Por Kintto Lucas - IPS

El lunes, el gobierno de Ecuador rompió relaciones diplomáticas con su par de Colombia.

La muerte de Reyes en un paraje fronterizo del noreste ecuatoriano fue revelada en Colombia el sábado a las 14:20 GMT, aunque la operación de ataque se habría iniciado a las 05:25 GMT y su desenlace habría sido a las 11:25 GMT, según el gobierno del colombiano Álvaro Uribe. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, señaló el domingo en mensaje al país que el territorio ecuatoriano fue bombardeado y ultrajado intencionalmente por fuerzas de Colombia y calificó el hecho de "extremadamente grave e intolerable". "Luego de la visita por parte de nuestras Fuerzas Armadas y autoridades políticas del gobierno a la zona del ataque, irrefutablemente se confirma que el Ecuador sufrió un planificado ataque aéreo y una posterior incursión de tropas colombianas, con plena conciencia de que estaban violando nuestra soberanía", aseguró Correa.

No hubo combates y no fue una persecución, sino una masacre, dijo. "Los aviones colombianos ingresaron al menos 10 kilómetros en nuestro territorio para realizar el ataque desde el sur. Luego llegaron tropas transportadas en helicópteros que culminaron la matanza. Incluso se hallaron cadáveres con tiros en la espalda", aseguró el mandatario. "Todo esto demuestra que el Ministerio de Defensa colombiano, la cancillería de dicho país y el propio presidente Uribe, más aun cuando me informó del hecho vía telefónica, le están mintiendo al Ecuador y al mundo", afirmó Correa. Ecuador no puede "confiar en un gobierno que traiciona la confianza de un pueblo hermano", añadió.

"Hemos manifestado permanentemente nuestra condena a las acciones y métodos de las FARC", pero no aceptamos "que a pretexto del combate a lo que ellos llaman terrorismo, se implanten, repetimos, doctrinas y prácticas inaceptables de irrespeto a la soberanía de los Estados", agregó Correa.

"El derecho internacional exigía que nos informasen y que fuera la fuerza pública ecuatoriana la que realizara la captura, como ya ha ocurrido en múltiples ocasiones, siempre con respeto absoluto a los derechos humanos", aseguró Correa.

En el transcurso del domingo, Correa conversó con los presidentes de Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Cuba, El Salvador, España, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela y con autoridades de la OEA y de la CAN para compartir con ellos la gravedad de la situación, según informó.

También solicitó la convocatoria de la OEA (Organización de los Estados Americanos) y de la CAN (Comunidad Andina de Naciones, a la que pertenecen Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia) y, por medio de "gobiernos amigos", del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) para tratar el tema.

Correa dispuso el retiro del embajador ecuatoriano en Colombia y la expulsión del homólogo colombiano en Ecuador.

"En esta ocasión, no será suficiente una disculpa diplomática del gobierno de Bogotá. Exigimos compromisos firmes y formales ante la comunidad internacional que garanticen que no se repetirán estos inaceptables hechos que se suman a la serie de atropellos sufridos por el Ecuador como consecuencia de la violencia imperante en Colombia", aseguró.

Tras estas declaraciones, autoridades policiales de Bogotá señalaron que habían encontrado evidencias de que autoridades de Ecuador tenían vinculación con la FARC, mostrando documentos supuestamente encontrados en una computadora ubicada tras el ataque al campamento guerrillero. El ministro de Defensa de Colombia, Juan Manuel Santos, aseguró este lunes que el ataque de tropas colombianas en Ecuador para matar a Reyes se hubiera evitado con una mayor colaboración de parte de Quito.

"Si hubiese un tipo de colaboración real con el Ecuador para perseguir estos grupos este tipo de situaciones no se hubieran presentado, pero es que nunca la hemos tenido. Ellos siempre han tenido una posición de que no quieren interferir en el conflicto colombiano", aseguró Santos a la prensa.

El funcionario dijo que documentos hallados en una de tres computadoras ubicadas tras la muerte de Reyes dan cuenta de contactos entre el líder rebelde y el ministro ecuatoriano de Seguridad Interna y Externa, Gustavo Larrea. Esos documentos "sorprendieron al gobierno colombiano", que "nunca se imaginó que la relación del gobierno de Ecuador con las FARC había llegado a ese estado", dijo Santos. Ante la grave crisis, este lunes se reunió el Consejo de Seguridad Nacional de Ecuador, integrado por el presidente Correa, el ministro de Defensa Nacional, Wellington Sandoval, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Alberto Acosta, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Roberto Gómez, y los mandos militares. "El Ecuador, consciente de sus obligaciones, ha vigilado constantemente la frontera colombo-ecuatoriana, frontera que es 720 kilómetros de extensión y que se hace, sino imposible, muy difícil el control del paso de ciudadanos de un lugar a otro, esto no solamente compete al Ecuador", aseguró Sandoval al término de la reunión.

Las Fuerzas Armadas ecuatorianas han trabajo constantemente y han descubierto y destruido 47 campamentos de las FARC en años pasados, además de haber capturado guerrilleros en su territorio, dijo.

"Existe un convenio, una cartilla de seguridad entre las dos Fuerzas Armadas y la Combifron (Comisión Binacional de Frontera) para que actúen en caso de que hubiera la sospecha de problemas fronterizos", manifestó Sandoval. El ministro también informó que este lunes se pidió a la cancillería que pusiera fin al convenio de la Combifron porque tras el ataque del sábado ya no tiene sentido.

Desde que se inició en 2000 el Plan Colombia, destinado a combatir el narcotráfico y la guerrilla colombiana con financiación y asistencia de Washington, las relaciones entre Quito y Bogotá han tenido muchos momentos de tensión, pero éste es el más difícil. Entre 2006 y 2007, Ecuador presentó a Colombia 10 notas de protesta por violación de su territorio en acciones de fumigación aérea de plantaciones ilegales de coca en la zona fronteriza o en el ingreso de efectivos militares de ese país a su territorio.

Quito anunció que litigaría a Bogotá ante la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, por la continuada práctica de las fumigaciones colombianas, que afectan a su población fronteriza. En septiembre de 2006 la revista ecuatoriana Tintají sostuvo que en enero de 2007 comenzaría una nueva fase del Plan Colombia que afectaría directamente a Ecuador.

Días después, el ex presidente colombiano Andrés Pastrana (1998-2002), dijo a la prensa --al dejar su destino como embajador en Estados Unidos-- que en los meses siguientes el Plan Colombia entraría en su "fase de consolidación" con una duración de cinco años.

Según Pastrana, el Plan Colombia había logrado el objetivo de fortalecer al Estado para enfrentar al narcotráfico y a la guerrilla, pero la nueva fase era necesaria para consolidar los logros y estrechar la relación de Bogotá con Washington. "Estamos frente a una nueva relación con Estados Unidos y en eso será esencial la segunda etapa del Plan Colombia, es decir la etapa de la consolidación", afirmó Pastrana.

En diciembre, Uribe anunció la puesta en marcha del Plan Victoria, cuyo principal objetivo era terminar con la dirigencia de las FARC, destinando 14.300 efectivos desplazados al sur de Colombia con apoyo de la fuerza aérea y la marina y nuevos aviones Supertucanos comprados a Brasil, similares a los utilizados en el ataque del sábado.

Según Tintají, el Plan de Consolidación busca consolidar la presencia de las Fuerzas Armadas estadounidenses en la base ecuatoriana de Manta, lo que involucraría mucho más a Ecuador en el conflicto colombiano.

La base de Manta, situada sobre el océano Pacífico y a 230 kilómetros al sudoeste de Quito, fue cedida por Ecuador a la fuerza aérea de Estados Unidos en un acuerdo firmado en 1999 y que expirará en 2009.

Fuentes militares aseguraron a IPS que no está descartado que desde la base de Manta se haya proporcionado información a las Fuerzas Armadas colombianas para el ataque al campamento de las FARC.

Correa había anunciado que no renovaría el Convenio sobre la Base de Manta, como habían sugerido funcionarios de Washington, que pretendían extender su vigencia hasta 2012.

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