El presidente Lula da Silva enfrenta duras presiones por parte de la
oposición, que pretende crear una Comisión Parlamentaria para investigar
los gastos reservados de la Presidencia, que casi se duplicaron en los
últimos cuatro años y sumaron unos 58 millones de dólares. La respuesta
oficial no se hizo esperar. Los aliados de Lula piden que la comisión se
extienda al gobierno anterior, de Fernando Henrique Cardoso y al estado de San
Pablo, el más rico del país y gobernado por el opositor Partido de la Social
Democracia Brasileña.
La ofensiva de la oposición agrava la crisis iniciada por la divulgación, por
parte de la prensa, de los elevados gastos realizados por funcionarios
gubernamentales con las tarjetas de crédito corporativas entregadas por el
Estado a sus asesores.
Los gastos reservados del gobierno federal pueden realizarse, entre otras
formas, con las llamadas tarjetas de crédito corporativas, cuyo uso indebido
por parte de altos funcionarios estatales provocó la semana pasada la renuncia
de la ministra de Igualdad Racial, Matilde Ribeiro, quien gastó más de 100 mil
dólares con la tarjeta en 2006.
Incluso, una involucra al propio Lula, con gastos de 32 mil dólares hechos por
Joao Fernandes Junior, el encargado de seguridad de la hija del mandatario.
"Los gastos normales del gobierno no necesitan secreto, no es un tema de
seguridad nacional. Pero gastos en cosas fútiles no son sólo una
irregularidad, sino también un delito", sostuvo el líder del Partido
Socialista brasileño (PSB) en el Senado, Renato Casagrande.
Los aliados de Lula acusaron al gobernador de San Pablo, José Serra, del PSDB,
por los elevados gastos -también secretos- hechos a través de las tarjetas
corporativas. Pero desde la oposición denuncian que el gobierno "intenta
justificar sus abusos por la idea de que otros partidos también los cometen",
e insisten en la creación de una Comisión Parlamentaria de Investigación.
La actual crisis reaviva la "guerra" entre el gobernante Partido de los
Trabajadores (PT), de Lula da Silva, y su principal rival político, el Partido
de la Social Democracia de Brasil (PSDB).
La oposición busca "transformar esa cuestión en una gigantesca crisis política
para desgastar la imagen del gobierno del presidente Lula ante la opinión
pública", afirmó el partido oficialista, en un comunicado.