A medida que se acerca el quinto aniversario de la Guerra de Iraq (**), cada vez es más difícil encontrar voces que defiendan el argumento, en su día incontestable, de que "el contingente adicional ha funcionado". Mientras permanecen en Iraq los 30.000 soldados extra de la ocupación estadounidense, los analistas coinciden en que los motivos más importantes con que se explicaba el descenso de la violencia a fines de 2007 -especialmente el surgimiento de las milicias suníes de Al Sahwa, 'el despertar'- se hacen cada vez más inciertos. Las milicias armadas por los Estados Unidos, presentadas como un tremendo éxito de Washington porque dejaron de atacar a las fuerzas ocupantes para colocar su punto de mira contra la Al Qaeda activa en suelo iraquí, están empezando a enemistarse entre sí, lo cual coincide con un aumento de los ataques de fuerzas vinculadas con Al Qaeda, la violencia intrasuní, y las crecientes grietas sociales y políticas en las zonas donde operan estas milicias. Desde diciembre de 2007, han muerto más dirigentes de 'el despertar' que soldados estadounidenses, lo cual indica que los niveles de violencia van al alza, pero como éstos afectan especialmente a los iraquíes, Washington lo sigue pregonando como una victoria. En la misma línea, el hecho de que hace poco Muqtada Al Sadr anunciara que su milicia prorrogaba el alto el fuego otros seis meses apunta a cuán poca influencia tienen los Estados Unidos a la hora de determinar los niveles de violencia. Y es que Al Sadr podría cambiar de opinión en cualquier momento. Al parecer, también Irán ha instado a sus aliados iraquíes a que pongan freno a la violencia; al menos, por ahora. Y en muchas zonas de Iraq, sobre todo en aquellas que en su día estaban habitadas por comunidades muy mezcladas, la violencia ha disminuido porque la salvaje limpieza étnica que desencadenó la ocupación estadounidense prácticamente ha tocado fin y, en muchos lugares, la "pureza" religiosa o étnica es casi total, por lo que simplemente no hace falta más violencia sectaria para expulsar al "otro". Los motivos de celebración, por tanto, son muy pocos.

Y aunque las probabilidades más inmediatas de un ataque militar contra Irán se han reducido desde que en diciembre se diera a conocer un informe de los servicios secretos según el cual Teherán no tiene ningún programa de armas nucleares, la posibilidad de que eso suceda no se puede descartar por completo. La política estadounidense en la región se basa en la reivindicación de su dominio indiscutible de la zona, y en desafiar a Irán por la hegemonía regional. El estacionamiento del buque de guerra USS Cole frente a las costas libanesas estaba pensado precisamente para enviar a Siria, el aliado árabe más cercano a Irán, el mensaje de que los Estados Unidos no dudarían en recurrir a la fuerza. Si no directamente en contra de Irán, sí en contra del aliado de Teherán, centrándose en la influencia siria en Líbano. Incluso los diarios proestadounidenses en la región están informando de que la presencia del Cole -ahora sustituido por otros tres buques de la marina estadounidense- pretendía transmitir el mensaje de que "los Estados Unidos han perdido la paciencia con Siria".

La política en Iraq, mientras tanto, parece basarse en mantener una ocupación permanente: bases permanentes, despliegue permanente de tropas (aunque sea con la mitad de efectivos, según el partido que ocupe la Casa Blanca), dependencia permanente de mercenarios. En cuanto a Irán, a pesar de las conclusiones del informe de la inteligencia estadounidense de que el país carece de un programa de armas nucleares, prosiguen las amenazas y las presiones, y la posibilidad de emprender ataques militares "sigue sobre la mesa". En lo que respecta a Israel-Palestina, los Estados Unidos se niegan a ejercer ningún tipo de presión sobre Tel Aviv, incluso para que aplique un primer plan de lo que sería, según las propias propuestas de Washington en Annapolis, una solución de dos Estados a fines de año.

En Gaza, los cinco días de ataques israelíes han dejado a una población ya asediada, empobrecida y privada de todos los derechos, luchando por recuperarse de las mayores pérdidas humanas desde que Israel ocupó la Franja en 1967. La cifra de muertos -entre 125 y 131 personas, la mitad de ellas civiles, al menos 22 niños, 4 bebés- se tradujo en una multitud de tiendas de duelo que flanqueaban las carreteras destruidas en las zonas más afectadas. Se tiene noticia de al menos 370 niños heridos. Los hospitales han tenido que hacer frente a los cientos de heridos graves sin poder contar con un suministro eléctrico estable y con una tremenda escasez de fármacos básicos, piezas de repuesto para equipamiento médico y material quirúrgico. Incluso las ambulancias fueron blanco del fuego israelí; 3 trabajadores de equipos médicos han resultado heridos y al menos uno, muerto. La destrucción se ha cebado especialmente en los campos de refugiados, ya aquejados por la insalubridad y el hacinamiento. En la propia ciudad de Gaza, dos bombas de un F-16 proporcionado por los Estados Unidos destruyeron el edificio de cinco plantas que albergaba la sede de la Federación General Palestina de Sindicatos y dañaron seriamente un gran número de casas cercanas.

La protesta internacional ha sido intensa, e incluso funcionarios de la ONU y la Unión Europa han condenado la violencia "desproporcionada" y "excesiva" de Israel. Por su parte, Israel ha aducido, como tiene por costumbre, que sus ataques sólo se han producido "en respuesta" al lanzamiento de cohetes por parte de los palestinos. Pero esa excusa pasa por alto el hecho inmediato de que ese mismo lanzamiento de cohetes había aumentado sólo después del último "asesinato selectivo" cometido por Israel contra un dirigente militante en Gaza, en el que también resultaron muertos varios miembros de su familia. Y lo que es aún más importante: ignora por completo el hecho de que Israel sigue siendo la potencia ocupante de Gaza. Según John Dugard, relator especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos, "ello significa que sus acciones deben evaluarse de acuerdo con las normas del derecho internacional humanitario y de los instrumentos de derechos humanos. En virtud de esas normas, Israel está cometiendo una grave violación de sus obligaciones internacionales. El castigo colectivo de Gaza por Israel está prohibido expresamente por el derecho internacional humanitario y ha dado lugar a una grave crisis humanitaria".

Dugard condena debidamente los ataques palestinos que aterrorizan a civiles israelíes, pero arguye que esos actos son una "consecuencia dolorosa pero inevitable" de la ocupación israelí. "Si bien esos actos no pueden justificarse", escribe Dugard, "debe entenderse que son la consecuencia dolorosa pero inevitable del colonialismo, el apartheid o la ocupación". En su informe, señala también que la violencia no se detendrá mientras Israel siga ocupando tierras palestinas, y que "por esa razón es preciso hacer todo lo posible por poner fin cuanto antes a la ocupación. Mientras no se logre, no cabe esperar que se restablezca la paz, y la violencia proseguirá (...) Israel no puede esperar a que la paz sea total y a que acabe la violencia para poner término a la ocupación". Las palabras de Dugard adoptan un significado especialmente impactante en el contexto del tiroteo perpetrado el 6 de marzo por un palestino en una escuela religiosa de Jerusalén vinculada con el movimiento colono, que dejó a ocho estudiantes israelíes muertos y a muchos más heridos.

Cuando Condoleezza Rice se dejó caer por la zona, se dedicó a repetir el mismo papel que desempeñó en 2006, en pleno bombardeo israelí del Líbano: se negó a instar a un alto el fuego, ya que eso significaría negociar con el Gobierno palestino de Gaza encabezado por Hamás o al menos, en cierto sentido, reconocer su existencia. En lugar de eso, aprovechó el momento para intensificar la presión sobre Mahmud Abbas, el dirigente responsable de la Autoridad Palestina respaldada por los Estados Unidos en Cisjordania, a seguir con las negociaciones de paz. Abbas, a pesar de las constantes presiones entre él y el Gobierno de Hamás en Gaza, respondió a la tremenda presión de su propia población y, durante los primeros días de los ataques contra la Franja, suspendió todos los encuentros con Israel. Pero sometido después a las presiones de la secretaria de Estado, accedió a reanudar las negociaciones, aunque sin concretar cuándo. El New York Times se hacía eco de una humillante secuencia de los hechos: Abbas informaba a los periodistas de que volvería a las negociaciones sólo después de que se aceptara una tregua entre Israel y Hamás, a lo que seguía una llamada telefónica de Rice e, inmediatamente después, otra declaración de Abbas de que "tenemos la intención de reanudar" el proceso de paz.

La visita de Rice debe entenderse como el último episodio de la larga tradición de suministro directo de armas e instigación de la violencia palestina por parte de Washington, como demuestra un explosivo artículo de Vanity Fair recién publicado que documenta, por primera vez, el papel directo desempeñado por el Gobierno Bush a la hora de armar y fomentar la guerra civil que tuvo lugar el año pasado en Gaza. La acción encubierta fue aprobada por el presidente Bush y puesta en práctica por la propia Rice y por Elliott Abrams, el principal asesor de Bush en Oriente Medio del Consejo de Seguridad Nacional y famoso por haber sido condenado por mentir al Congreso durante el escándalo Irán-Contra en los años ochenta. El artículo confirma con toda suerte de detalles cómo los Estados Unidos asumieron la iniciativa de forzar la militarización de la brecha entre Hamás y Fatah, confiando para ello en el jefe de seguridad de Fatah, Mohamed Dahlan -al que el mismo Bush había aludido como "nuestro hombre"- , y posibilitando la acción con millones de dólares en armas y formación militar. Cuando el Congreso prohibió parte del gasto en armas para las fuerzas palestinas, el Gobierno Bush (como sucedió con el Irán-Contra) recurrió a sus aliados del mundo árabe para que éstos se comprometieran a aportar fondos y armamento.

Pero incluso mientras Rice seguía presionando a Abbas para que no interrumpiera las infructuosas "negociaciones" con Israel, los ataques israelíes contra Gaza, aunque de menor escala, no cesaron, como tampoco se detuvo la expansión de los asentamientos en Cisjordania. La oficina de coordinación humanitaria de la ONU en Jerusalén informó de que, en Cisjordania, Israel había impuesto "un aumento en el número de obstáculos físicos desde Annapolis", refiriéndose, entre otras cosas, a puestos de control militar, vallas, barreras y montañas de tierra. La ONU documentó hasta 580 de este tipo de barreras en Cisjordania, un 50% más que en 2005. Y en Gaza, incluso antes de la explosión de violencia de los últimos días, las condiciones se estaban deteriorando hasta niveles muy peligrosos. Según un nuevo informe elaborado por organismos humanitarios y de derechos humanos británicos, el 80% de la población de Gaza depende de la ayuda alimentaria internacional, un porcentaje que en 2006 era del 63%. El desempleo se sitúa oficialmente por encima del 40%, en gran medida porque hasta el 95% de la industria de Gaza ha cerrado a raíz de que Israel ha prohibido todas las importaciones de materias primas a la Franja asediada y todas las exportaciones de ésta.

Y el Congreso siguió echando leña al fuego, poniendo en manos de Israel más armas y contraviniendo la legislación estadounidense en materia de control de exportación de armas y ayuda externa. Este año, los contribuyentes estadounidenses proporcionarán a Israel 2.550 millones de dólares en envíos de armamento, lo cual representa un aumento del 9% con respecto al gasto real en 2007. Éste es el primer envío del compromiso asumido por los Estados Unidos de incrementar, durante los próximos diez años, los envíos de armas a Israel en un 25%. Así, del total de 30.000 millones de dólares, Israel gastará un 25% en sus propios fabricantes de armas, mientras que el 75% restante irá a parar principalmente a empresas estadounidenses que se lucran con las guerras como Motorola, Caterpillar, Lockheed Martin, Boeing o General Dynamics. Y aún frente al ataque más sangriento contra Gaza en los 40 años de ocupación, el Congreso respondió con un voto de 404 contra 1 a favor de apoyar a Israel y condenar el lanzamiento de cohetes por parte de palestinos contra civiles israelíes; al parecer, los aproximadamente 130 civiles palestinos no existían. (Ron Paul votó 'no'; los diputados McDermott, Moran, Capuano y Abercrombie votaron "presente".)

La actual intensificación de la violencia pone de manifiesto la urgente necesidad de un alto el fuego inmediato, que incluiría el fin del lanzamiento de cohetes de los palestinos contra objetivos civiles y el cese de todos los ataques militares por parte de Israel (entre otros, bombardeos desde aviones, helicópteros y aeronaves teledirigidas; ataques con cohetes, ataques navales contra los pescadores de Gaza, e incursiones con tanques y soldados), de los asesinatos deliberados conocidos como "asesinatos selectivos", de las demoliciones de casas y del cerco sobre la Franja. Tras abandonar la región, Condoleezza Rice apoyó al jefe de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, y pidió a Egipto que negociara con Israel y Hamás "un mecanismo para calmar la situación en la Franja de Gaza". A pesar de todo, se negó a emplear el término "alto el fuego" porque ello implicaría otorgar legitimidad o reconocimiento a Hamás.

Dada la nefasta situación política a la que se enfrentan los palestinos que viven bajo la ocupación y el apartheid, las posibilidades de acción se limitan principalmente a formas de resistencia violenta, formas de resistencia no violenta y popular, o a la capitulación. Un auténtico alto el fuego podría volver a abrir las puertas a la segunda opción de resistencia de que disponen los palestinos: la movilización no violenta generalizada y a gran escala. Esa fue precisamente la elección estratégica de la primera intifada o levantamiento (1987-1993), una elección que siguió viva, aunque con menor protagonismo, durante la segunda intifada y que se ha vuelto a ver por última vez en Gaza, que fue testigo, gracias al apoyo de Hamás, de un extraordinario acto en que participó más de la mitad de la población para reivindicar colectivamente el derecho humano a desplazarse y viajar, y a cubrir necesidades vitales básicas, durante años negados por el ejército de Israel, a través de los agujeros abiertos en el muro fronterizo que separa Gaza de Egipto por el paso de Rafah el mes pasado.

Y dado que aún no existe ninguna estrategia gubernamental o intergubernamental seria para poner fin a la ocupación israelí y modificar sus políticas segregacionistas, el papel de los movimientos de la sociedad civil internacional sigue siendo de vital importancia. Tanto en los Estados Unidos como en el resto del mundo, la campaña a favor del boicot, las desinversiones y las sanciones está ganando un nuevo impulso y aumentando su influencia como instrumento para ejercer una presión económica colectiva y no violenta sobre Israel.

La visita de Rice a la región llegó sólo unas semanas antes de que se celebre en Damasco una reunión de la Liga Árabe, la primera desde la conferencia de Annapolis organizada por Bush en noviembre con el objetivo de consolidar el apoyo árabe para su movilización contra Irán. Egipto y Arabia Saudí, que cuentan con el respaldo estadounidense, habían estado organizando un boicot del encuentro con la idea de obligar a Siria y Líbano a aceptar el plan de la Liga Árabe para abordar la larga crisis constitucional que afecta al dividido Gobierno libanés. Pero las dinámicas de poder de la cumbre se revelan ahora muy distintas. Las sociedades árabes están furiosas con Israel y sus aliados estadounidenses por la matanza de Gaza; buques de guerra estadounidenses están surcando las aguas frente a la costa libanesa, desacreditando a la coalición mayoritaria proestadounidense de Beirut y reavivando el recuerdo de los bombardeos del USS New Jersey en Líbano en 1983; y los aliados estadounidenses están a la defensiva, corriendo tanto como pueden para distanciarse de todo vínculo con Washington.

La demostración de fuerza de los Estados Unidos, con sus buques de guerra fondeados frente a las costas libanesas, se debe tomar muy seriamente. Arabia Saudí y otros países del Golfo aconsejaron a sus ciudadanos que abandonaran Líbano el día después de que el primer buque tomara posiciones. El ex embajador estadounidense en Siria, Richard Murphy, tildó la medida de "diplomacia de cañón", afirmando que los Estados Unidos no sabían qué hacer con respecto a Líbano. Washington dice que está desplegando los buques como señal a Siria y otros países de Oriente Medio del compromiso estadounidense con la región. Y no se puede descartar nada teniendo en cuenta que se trata de un Gobierno con los días contados, conocido por su imprudencia y su confianza en la fuerza militar como primera opción y resuelto a mantener su hegemonía en Oriente Medio a pesar de lo que por parte de Irán se podría considerar como un desafío.

Incluso mientras aumenta la presión directa de los Estados Unidos sobre el principal aliado árabe de Irán, Siria, la movilización de Washington contra Teherán sigue estando firmemente en pie. La sonada visita del presidente iraní a Bagdad pareció casi como un gesto de burla al presidente Bush. El trayecto en coche de Ahmadineyad desde el aeropuerto a la capital iraquí y otras ciudades, y sus paseos, aparentemente relajados, por mercados y mezquitas, fueron deliberadamente orquestados para contrastar con el secretismo y la alta seguridad que caracterizan las breves visitas de Bush a Iraq, donde se cobija en alguna base militar estadounidense durante unas horas para después salir a toda prisa. También representó un desafío más serio al mismo control del Gobierno iraquí, al recordar a Washington que aunque los funcionarios hayan sido elegidos al amparo de la ocupación estadounidense, muchos de ellos tienen vínculos más tradicionales con Teherán.

Este desaire simbólico, sin embargo, no cambia la gravedad de los continuos esfuerzos del Gobierno Bush por aislar y castigar a Irán. A pesar del informe de los servicios secretos que salió a la luz en noviembre, en que los 16 organismos de la inteligencia estadounidense coinciden en que Irán no tiene un programa de armas nucleares, y a pesar de un informe más reciente de la Agencia Internacional de la Energía Atómica (AIEA), en que se constataba que Irán estaba colaborando para dar respuesta a sus preguntas y que los investigadores de la AIEA sólo necesitaban un poco más de tiempo para finalizar el trabajo, los Estados Unidos no cejaron en su empeño por ampliar las sanciones contra Irán.

Dadas las nuevas circunstancias tras conocerse los informes de la inteligencia estadounidense y la AIEA, las duras sanciones que los Estados Unidos hubieran deseado imponer contra Teherán tuvieron que suavizarse significativamente para que la postura de Washington pudiera ser viable en el Consejo de Seguridad de la ONU. De forma que la sustancia real de la resolución sobre las sanciones tiene pocas consecuencias inmediatas; la adopción de medidas como las restricciones de viajes o la congelación de bienes depende, voluntariamente, de cada país. Pero el simbolismo del acto fue muy importante, y la aprobación de la resolución con un voto casi unánime representó un tremendo golpe a la legitimidad del Consejo y del conjunto de las Naciones Unidas, y un triste recordatorio del poder que detentan los Estados Unidos y sus aliados europeos más fuertes (en este caso, Francia, Gran Bretaña y Alemania) con respecto a los gobiernos más comprometidos con el no alineamiento. En los días que precedieron a la votación, los diplomáticos ante el Consejo de Seguridad de Sudáfrica, Libia e Indonesia dejaron claro que no respaldarían nuevas sanciones. Viet Nam no se pronunció, pero todo indicaba que rechazaba en gran mediad la iniciativa estadounidense. El viernes anterior a la votación, prevista para el lunes 3 de marzo, los periodistas esperaban al menos cuatro votos en contra.

Tras un fin de semana de presiones orquestadas bajo la batuta del presidente francés Sarkozy, respaldado por Bush, el Consejo emitió un voto de 14 contra 0 a favor de imponer las nuevas sanciones, de momento inofensivas. Indonesia se abstuvo. Sudáfrica, Libia y Viet Nam respaldaron a los Estados Unidos. Lo que aún no está claro es qué amenazas se plantearon. Pero ninguno de esos gobiernos intentó siquiera afirmar que Irán representara una amenaza a sus intereses nacionales; por el contrario, todos ellos tienen vínculos tradicionales con Teherán. Ninguno de ellos intentó denunciar que Irán está construyendo armas nucleares. En lugar de todo eso, unos diplomáticos visiblemente incómodos hablaron de mantener la unidad del Consejo, de hablar con una sola voz, de que Irán tendría "que escuchar". Fue un cuadro vergonzoso, especialmente para los países tradicionalmente no alineados, una traición a la notable independencia que en su día representó este movimiento.

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(*) Phyllis Bennis es investigadora del Institute for Policy Studies ( www.ips-dc.org) y del Transnational Institute ( www.tni.org). Acaba de publicar, junto con el equipo de trabajo sobre Irán de IPS, un nuevo informe sobre las tensiones entre Washington y Teherán: Iran in the crosshairs: How to prevent Washington's next war