Sólo una fracción de los estimados 100.000 miembros de ese movimiento, también conocido como Sahwa o "Hijos de Iraq", se integró en las fuerzas de seguridad regulares. Esto alimenta el temor de que el resto, la gran mayoría, reanuden los combates contra el gobierno, de predominio chiíta.

Gran parte de los integrantes de ese grupo son ex insurgentes sunitas que se desvincularon de la red extremista Al Qaeda en Iraq y se alinearon con las fuerzas estadounidenses, fenómeno que produjo una notable mejora en materia de seguridad.

El proceso podría revertirse si el gobierno del primer ministro Nouri al-Maliki continúa demorando la completa integración de los ex insurgentes, o realiza acciones que sugieren que busca desmovilizar y dispersar a ese grupo.

El Sahwa, como fuerza organizada, nunca tuvo apoyo del gobierno iraquí. Su lealtad fue sólo con Estados Unidos. Se basó sobre la enemistad compartida hacia Al Qaeda y el apoyo de Washington, incluido un salario mensual de 300 dólares a cada uno de sus miembros.

Aproximadamente la mitad de los "hijos de Iraq" están radicados de la provincia de Anbar.

Estados Unidos planea ceder su control --junto con el de estos grupos-- al gobierno central el 1 de octubre. Esto podría interrumpir el pago, lo que contribuirá a que los ex insurgentes se sientan marginados en lugar de integrados.

El destino de los grupos Sahwa está relacionado con una lucha de poder entre los sunitas y el papel que juega en la cada vez más impredecible relación entre las fuerzas de ocupación estadounidenses y el gobierno de Al-Maliki.

Algunos analistas hacen referencia a un orgullo "desmesurado" del primer ministro y su círculo íntimo, como resultado de algunas acciones recientes, entre ellas ofensivas en Basora y Ciudad Sadr, además de su fuerte oposición a la versión original de un acuerdo de seguridad entre su gobierno y Estados Unidos.

Ese orgullo, sugieren algunos, ha llevado a Al-Maliki a intentar desmantelar a los grupos Sahwa, a pesar de sus estrechos lazos con Washington y el riesgo de que puedan dar nuevamente su apoyo a la insurgencia.

"El gobierno iraquí realmente quiere eliminarlos y no desea incorporarlos a las fuerzas de seguridad, mientras que Estados Unidos le pide que incorpore al menos a 50.000", dijo a IPS Juan Cole, profesor de la Universidad de Michigan.

También mencionó a las luchas de poder entre los sunitas como un factor importante.

Aunque muchos sunitas boicotearon las elecciones de 2005, el Partido Islámico Iraquí, cuyos miembros pertenecen a esa comunidad, participó en ellas y luego se integró en el bloque sunita en el parlamento. Al-Maliki apoyó a esa fuerza política y esto podría explicar su desdén hacia los grupos Sahwa.

Estos últimos desconfían de la preferencia del primer ministro por el Partido Islámico y temen ser perjudicados en los próximos comicios provinciales, que supuestamente tendrían lugar en octubre pero fueron postergados indefinidamente.

Hubo enfrentamientos entre miembros de los grupos Sahwa y del Partido Islámico en la provincia de Anbar. Ya sea que Al-Maliki intente convertir a esa fuerza política en la única voz legítima de los sunitas o no, es evidente el desprecio de gran parte del gobierno central hacia los "hijos de Iraq".

"El Estado no puede aceptarlos. Sus días están contados", declaró al diario estadounidense The New York Times Jalaladeen al-Sagheer, un importante dirigente chiíta de la coalición de Al-Maliki.

El gobierno emitió órdenes de arresto contra alrededor de 650 líderes de los grupos Sahwa y algunos ya han sido detenidos. Otros miembros abandonaron sus casas y pasaron a la clandestinidad.

Al-Maliki declaró el lunes que pagaría e integraría en las fuerzas de seguridad a 20 por ciento de los integrantes de los grupos Sahwa, pero un portavoz del gobierno, Ali al-Dabbagh, puso en duda los números.

Aunque Estados Unidos asegura que son casi 100.000, Al-Dabbagh señaló que para el gobierno hay sólo 50.000 y señalo, además, que unos cuantos deberían ser "purgados".

"Esto suena como la receta para tener a 85.000 miembros de esos grupos extremadamente descontentos. Hay que ver qué ocurre finalmente, pero no soy optimista, a juzgar por la experiencia pasada sobre cómo han sido tratados por el gobierno iraquí", señaló Marc Lynch, profesor de la Universidad George Washington.

A su juicio, "esto será otro clavo en el ataúd de la idea de que mejoras en materia de seguridad llevarán al gobierno a un entendimiento con sus rivales".

Si los miembros de los grupos Sahwa reanudan la actividad insurgente, se desvanecerán los éxitos de la estrategia estadounidense aplicada a partir de 2006, que llevó a decrecientes niveles de violencia en Bagdad y otras áreas sunitas.

Si uno de los objetivos principales de esa estrategia fue crear las condiciones para la reconciliación política, estas disputas entre el gobierno y los ex insurgentes sunitas indican que es prematuro declarar que ha sido exitosa......................uestra gente esta patrullando muy lejos de su base", afirmó el ministro de Defensa australiano, Joel Fitzgibbon, en respuesta a las críticas generadas por el informe sobre los abusos de civiles afganos.

"Es lamentable que haya algunas sensibilidades culturales, pero estamos en guerra en Afganistán contra gente que no se detendrá ante nada para reinstaurar un régimen en el que los derechos humanos no existen", agregó Fitzgibbon.

Australia es uno de los países que sumó tropas a la coalición occidental liderada por Estados Unidos que invadió Afganistán y desplazó del poder a las milicias islamistas Talibán en 2001, tras los atentados que acabaron con 3.000 vidas en Nueva York y en Washington el 11 de septiembre de ese año.

El 29 de abril, tras un combate para "limpiar" un complejo en la provincia de Oruzgan, cuatro hombres, supuestamente combatientes talibanes, fueron tomados prisioneros.

Según las denuncias contenidas en el informe, los detenidos, entre ellos un hombre de 70 años y otro con su pierna izquierda amputada a la altura de la rodilla, fueron empujados contra un muro dos o tres veces y golpeados con un palo.

Soldados afganos declararon que los detenidos "fueron desnudados, golpeados y maltratados".

El coronel australiano D.K. Connery, quien estuvo a cargo de la investigación, señaló, sin embargo, que la pesquisa "no encontró evidencia creíble sobre abuso de prisioneros".

Connery sugirió que los soldados afganos "se oponían a que 'infieles' trataran a musulmanes y que no creían que un anciano y un hombre con una pierna amputada pudieran ser miembros del Talibán".

Asimismo, indicó, los afganos podrían haberse sentido más indignados por el hecho de que las tropas australianas mantuvieran a los prisioneros en corrales "que habían sido empleados antes para guardar perros".

Este detalle indignó a la comunidad musulmana en Australia, ya que su religión considera que los perros son "impuros".

El portavoz del Alto Consejo Islámico de Australia, Mohamed Mehio, condenó esa práctica, argumentando que corrales para perros no son aceptables para musulmanes o seguidores de otras creencias.

El embajador de Afganistán en Australia, Amanullah Jayhoon, también se quejó.

Fitzgibbon afirmó que las acciones de las tropas australianas no violaron las disposiciones de la Convención de Ginebra. También puso en duda que el lugar de detención hubiera sido utilizado con anterioridad como alojamiento para perros, a pesar de lo señalado en el informe.

Pero, señalan algunos observadores, prácticas que pueden resultar aceptables en Australia son vistas con otros ojos por los afganos, cuando las conducen, fundamentalmente, fuerzas de ocupación.

El informe se conoció en un momento especialmente tenso entre las autoridades afganas y las fuerzas de ocupación.

El país está sufre el periodo más sangriento desde el derrocamiento del régimen talibán, como consecuencia de la invasión de 2001. El gobierno del presidente Hamid Karzai acusó a las fuerzas de ocupación de matar a más de 500 civiles en lo que va del año.

A fines de agosto hubo protestas públicas en Kabul, la capital afgana, que incluyeron bloqueos de carreteras, por la muerte de una familia de cuatro miembros, que incluía a dos niños. Otros cuatro niños murieron en un ataque de artillería de las tropas occidentales, que también dejó siete heridos.

Estos incidentes se sumaron a informes sobre un gran número de bajas civiles durante un ataque aéreo a la localidad de Herat.

El gobierno de Karzai señaló que docenas de civiles murieron, mientras que, según la Organización de las Naciones Unidas, alrededor de 90 personas perdieron la vida, entre ellas 60 niños. Para Estados Unidos, el número se limita a cinco.

Analistas señalan que las fuerzas occidentales afrontan una dura batalla para ganar las "mentes y corazones" de los afganos. Creen que las diferencias culturales deben ser tomadas en cuenta cuando se libra una guerra de guerrillas como la que está en curso en Afganistán.

Opinan, asimismo, que ganar las "mentes y corazones" de los civiles será un punto clave para legitimar al gobierno afgano que cuenta con el apoyo de las potencias occidentales.