La envalentonada oligarquía boliviana rechazó la tregua ofrecida por el gobierno del presidente Evo Morales y prosiguió adelante en sus planes de convocar a ilegales referéndums regionales con lo que quieren refrendar su autonomía de facto y formalizar el control casi absoluto que ejercen sobre las regiones más ricas de Bolivia.

“No existe la posibilidad de negociar ni retroceder en este tema“, dijo tajante el líder del derechista Comité Cívico de Santa Cruz, Branco Marinkovic, al rechazar ayer la solicitud del vicepresidente Álvaro García Linera, quien solicitó una tregua de 60 días en los preparativos para los referéndums regionales en Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija. En ese plazo, el gobierno de Morales consideraba que podía armonizar su proyecto de nueva Constitución Política del Estado con los estatutos autonomistas.

Desairado por la derecha oligárquica, con la que busca un acuerdo de largo aliento para compartir el poder según admitió el propio García Linera, el gobierno de indígenas y campesinos pobres va perdiendo apoyo popular en las ciudades cada día que pasa, producto del incesante alza del costo de vida y la casi total ausencia de cambios positivos en la precaria situación económica y social de la gente más empobrecida.

Aunque con grandes dificultades organizativas, los sindicatos y las organizaciones populares urbanas han comenzado a retomar su independencia de clase y cuestionan la política gubernamental de conciliación con la burguesía y su abandono de las principales reivindicaciones políticas y económicas a favor de los más pobres (nacionalización real de gas, petróleo y minerales, tierras para campesinos, mejor salario para obreros y desmantelamiento del neoliberalismo). Ellos reclaman un combate real contra la oligarquía, las transnacionales y el imperialismo y una mejora sustancial de sus condiciones de vida y de trabajo.

Ofensiva ultraderechista

Desde la derecha, el acoso sobre el gobierno se hizo más patente este miércoles, a pocas horas de que el vicepresidente García Linera demandara una pacificación. “El tirano más rudo no podrá contra los hombres más libres. No va a lograr que este proceso se pare, es irreversible, esto no lo detiene nadie“, dijo desafiante el prefecto (gobernador) de Santa Cruz, Rubén Costas, que ratificó la convocatoria a una consulta popular para el domingo 4 de mayo, fecha en que los terratenientes y la burguesía oriental intentan aprobar un estatuto autonomista que, aunque es ilegal e inconstitucional, les faculta para conformar su propio Parlamento, su propia Policía y tomar el control total sobre la tierra, la educación y los impuestos (ver “La oligarquía arma su propio Estado”).

Marinkovic y Costas son dos de los principales voceros de los 100 clanes que dirigen desde el oriente y los valles de Bolivia la rebelión oligárquica contra el gobierno indígena y campesino de Morales que controla el altiplano (La Paz, Oruro y Potosí) y parcialmente los valles (área rural de Cochabamba y Chuquisaca) (ver “La rebelión de los 100 clanes”).

Presión latifundista

La rebelión oligárquica también avanza en las regiones de Beni y Pando, fronterizas con Brasil, y donde los clanes latifundistas ejercen un poder despótico y casi absoluto. El prefecto Ernesto Suárez de Beni convocó ayer a la consulta, luego de que la Corte Departamental Electoral certificara que había más firmas de las necesarias para convocar un referéndum departamental.

En Pando, el primer vicepresidente del Comité Cívico, Ricardo Shimokawa, dijo que en las próximas horas la Corte Electoral entregará la validación de más de 10.000 firmas y de inmediato el Consejo Departamental autorizará al prefecto Leopoldo Fernández a seguir los pasos de sus colegas Costas y Suárez y llamar un referéndum para validar la carta autonómica que fue redactada el pasado 15 de diciembre.

Con estas acciones, la oligarquía del oriente y los valles, que enarbola la bandera de la autonomía regional y por ello cuenta con la masiva adhesión de organizaciones empresariales, cívicas, sociales y populares urbanas, desestimó el ofrecimiento del gobierno para ablandar su proyecto de Constitución e incluir las demandas autonómicas y reivindicaciones de la oligarquía.

Referéndum revocatorio

Desairado por los terratenientes y la burguesía, las fuerzas leales al presidente Morales intensificaron su presión sobre el Parlamento para que convoque a un referéndum revocatorio con el que quieren lograr un respaldo en las urnas para Evo y paralelamente intentar defenestrar a alguno de los prefectos opositores, antes de que avancen hacia sus autonomías separatistas.

El revocatorio es asumido como una presión desde el oficialismo para forzar a la oligarquía a buscar un gran pacto social sobre la base de mantener la unidad nacional, el respeto a la democracia formal, a la propiedad privada, a la inversión privada nacional y extranjera, y mantener en términos menos conflictivos la vigencia de dos gobiernos, uno en el altiplano con Evo a la cabeza y otro en las regiones del oriente y los valles dirigido por la oligarquía.

"Si se mantiene la actitud de la intransigencia, de seguir violentando el ordenamiento jurídico, de seguir presionando, de seguir colocando ultimátums y una actitud radical, el diálogo está condenando al fracaso", alertó García Linera.

"Si este último esfuerzo fracasa no será por voluntad del Congreso sino por la presión de actores políticos externos, sociales como regionales, que no están apostando al diálogo", agregó.

Expectativas oligárquicas

Sin embargo, la oligarquía, que viene fortaleciéndose en los dos últimos años, cree que puede seguir acumulando fuerzas y poder con la política de confrontación contra Morales, que pierde apoyo en las ciudades casi en la misma proporción en que se devalúan los salarios y aumentan los precios de los alimentos.

Aunque aún son una minoría, los sectores más reaccionarios de los 100 clanes familiares, que concentran en sus manos las tierras y tienen el control casi absoluto de la agroindustria, el comercio exterior, la banca y los grandes medios de comunicación, pugnan por defenestrar al “indio presidente”, mientras que otros creen que el derrocamiento de Morales no está aún al alcance de sus manos, pero sí su desgaste.

Los sediciosos cuentan con el directo apoyo y financiamiento de la Embajada de Estados Unidos y su representante Philip Goldberg, que por ahora trabaja para consolidar la virtual división de Bolivia, con Morales en el altiplano y los gobernadores derechistas en la otra mitad del país. En los hechos, esta división es aceptada y tolerada por el gobierno de Evo y su Movimiento al Socialismo (MAS).

Desborde por la izquierda

Por ello, desde la óptica de los sindicatos revolucionarios, se considera que el gobierno de Evo, -que representa los intereses económicos y políticos de los indígenas y campesinos, la mayoría de ellos pequeños propietarios de parcelas, y de los microproductores urbanos-, está manteniendo en pie el neoliberalismo y favoreciendo más a los grandes empresarios que a los trabajadores y asalariados.

“La continuación de la política económica neoliberal impide la planificación de la economía, ocasionando la subida desmesurada, incontrolable y abusiva de los artículos de primera necesidad, generando una inflación que, en los hechos, ha superado el 15%. Los trabajadores bolivianos, tanto del sector público como privado, exigimos la reposición urgente del valor adquisitivo de los salarios de acuerdo al costo de vida y la canasta familiar”, señala un pronunciamiento del ampliado de la Central Obrera Departamental de Oruro.

“El Gobierno sostiene que para un aumento de salarios tendría que incrementar el IVA y el IT (Impuesto al Valor Agregado y a las Transacciones). Sin embargo no explica por qué en la Ley 3787 de 24 de noviembre de 2007 rebaja la alícuota del impuesto minero al oro que explotan las trasnacionales del 7% al 5%. Asimismo debe responder el por qué de la promulgación de la Ley 3788 de la misma fecha, donde se mantiene la devolución del IVA y los CEDEIMS a los exportadores de hidrocarburos, minerales y productos derivados. Igualmente debe explicar por qué el impuesto del 82% a los hidrocarburos decretado en mayo del 2006 ahora es simplemente 50%”, agrega.

Retroceso y conciliación

Según el análisis de los obreros, los dos primeros años del gobierno de Morales constituyeron un retroceso para los trabajadores y sindicatos que ilusamente confiaron en una política más progresista de Morales y de su gobierno campesino-indígena.

“El largo plazo concedido al Gobierno desde su posesión en enero del 2006 sólo significó retroceso para el movimiento obrero y popular por la política de concertación con la minoría oligárquica asumida por el gobierno del MAS, facilitando la rearticulación de la derecha a través de sus partidos MNR, PODEMOS, UN, NFR, ADN, MIR y otras agrupaciones que bajo la máscara de ciudadanas sólo defienden los intereses de los terratenientes y empresarios trasnacionales”.

“El verdadero proceso de cambio no puede tener otro contenido que el de ejecutar las Agendas por las cuales el pueblo derramó su sangre y que son parte fundamental del Pliego Único Nacional de la COB:

a) Recuperación y nacionalización de nuestros hidrocarburos, yacimientos mineros, forestales y demás recursos naturales b) Reversión de las empresas capitalizadas al Estado c) Abrogación del Decreto 21060 y las leyes neoliberales que fueron aprobadas en las décadas pasadas (Ley de Capitalización, de Pensiones, de Reforma Educativa, de Municipalidades, del Estatuto del Funcionario Público, de Concesiones, de Inversiones, de Minería, de Tierras, etc)”.

Guerra contra los ricos

El documento aprobado por los dirigentes de la Centra Obrera de Oruro, que está bajo la dirección de los mineros proletarios, expresa que la única vía para derrotar a la oligarquía conspiradora es arrebatarle las tierras, las minas, los bosques, el gas y sus grandes capitales.

“La posición de los trabajadores es inalterable con respecto a la “media luna” y sus portavoces prefecturales, cívicos y paramilitares. No permitiremos la división de la Patria y rechazamos el pacto o concertación planteada por estos oligarcas y terratenientes que, a fin de mantener sus privilegios, utilizan todos los medios a su alcance para distorsionar, confundir y provocar enfrentamientos entre los pobres del país”.

“Los ricos son una minoría pero que posee la casi totalidad de la riqueza nacional. Ese poder económico les permite manipular y corromper a círculos de poder. Es hora de arrebatar esa fuente de poder económico irracionalmente utilizado para los pobres de nuestro país que son la mayoría que siempre estuvo excluida del poder soportando discriminaciones étnicas, raciales, de género, etc”, agrega el documento de los trabajadores.

Otro pronunciamiento de la Federación de Mineros también advierte: A los Prefectos debemos manifestar que no dudaremos en utilizar la fuerza obrera para encausar nuestras demandas reivindicativas que propusimos con el cambio estructural político, económico y social. Si el Gobierno y los Prefectos no leen lo que en verdad el pueblo precisa, seremos los obreros y el pueblo boliviano los que impongamos una política SOCIALISTA”.