En las últimas dos semanas se han incautado más de 13.000 toneladas de comida en Venezuela como parte del Plan de Soberanía Alimentaria iniciado para luchar contra la especulación, el acaparamiento y el sabotaje de la cadena de distribución alimentaria. Al anunciar estas medidas en su programa de radio Aló Presidente, el 22 de enero, el presidente Chávez dijo que "entre las responsabilidades del gobierno, una de ellas es atacar el modelo capitalista, los monopolios y las estafas, para que el pueblo, los trabajadores, junto con el gobierno puedan hacer avanzar el país".

Esta ofensiva es bienvenida. La escasez de comida ha sido un problema constante durante la mayor parte del año 2007, de las estanterías de las tiendas privadas y de la red de distribución estatal Mercal escaseaban los alimentos básicos.

La escasez de comida es el resultado de una combinación de factores. Por un lado está el sabotaje económico abierto por parte de la clase dominante, con el objetivo de socavar la base de apoyo de la revolución bolivariana. Los productos se retiran deliberadamente de la cadena de distribución alimentaria, se publican en los medios de comunicación historias sobre la escasez con la intención de provocar el pánico entre la opinión pública. Por otro lado, los controles de precio y regulaciones introducidos por el gobierno para intentar proteger a los trabajadores, han reducido los márgenes de beneficio de los campesinos capitalistas, que han respondido con una negativa a producir o venden sus productos en el mercado negro, y también desviando la producción hacia productos que no están regulados.

Por último, la existencia del mercado negro ha estimulado la corrupción a todos los niveles de la distribución alimentaria, incluido el Mercal, donde los burócratas de distintos niveles desvían productos de los mercados populares al mercado negro donde se venden a un precio mucho mayor. Todos estos factores se añaden a los problemas de una economía basada en la exportación de petróleo, donde una clase capitalista parasitaria no está interesada en producir para el mercado nacional y donde una gran parte de la agricultura se concentra en unas pocas empresas capitalistas agrarias que venden sus productos en el mercado mundial. Como resultado de esta situación, Venezuela se ve obligada a importar el 70 por ciento de los alimentos que consume.

La crisis de la escasez de comida del año pasado tuvo un impacto importante en los resultados del referéndum constitucional. La derrota de las reformas propuestas fue consecuencia del aumento masivo de la abstención en las zonas obreras y pobres que tradicionalmente votaban en masa a Chávez y a la revolución bolivariana.

Dos ejemplos sirven para ilustrar esta situación: en Coche, una zona de clase obrera al sur de Caracas -que jugó un papel clave en la derrota del golpe de estado de abril de 2002 y que salió en masa y rodeó los barracones de Fuerte Tiuna-, cuando las elecciones presidenciales de 2006 Chávez consiguió 21.000 votos, mientras que en el referéndum sólo 12.000 votaron a favor de la reforma constitucional. La oposición sólo consiguió aumentar 2.000 votos, de 11.000 a 13.000 votos, pero que bastaron para derrotar las propuestas de reforma en este barrio.

Petare es otra zona de clase obrera y un barrio pobre del este de Caracas, conocido por su movilización revolucionaria, jugó un papel clave en la recuperación de los estudios de Canal 8 durante la lucha contra el golpe. Aquí Chávez en diciembre de 2006 consiguió 112.000 votos, pero la reforma constitucional sólo recibió 61.000. La oposición aumentó en 1.000 votos, a 97.000, y la reforma fue derrotada.

Pero la escasez de comida en sí misma no fue la razón por la que 3 millones de bolivarianos se abstuvieron en el referéndum. La mayoría de ellos sabían por propia experiencia que la escasez de comida era producto de una campaña deliberada de sabotaje por la oligarquía. El factor crucial fue que al gobierno no se le veía hacer nada. Algunos ministros despreciaron la magnitud del problema o incluso negaron la existencia de escasez. En realidad, en marzo de 2007 el gobierno había aprobado una Ley contra el Sabotaje, Acaparamiento y Especulación que ya permitía la incautación de almacenes de comida y la expropiación de los que participasen en este tipo de actividades. Sin embargo, como en muchas otras cosas, esta ley de no se implantó de una manera seria.

Es evidente que el propia Chávez cada vez estaba más frustrado por la falta de acción en este terreno. En una reunión de la Comisión Económica de Planificación Nacional pidió al Ministro de Agricultura y Tierra, Elía Jaua, una lista de aquellas empresas implicadas en el sabotaje de la distribución y producción de alimentos para expropiarlas. Si no estaba dispuesto a hacerlo, dijo Chávez, le cesaría. Pero aún no se ha hecho nada. Hizo falta la derrota de la reforma constitucional para que se tomaran medidas a este respecto.

Contrabando, acaparamiento, especulación, todo forma parte de un plan deliberado de sabotaje

Las regiones con mayores cantidades de comida incautada son las fronterizas con Colombia, particularmente Táchira, donde muchas empresas en lugar de vender sus productos en el mercado venezolano, donde los precios de los alimentos básicos están regulados, los pasan de contrabando a Colombia para venderlos por un beneficio mucho mayor. Para evitar que esto ocurra, el gobierno ha introducido regulaciones muy estrictas en el transporte de varios productos alimentarios básicos (leche, arroz, café, maíz, legumbre y sorgo) a los estados fronterizos de Apure, Táchira y Zulia.

Al explicar estas medidas Chávez insistió en que si la Guardia Nacional no era suficiente, el ejército de reserva sería enviado a vigilar la frontera y evitar el contrabando: "He ordenado que si la Guardia Nacional no basta para mantener seguras nuestras fronteras, carreteras y caminos, tendremos que enviar a todo el ejército para detener el contrabando. Y si tenemos que armar al pueblo, iremos con los batallones de reservas".

El lunes 21 de enero, más de 500 toneladas de comida fueron confiscadas por la Guardia Nacional, iban a bordo de 18 camiones camino a Colombia, en la frontera del estado de Táchira. Entre los productos incautados había muchos que llevaban meses escaseando en las tiendas venezolanas, incluido azúcar, arroz, pasta y leche. En el estado de Zulia (dirigido por el gobernador opositor Manuel Rosales), se confiscaron otras 400 toneladas de alimentos y más de 190 establecimientos fueron sancionados. La cantidad total de alimentos incautados en los primeros tres días del plan, sólo en los estados de Táchira, Zulia y Alto Apure, fue de 1.600 toneladas. El fin de semana la cifra ascendía ya a 5.000 toneladas sólo en la región, la aplastante mayoría incautada en almacenes al por mayor.

En el este del país, cuando acabó la primera semana de aplicación del Plan Nacional, la guardia había confiscado 8.000 toneladas de comida, sobre todo en Anzoategui, pero también en los estados de Bolívar y Monagas, que después se vendieron al público a precios regulados. En la región centro-occidental se confiscaron otras 770 toneladas de comida. Estas cifras son una muestra de la escala de la campaña de sabotaje y probablemente son sólo la punta del iceberg.

Las operaciones abarcan todos los niveles de la cadena de distribución alimentaria y muestran las diferentes formas en que la oligarquía está saboteando la distribución de productos de alimentación básicos. Después en Carabobo, el 17 de enero, la Guardia Nacional incautó 7,5 toneladas de azúcar de distintos supermercados, mercados y tiendas, que se vendían un 25 por ciento por encima de su precio regulado, después se vendieron al público. En Zulia, la Guardia Nacional encontró 71 toneladas de leche en polvo en los almacenes de la empresa Nestlé, que según sus propios libros se había almacenado y no se había distribuido. Después se vendieron en la red de supermercados populares del Mercal. Con relación al sector al por menor, el Instituto para la Defensa del Consumidor (Indecu), impuso multas y cierres temporales a 1.635 establecimientos que habían participado en la especulación y vendido por encima de los precios oficiales.

La Guardia Nacional también tiene como objetivo el principal grupo monopolista de la distribución de alimentos, Polar, que demuestra que la escasez de comida es parte de una campaña organizada deliberadamente por la oligarquía contra la revolución bolivariana. El 24 de enero, 27 camiones pertenecientes a Alimentos Polar fueron confiscados, en ellos había 350 toneladas de alimentos básicos y 165 toneladas de harina de maíz, en los estados de Táchira, Mérida, Bolívar y Monagas. El director de Palmonagas, una subsidiaria de Polar en Monagas, fue detenido con esta operación. El Grupo Polar es propiedad de la familia Mendoza, una de las familias más ricas y poderosas de la oligarquía venezolana, y además está en el puesto número 119 de la lista de las 400 personas más ricas del planeta. Jugaron un papel clave en el sabotaje de la economía durante el cierre patronal de diciembre de 2002-febrero de 2003. En realidad, su propiedad hace tiempo que debería haber sido expropiada.

El parlamentario de la asamblea nacional, Manuel Villalba, lo dijo claramente: "Todo esto demuestra la existencia de una campaña, dirigida y orquestada por grupos económicos poderosos, que fueron los mismos que se opusieron a la reforma constitucional, particularmente en la propuesta destinada a ilegalizar los monopolios. Con sus acciones criminales ellos quieren provocar una reacción de la población que lleve a una explosión social".

¿Por qué no se emprendió ninguna acción antes del referéndum?

Estas no son noticias para los activistas revolucionarios de Venezuela que saben desde hace meses de la existencia de esta campaña de sabotaje. En noviembre de 2007, el Frente Nacional Campesino Ezequiel Zamora (FNCEZ), convocó una manifestación fuera de la sede de la federación empresarial, Fedecamaras, con la consigna: "Si os lleváis nuestra comida, os arrebataremos vuestras fábricas". ¿Por qué no se emprendió ninguna acción antes del referéndum? Es bastante probable que elementos reformistas, en y alrededor, de la dirección del movimiento bolivariano aconsejaran a Chávez ser "moderado", que no pareciera que "amenaza la propiedad privada", que no "era el momento adecuado", etc.

Ahora vemos a donde llevó este "consejo". La política de los elementos reformistas burocráticos del movimiento bolivariano es una receta segura para la destrucción de la revolución, que sólo puede sobrevivir y avanzar hacia la victoria basándose firmemente en la movilización revolucionaria de las masas bolivarianas para golpear a la oligarquía reaccionaria.

Las concesiones no resolverán nada

Al mismo tiempo que se implanta una política estricta contra la especulación y el acaparamiento, el gobierno ha hecho concesiones a los productores privados. Los controles de precios que afectan a unos 400 productos distintos se han eliminado, sólo quedan 20. La primera de estas medidas que se anunció fue la subida del precio regulado de la leche para los productores de 1,1 bolívares a 1,5. Estas concesiones fueron menospreciadas por el presidente de la Asociación Nacional de Criadores de Ganado (Fedenagas). Dijo que el aumento de precio de la leche era "demasiado pequeño y demasiado tarde" y que el precio debería estar fijado entre 1,8 y 2,2 bolívares, por tanto, piden un aumento del 100 por ciento.

Declaraciones como esta subrayan el hecho de que la producción para el beneficio privado entra en directa contradicción con la producción para satisfacer las necesidades de la población. Ningún tipo de concesión contentará a la oligarquía y sí acercará el final de la propia revolución.

Para intentar llegar a un acuerdo con el aspecto del problema relacionado con la producción, el gobierno modificó la ley que regula el crédito para el sector agrícola, fijó un tipo de interés máximo del 15 por ciento y aumentó la duración de los créditos de 3 a 20 años. Chávez insistió en que si los bancos incumplían estas regulaciones serían sancionados, "no sólo con una pequeña multa, aquellos bancos que no las cumplan serán intervenidos". Cuando inauguraba la primera planta socialista de leche en Machiques, Zulia, Chávez declaró que las empresas que vendan su leche directamente a las multinacionales extranjeras por encima de los precios regulados para después convertirla en queso o en otros productos lácteos que no están regulados, serán expropiadas, junto con las plantas de leche involucradas.

El gobierno también ha anunciado dentro de este Plan de Soberanía Alimentaria, la creación de PDVAL (un ala de distribución y producción de alimentos parte de la propiedad estatal petrolera PDVSA). "PDVAL debería ser como un hermano para Mercal, y su objetivo es garantizar los suministros básicos de comida a todos los venezolanos, sin especulación ni explotación de los trabajadores".

La confiscación de almacenes de comida por parte de la Guardia Nacional y otros organismos puede aliviar temporalmente el problema, pero no puede resolverlo a largo plazo. Basarse en las instituciones del aparato del estado que todavía es un estado capitalista para resolver los problemas de clase obrera es como poner a un zorro a cuidar las gallinas. La corrupción y los intereses capitalistas dominan todas las partes del aparato del estado, incluso de aquellos a cargo de garantizar la distribución de comida.

Parte del Plan de Soberanía Alimentaria, las instalaciones de la Oficina Regional de Provisión de Productos Alimentarios del paso fronterizo de San Antonio del Táchira fueron ocupadas debido a una investigación de una red de corrupción que funciona dentro de esa oficina. En el estado de Zulia se ha descubierto un anillo de especulación dentro de la red estatal de supermercado de alimentos Mercal. Durante mucho tiempo, los trabajadores de Mercal, organizados en el Sindicato de Trabajadores Bolivarianos de Mercal (Sinutrabmercal) habían denunciado estas mafias dentro del Mercal y exigido el control por parte de los trabajadores y las comunidades como la única manera de detenerlos.

Por una campaña revolucionaria de ocupaciones de fábricas y tierras

La única alternativa real para tratar el problema es nacionalizar bajo el control de los trabajadores y grupos comunitarios los sectores estratégicos clave de la economía, que ahora están en manos de dos o tres grupos monopolistas. Para expropiar a la oligarquía, los trabajadores no pueden basarse en la burocracia estatal sino que sólo pueden basarse en su propia iniciativa revolucionaria. Por lo tanto, es alentador ver como en toda una serie de regiones del país, se han creado consejos comunales para luchar contra la especulación, se han creado comisiones de investigación y desenmascarado a las empresas que participan en el sabotaje y la especulación.

El Frente Nacional Campesino Ezequiel Zamora (FNCEZ), que ha estado en la primera línea de la lucha campesina revolucionaria contra los latifundios, también declaró su apoyo entusiasta a la lucha contra el sabotaje, dijo que pondrían a todas sus fuerzas en estado de alerta. "Estamos poniendo todas nuestros activos sociales y políticos acumulados, organizados en 1.000 consejos comunitarios, 60 colonias campesinas y 360 comunidades organizadas a disposición del pueblo venezolano, a disposición del comandante Chávez", estas son las palabras de Orlando Zambrano, portavoz nacional del FNCEZ.

En el barrio obrero de Caracas, El Valle, la comunidad también tomó la iniciativa. El 30 de enero, 49 consejos comunitarios organizaron en la parroquia una movilización, ocuparon las instalaciones del gas abandonadas durante el cierre patronal de 2002. Decidieron poner las instalaciones bajo el control directo de los consejos comunitarios y exigieron que se instalara allí una estación de llenado de botellas de bombonas de gas (que también sufre escasez), junto con el PDVAL local. El dirigente revolucionario local, Alí Verenzuela, declaró que esta era su respuesta a la campaña de sabotaje destinada a dejar a las comunidades obreras de Venezuela sin gas para cocinar.

En el estado de Sucre, la UNT (Unión Nacional de Trabajadores) declaró que "el año 2007 un gran número de empresas implicadas en la producción, importación y distribución de comida, y también varios supermercados y otros detallistas, comenzaron una campaña de sabotaje con el objetivo de desestabilizar al gobierno bolivariano". Para participar en la lucha contra especulación, la UNT de Sucre ha decidido crear equipos de trabajadores que irán a cualquier empresa o almacén que incumpla la ley y organizará un piquete hasta que llegue la Guardia Nacional.

Esta es el tipo de iniciativa que debería haber tomado la UNT a nivel nacional hace mucho tiempo. Demuestra el tremendo potencial que los trabajadores tienen para controlar y planificar la industria, si fueran ellos los que la organizaran. Los trabajadores saben muy bien qué empresas participan en la campaña deliberada de sabotaje. Los trabajadores deben ocupar sus fábricas e instalaciones, exigir, como ha dicho el propio presidente Chávez, su expropiación y, añadimos, para que sean dirigidas bajo control obrero.

Una campaña nacional en esta línea, lanzada por el ala revolucionaria de la UNT, junto con organizaciones campesinas como el FNCEZ, los consejos comunitarios y organizaciones revolucionarias de base, los batallones socialistas del PSUV, el movimiento de fábricas ocupadas Freteco, etc., conseguiría muchas cosas. Por un lado, dejaría claro que la responsabilidad de la escasez de comida recae sobre los hombros de la oligarquía. En segundo lugar, mostraría una salida adelante al hacer que los campesinos y los trabajadores tuvieran la responsabilidad sobre la producción de comida, procesamiento y distribución. Enviaría una señal clara de que el socialismo es posible. Y por último, daría un impulso a la movilización de las masas bolivarianas. Los trabajadores y los campesinos tomarían la iniciativa de nuevo y pondrían a los reformistas, burócratas y a la oligarquía a la defensiva.

La crisis alimentaria en Venezuela contiene lecciones muy importantes para el futuro de la revolución bolivariana. En primer lugar, no puedes regular el mercado capitalista. El capitalismo se basa en la producción para el beneficio, si intentas evitarlo o limitarlo, no habrá producción. Por lo tanto, la existencia continuada de la propiedad privada de los medios de producción, procesamiento y distribución de comida entra en directa contradicción con las necesidades de la mayoría de la población. La propiedad privada de la industria alimentaria debería desaparecer y ser gestionada como parte de un plan democrático de la economía en manos de los trabajadores, campesinos y consumidores.

Las concesiones a los capitalistas no pueden resolver el problema. Todo lo contrario, lo empeoran. Introducen desmoralización y apatía entre las filas de las masas revolucionarias. Y la oligarquía las toma como un signo de debilidad y llevará a una intensificación de su ofensiva contra la revolución.

El actual aparato del estado no es fiable para poner en práctica una política revolucionaria a favor de las masas. Necesita ser sustituido por instituciones revolucionarias basadas en los consejos comunitarios, consejos de fábrica, comunidades campesinas, etc., a través de las cuales los trabajadores y campesinos puedan ejercer directamente su poder.

La derrota en el referéndum constitucional fue una advertencia: si la revolución no es capaz de resolver las necesidades de las masas, fracasará. La respuesta espontánea de muchos trabajadores, campesinos y grupos comunitarios a nivel local para organizar y poner fin a la escasez de comida es una imagen de lo que sería posible si existiera una campaña consciente y estatal. El instinto revolucionario y la fuerza de voluntad de las masas demuestran que la correlación de fuerzas aún es favorable a la revolución, pero también que, debido a la ausencia de dirección, esta fuerza de voluntad por sí sola es insuficiente para aplastar a la oligarquía y acabar la revolución.

La falta de comida y la ausencia de dirección son dos caras de la misma moneda. La tarea de resolver las necesidades inmediatas está, por tanto, vinculada a la tarea de la construcción de una dirección y organización revolucionarias que es necesaria para que los trabajadores tomen el poder y se muevan hacia la genuina transformación de la sociedad.