración de "terrorista" está a la orden del día desde el 11 de septiembre de 2001 en todo el mundo. Gobiernos, organizaciones internacionales y medios de comunicación la anteponen a nombres de personas y grupos de índole diversa, aunque no se haya probado en juicio que lo son.

La policía colombiana afirmó que documentos incautados a las FARC mostrarían de manera "patética, fehaciente, indiscutible" relaciones políticas directas de los gobiernos de Venezuela y Ecuador con las FARC, a las que Bogotá califica de "terroristas".

Según el director de la Policía Nacional, Óscar Naranjo, Ecuador se suma a Venezuela en sostener contactos de nivel presidencial y de gabinete con la insurgencia. Los presidentes de ambos países han dicho este año que no limitan "con Colombia, sino con las FARC", debido al supuesto control territorial que ésta ejerce en zonas fronterizas.

Esa guerrilla campesina, surgida en 1964 sobre las brasas del armisticio incompleto de la guerra conocida como La Violencia, figura en los listados de organizaciones terroristas de Estados Unidos y la Unión Europea.

Los países latinoamericanos han evadido en la Organización de los Estados Americanos (OEA) tachar de terroristas a las FARC, a pesar de los intentos de los dos últimos gobiernos colombianos.

Ante la aguda crisis suscitada por la muerte el sábado del portavoz internacional de las FARC, "Raúl Reyes", tras un ataque militar colombiano en territorio ecuatoriano que, según Quito, penetró 10 kilómetros frontera adentro, el único mandatario sudamericano que se refirió al "terrorismo" de las FARC fue Alan García, de Perú.

Igual que sus pares latinoamericanos que se pronunciaron, García consideró inaceptable el ingreso de fuerzas militares colombianas a Ecuador. Pero el peruano anunció que buscaría acciones específicas interamericanas contra el "terrorismo", y se preguntó si no "hay una internacional terrorista en América".

Ecuador rompió relaciones con Colombia y envió tropas a reforzar su frontera. Venezuela expulsó al embajador colombiano y ordenó cerrar su sede diplomática en Bogotá, despachando también fuerzas militares a las líneas fronterizas.

La OEA será el escenario donde inicialmente se diriman las posiciones este martes, cuando, a instancias del presidente ecuatoriano Rafael Correa, se reúna en Washington el Consejo Permanente de esa organización hemisférica.

El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, dijo que la reunión buscará "orientaciones que permitan alcanzar una solución pacífica a esta crisis, para así abordar los problemas de fondo que la han provocado".

En enero, alguien vio lo que nadie veía en estos tiempos de "guerra contra el terrorismo". En Colombia lo publicó solamente el quincenario especializado Ámbito Jurídico en su edición del 18 de febrero.

El 23 de enero, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa cuestionó la confección de "listas negras" de organizaciones o individuos terroristas, porque no respetan el debido proceso.

Ese órgano, en el que están representados los 47 parlamentos nacionales de los países que integran el Consejo de Europa, instó al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y a la Unión Europea a revaluar el procedimiento que utilizan para confeccionar los listados de terroristas.

La resolución consigna que la herramienta, aunque es útil para la lucha contra el terrorismo, prejuzga. No existe un procedimiento para demostrar previamente en juicio el carácter de terrorista de quienes entran a esas listas. Los involucrados no tienen un mecanismo para defenderse ni para ser retirados, afirma la resolución.

El Consejo de Europa, fundado en 1949, es un organismo paneuropeo dedicado a promover los derechos humanos y la democracia.

Los "problemas de fondo" a los que se refirió Insulza el lunes comienzan por un espinoso asunto, el meollo de todo: la guerra colombiana de decenios, cuya existencia el gobierno actual no reconoce. Para éste, las FARC son simplemente "una amenaza terrorista".

Últimamente, también pretende no reconocer que exista el secretariado de las FARC, cúpula ejecutiva de siete miembros de la que hacía parte Reyes, como sostuvo el sábado el principal asesor del presidente Álvaro Uribe, José Obdulio Gaviria.

Ante la crisis que involucra a Colombia, Ecuador y Venezuela, los mandatarios de Brasil, Argentina, Chile y México han dicho que están dispuestos a ayudar. Sigue rodando la propuesta de crear un grupo de países que acompañe una negociación de paz seria, aunque Uribe se niega a que Venezuela lo integre.

Insulza recordó que subsiste la crisis humanitaria generada por el secuestro prolongado de un grupo de personas a manos de las FARC, y que es preciso retomar pronto las gestiones que permitan su libertad.

El problema, tanto para la paz como para la liberación de los rehenes, es que no se negocia con "terroristas".

Precisamente por el pulso militar y político en torno al acuerdo humanitario, mediante el cual las FARC esperan liberar a 500 guerrilleros presos, entró en escena Chávez a mediados de agosto, designado por el propio Uribe como mediador.

Cuando el colombiano cortó sus gestiones el 21 de noviembre, Chávez había avanzado más que nadie en los más de 10 años que lleva el drama de los rehenes. El 10 de enero, las FARC liberaron unilateralmente a dos políticas rehenes, por gestión del mandatario venezolano.

Justo al día siguiente, en su discurso sobre el estado de la nación ante la Asamblea Nacional legislativa, Chávez reconoció a las guerrillas colombianas FARC y ELN (Ejército de Liberación Nacional, segunda insurgencia colombiana) como ejércitos jerarquizados estables con control territorial.

El 17 de ese mes, Venezuela dio el primer paso para dar vida jurídica al reconocimiento de beligerancia de las FARC y el ELN, cuando la Asamblea Nacional aprobó un acuerdo para respaldar la propuesta de Chávez.

Es suficiente con que un solo gobierno extranjero reconozca ese estatus a una fuerza insurgente para que ésta pueda hacer presencia pública en ese país, tener vínculos diplomáticos con el mismo y quedar amparada por las Naciones Unidas para, por ejemplo, desplazarse para solicitar el mismo reconocimiento a otras naciones.

Sus integrantes pueden obtener un pasaporte diplomático oficial, otorgado por el país extranjero que da el reconocimiento.

Según las normas de las Naciones Unidas, esa declaratoria no es vinculante sino enunciante, y se adhieren a ella los países que quieran. La aprobación del Poder Legislativo de un país del estatus de fuerza beligerante de una insurgencia precede al paso definitivo, cuando la cancillería informa, mediante nota diplomática a las demás naciones, sobre esa decisión autónoma.

Ese tercer paso no ha sido dado por Venezuela, quizá ante la reacción negativa de muchos gobiernos a la propuesta, incluyendo la Unión Europea. O quizá porque Chávez espera lograr más avances humanitarios de la guerrilla colombiana.

La beligerancia se asienta en un trípode: ejército jerarquizado, control territorial y cumplimiento del derecho internacional humanitario (DIH), parte del derecho de gentes, la antiquísima reglamentación de la guerra.

El canje entre combatientes es tan viejo como la guerra. El problema es que desde 2000 las FARC comenzaron a tomar rehenes, es decir civiles, un acto prohibido expresamente por el DIH, y los incluyó en el grupo cuya libertad depende del canje.

De ese grupo, las FARC liberaron el 27 de febrero a otros cuatro políticos rehenes, también por gestión de Chávez.

Como una de sus fuentes de financiación, las FARC y el ELN recurren también al secuestro extorsivo de personas a las que consideran pudientes, bajo el expediente de que éstas le pagan al Estado impuestos de guerra.

Chávez dice que el ofrecimiento de reconocer a las guerrillas como beligerantes es un "incentivo" para que éstas se acerquen paulatinamente al cumplimiento del DIH, comenzando por abandonar el secuestro como arma de guerra.

El reconocimiento paulatino, al ritmo de avances parciales, pero reales, es una de las posiciones políticas en torno al tema.

La otra es: "Cuando las FARC dejen de actuar como terroristas entonces pueden solicitar que les quiten ese título", como dijo en Bogotá un legislador estadounidense del opositor Partido Demócrata el 17 de enero.

En todo caso, "Ecuador aún no ha estudiado la opción de declarar beligerantes a las FARC", dijo Gustavo Larrea, ministro coordinador de Seguridad Interna y Externa de ese país.