El ministro de Energía, Rafael Ramírez, aseguró que, pese a que la mayor
compañía estadounidense busca desestabilizar al país y crear pánico sobre sus
finanzas, las exportaciones, el flujo de caja y las operaciones diarias de
Petróleos de Venezuela (PDVSA) no se verán afectadas por la medida.
"Estamos sorprendidos (de) que una empresa (Exxon) que se jacta de tener tales
niveles de seriedad y operaciones en todo el mundo pretenda tenernos a
nosotros en una situación de terrorismo judicial, de terrorismo legal", dijo
a periodistas Ramírez, quien ocupa la presidencia de PDVSA.
Pese a los intentos de minimizar la situación por parte del ministro, la deuda
soberana venezolana continuaba bajando el viernes tras derrumbarse en la
víspera, cuando el mercado se vio sacudido por un fallo judicial en el que
Exxon logró que se congelaran activos y cuentas bancarias de PDVSA.
La petrolera estadounidense exige a Venezuela una multimillonaria
compensación por la nacionalización en el 2007 del proyecto un proyecto
petrolero que operaba en el país.
El ministro aseveró que Venezuela "no tiene congelado ningún activo",
aunque reconoció que el fallo ha embargado "temporalmente" fondos por unos 300
millones de dólares.
"Nosotros no vamos a ceder ante eso, vamos a derrotarlos en el terreno
(judicial) que está planteado", agregó Ramírez, quien se mostró confiado en
revertir esa medida cautelar y lograr ganar el arbitraje contra Exxon.
En la próxima semana, Venezuela presentará sus alegatos contra la decisión en
una corte de Nueva York, ya que según Ramírez las sentencias favorables a
Exxon en tribunales de Reino Unido, Holanda y Antillas Holandesas no le afectan
por no poseer activos por 12.000 millones de dólares en esos países.
La agencia calificadora Fitch dijo el viernes en un comunicado que el
dictamen judicial casi no tendrá impacto de corto plazo en las operaciones
petroleras de Venezuela, ni en su calidad crediticia o en su flexibilidad
financiera.
El presidente Hugo Chávez, un feroz enemigo de Washington, ordenó el año pasado
tomar el control operativo y accionario de los cuatro mejoradores de crudo
pesado de la Faja Petrolífera del Orinoco, una controvertida operación que se
saldó con la salida del país de Exxon y ConocoPhillips.
Las petroleras internacionales interpusieron entonces sendos arbitrajes contra
Venezuela para lograr una compensación a precio de mercado por sus activos en la
Faja, aunque Conoco ha asumido una postura menos agresiva que Exxon en el
proceso.