Morales promulgó el viernes
29 de febrero una ley que convoca
para el 4 de mayo el referendo nacional sobre el nuevo texto
constitucional, y otra que anula la legalidad de las consultas
locales anunciadas por los departamentos opositores de Pando
(norte), Tarija (sur), Santa Cruz y Beni (este) para aprobar sus
propios estatutos autonómicos.
Además, el mandatario le dio facultad solamente al Congreso
legislativo para convocar a referendos.
En medio del diálogo en el cual estaba empeñado el vicepresidente
Álvaro García Linera, Morales pareció dar una patada al tablero
político y echó por tierra la posibilidad de conjugar las agendas
autonomistas de las regiones con el plan gubernamental de contar con
una nueva carta magna.
El oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) quebró la vía del
diálogo y se lanzó en una vertiginosa carrera por obtener respaldo
popular al nuevo texto, aprobado en diciembre pasado, y fijó el 4 de
mayo como la fecha del referendo, el mismo día elegido por Santa
Cruz para el "sí" a su estatuto autonómico.
"¿Está usted de acuerdo con refrendar el texto de la nueva
Constitución Política del Estado aprobado por la Asamblea
Constituyente y que sea promulgada y puesta en vigencia como nueva
ley fundamental del Estado boliviano?", reza la primera pregunta de
la consulta oficialista.
La segunda pregunta deja a consideración del electorado la
posibilidad de prohibir el latifundio y coloca a elección del
votante la opción de elegir entre 5.000 ó 10.000 hectáreas como
superficie máxima de concesión de tierras a personas particulares,
en un país donde algunas familias concentran hasta 200.000 hectáreas
en áreas de bosque, llanura y selva.
En el cambio de estrategias, el oficialismo dejó sin efecto la
posibilidad de convocar a un referendo de aplicación obligatoria que
ponía a consideración de la población la popularidad tanto del
presidente como de nueve prefectos, en busca de un desempate a la
tensión entre el poder ejecutivo y las regiones.
Una aplastante mayoría del Congreso aprobó las nuevas leyes,
mientras la oposición esperaba aún la continuidad de un diálogo
iniciado por iniciativa de García Linera, pero que al final se
convirtió en un instrumento para distraer la atención de los
parlamentarios de derecha.
La bochornosa sesión congresal del jueves por la noche, donde se
hizo una lectura rápida de las dos leyes, sin mayor análisis, en
medio de la protesta opositora expresada a gritos, con una
muchedumbre apostada en las afueras como fuerza de presión y actos
violentos contra mujeres congresistas de derecha, dejaron heridas
difíciles de superar y hoy son el centro de atención en los medios
de comunicación.
El prefecto y comandante departamental (gobernador) de la central
ciudad de Santa Cruz, Rubén Costas, tomó la aprobación de las dos
leyes con absoluta tranquilidad y les restó importancia. Sin dudar
ratificó la realización de la consulta regional.
El gobierno de Santa Cruz ha logrado cierto dominio sobre la corte
departamental electoral, que se desmarcó del mando centralizado de
la Corte Nacional Electoral y emprendió su propio plan orientado al
referendo regional.
Los departamentos de Beni, Pando y Tarija, donde también se impuso
el proyecto de autonomías departamentales en una votación realizada
en julio de 2006, siguen la estrategia política y liderazgo de Santa
Cruz, y es previsible que desconozcan la ley del gobierno y
continúen con su agenda autonomista.
Morales dijo el viernes durante una concentración masiva de
campesinos, obreros y ciudadanos de sectores empobrecidos que su
objetivo era recuperar la justicia y la equidad que en su opinión le
fueron negadas a las mayorías desde la creación de la república.
Pero el desenlace de este nuevo capítulo en la tensa relación del
gobierno central con las regiones opositoras deja, además de
heridas, una pérdida del valor que hasta el pasado jueves tenían los
partidos políticos representados en el Congreso.
Hasta entonces, el diálogo con las regiones de oposición, a través
de los partidos políticos, era para el gobierno la tabla con la que
podía cruzar un caótico río de incertidumbre. Pero hoy esta
posibilidad está agotada.
El presidente del Senado, Oscar Ortiz, lamentó la pérdida de
credibilidad del vicepresidente García Linera y su partido, y de
inmediato pidió a la comunidad internacional que revise las
relaciones diplomáticas con Bolivia.
La parlamentaria Marisol Aban, del derechista Movimiento
Nacionalista Revolucionario, en conversación con IPS criticó al
gobierno por la falta de pluralidad en la redacción de las dos
leyes.
Aban fue una de las congresistas, junto a la diputada Ninoska
Lazarte, que sufrió golpes y empujones en las puertas del Congreso
por hombres y mujeres de grupos indígenas afines al MAS.