La casi total impunidad de que gozan los mercenarios contratados por Estados Unidos en Iraq puede estar llegando a su fin.

Por William Fisher - IPS

Bajo el nuevo Acuerdo sobre el Estatus de las Fuerzas Militares (SOFA, por sus siglas en inglés), aprobado a fines de noviembre por el gobierno iraquí, los contratistas estadounidenses estarán sujetos a la ley de Iraq por primera vez.

Además, algunos observadores creen que Iraq puede estar en condiciones de responsabilizarlos legalmente por delitos presuntamente cometidos incluso antes de aprobado el SOFA.

En el otro extremo de la ecuación Estados Unidos-Iraq, hubo meses de aparente inactividad, marcada por continuas dudas sobre la supuesta jurisdicción legal de Washington sobre los contratistas.

El Departamento de Justicia estadounidense puede presentar cargos contra tres mercenarios por su participación, en septiembre de 2007, en el fusilamiento de 17 civiles iraquíes en Bagdad.

Los guardias de seguridad acusados son empleados de Blackwater Worldwide, la firma más grande y más destacada entre las que emplea Estados Unidos en Iraq.

La prensa estadounidense informa que los cargos contra los empleados de Blackwater podrían basarse sobre una ley antidrogas de los años 80.

La Ley Contra el Abuso de Drogas, aprobada en 1988 para frenar la epidemia de crack que vivía Estados Unidos, prevé condenas de 30 años de cárcel por usar ametralladoras para cometer delitos violentos de cualquier tipo, aun cuando no haya drogas involucradas.

Los guardias de Blackwater --condecorados veteranos militares contratados para proteger a diplomáticos estadounidenses en el exterior-- respondían a un atentado con coche bomba cuando estalló un tiroteo en un transitado cruce de Bagdad.

Se sospecha que los guardias abrieron fuego con ametralladoras que les dio el gobierno e instaladas en las torretas de sus camiones blindados.

Blackwater alega que su convoy fue objeto de una emboscada realizada por insurgentes. Pero, según testigos, no medió provocación alguna hacia los mercenarios.

Sin embargo, llevar a juicio a los guardias será una batalla ardua, porque sigue sin estar claro si pueden ser acusados en Estados Unidos o en otro país por delitos cometidos en el exterior.

Deberían ser acusados bajo una ley que cubre a soldados y contratistas militares, pero Blackwater trabaja para el Departamento de Estado (cancillería), no para las fuerzas armadas. Por eso no resulta claro qué ley se aplica a los mercenarios.

Una promesa de inmunidad que el Departamento de Estados habría extendido a varios guardias de Blackwater a cambio de sus declaraciones juradas, poco después del tiroteo, complica aun más el caso. Los fiscales no pueden usar estas declaraciones para apoyar su caso.

Blackwater y otros contratistas de seguridad bien podrían también afrontar juicios entablados por Bagdad por actos cometidos antes, cuando supuestamente estaban amparados por la inmunidad bajo las leyes de Iraq.

En junio de 2004, la Autoridad Provisional de la Coalición que administró Iraq luego de la invasión estadounidense de 2003 concedió inmunidad a los mercenarios. Pero el nuevo SOFA no impide explícitamente que Iraq presente cargos penales con retroactividad.

El tiroteo contra civiles iraquíes por parte de Blackwater concitó el interés de los legisladores del Partido Demócrata, hoy en la oposición y desde enero en el gobierno, en aprobar leyes más duras para los contratistas de seguridad en el exterior.

Un proyecto de ley en ese sentido fue presentada el año pasado por Barack Obama, entonces senador demócrata por el central estado de Illinois y ahora presidente electo.

La iniciativa habría extendido la jurisdicción de la ley estadounidense para que cubriera a los mercenarios en Iraq, encargado al FBI (Buró Federal de Investigaciones) de la investigación de sus delitos y requerido que el Departamento (ministerio) de Defensa revelara sus contratistas y definiera límites a sus actividades.

Los legisladores del hoy gobernante Partido Republicano y la Casa Blanca impidieron la aprobación del proyecto.

La Oficina de Presupuesto del Congreso estima que en lo que va de 2008 se gastaron más de 10.000 millones de dólares en mercenarios y que entre 25.000 y 30.000 empleados de firmas de seguridad estuvieron en Iraq desde comienzos de este año.

Y también que, si el gasto en contratistas se mantiene como ahora, se habrá pagado 100.000 millones de dólares a contratistas militares para operaciones en Iraq.

Esta Oficina reveló que alrededor de 20 por ciento del financiamiento para operaciones en Iraq se destinó al pago de mercenarios. Actualmente, dijo, hay por lo menos 190.000 contratistas en Iraq y los países vecinos.

"Ya no hay argumentos para defender la privatización a tal escala de la guerra sin establecer responsabilidades. Cosecharon lo que sembraron", dijo a IPS Craig Jennings, analista de la organización de vigilancia OMB Watch.

Uno empresa kuwaití que actuó como subcontratista de la firma estadounidense KBR fue acusada de retener a unos 1.000 hombres de Bangladesh, India, Nepal y Sri Lanka entre uno y tres meses, sin pagarles, hacinados en galpones cerca del aeropuerto de Bagdad, esperando para iniciar las obras para los que habían sido llevados a Iraq y que nunca se realizaron.

Najlaa International Catering Services, la compañía kuwaití que los contrató, accedió a pagarles y a repatriarlos porque los obreros realizaron protestas públicas..

KBR es una ex subsidiaria de la Corporación Halliburton, la más grande de los contratistas estadounidenses privados en Iraq. Se la acusa de derroche, fraude y abusos.

Dieciséis soldados de la Guardia Nacional del estado de Indiana demandan a KBR por exponerlos en 2003 a químicos tóxicos en Iraq. Los efectivos dijeron que el sitio estaba contaminado con cromo hexavalente, "uno de los cancerígenos más potentes", y que KBR lo sabía.

Los contratistas estadounidenses que trabajan en Iraq han sido sujetos de numerosas demandas presentadas ante tribunales de Estados Unidos.

En una de ellas, presentada en mayo ante un tribunal federal de Los Ángeles, Emad Al-Janabi, herrero iraquí de 43 años, aseguró haber sido encarcelado por error, golpeado y sacado de su casa a la fuerza por personas de civil o que vestían uniformes militares estadounidenses en septiembre de 2003.

Lo liberaron de la prisión de Abu Ghraib, sin cargos, en julio de 2004.

Los acusados son las firmas contratistas CACI International, CACI Premier Technology y L-3 Communications Titan Corporation, y el ex mercenario de CACI Steven Stefanowicz, conocido en Abu Gharib como "el gran Steve".

La demanda sostiene que los mercenarios sometieron a Al-Janabi a torturas físicas y mentales en sesiones donde los acusados actuaron como interrogadores y traductores. Alega que los contratistas lo transportaron a un sitio de detenidos en una caja de madera y lo cubrieron con una capucha.

Su rostro quedó con una cicatriz cuando un interrogador le arañó los ojos, lo expuso a la falsa ejecución de su hermano y sobrino y lo colgó boca abajo con sus pies encadenados a las tablillas de acero de una litera hasta que perdió la conciencia.

Además, lo privaron reiteradamente de alimentos y sueño y lo amenazaron con perros.

En octubre de 2003, durante una inspección sorpresa de Abu Ghraib, el Comité Internacional de la Cruz Roja descubrió a Al-Janabi desnudo, encadenado y magullado en una celda del pabellón "duro" de la prisión.

Según la demanda, era un "detenido fantasma", al que se ocultó intencionalmente de la Cruz Roja en inspecciones posteriores y al que se hizo no aparecer en las listas de prisioneros.

La demanda destacó que CACI proporcionó interrogadores a Abu Ghraib y que L-3 empleó a todos los traductores.

Stefanowicz estuvo vinculado a abusos cometidos allí en procedimientos de tribunales militares marciales y se dijo que dirigió a soldados en interrogatorios.