El asunto es complejo pero, expuesto en términos simples, se trata de aprovechar las ventajas tributarias derivadas de las diferentes legislaciones existentes en la materia en distintos países. La operación, en el caso de los municipios germanos, consistió en “vender” virtualmente bienes de infraestructura a “inversionistas” estadounidenses, y tomarlos simultáneamente en arriendo con un sistema de leasing. El negocio consiste en que el “inversionista” –por lo general bancos u otras entidades estadounidenses- podía deducir ciertos items de sus impuestos. Y este “ahorro tributario” se traduce en dinero contante y sonante. Un porcentaje de esa suma  (entre el 4 y el 5%) era la “ganancia” del vendedor, en este caso los mencionados municipios.

En Magdeburgo fueron vendidos virtualmente los autobuses y tranvías.La lista de transacciones de este tipo realizadas en Alemania es bastante larga. Por citar sólo un par de ejemplos, en Dresde se vendieron vagones de tranvía y plantas depuradoras de agua, en Düsseldorf, el sistema de alcantarillado. Dortmund, por su parte, “vendió” virtualmente el famoso estadio cerrado Westfallenhalle, y Bonn sus tranvías. Y suma y sigue.

Lo que parecía la gallina de los huevos de oro, amenaza sin embargo con convertirse ahora en pesadilla. Diversos factores han provocado el ingrato despertar de este sueño del dinero fácil. Entre ellos, desde luego, el estallido de la crisis financiera en Estados Unidos. Según indica Rügemer, el monto del precio de compra que pagó el inversionista es depositado por el municipio en cuestión en un banco. Con ese dinero, el banco paga al inversionista norteamericano las cuotas de leasing. En general se trata de bancos europeos, como el suizo UBS. Si bien no están  contra las cuerdas en la misma medida que algunos de sus pares en Estados Unidos, “basta con que una agencia de rating les rebaje el puntaje, para que la parte alemana tenga que cambiar de banco”, de modo de que las garantías no se vean afectadas, explica el especialista. Y hace notar que esto “no es gratis, sino que cuesta millones”, sobre todo por concepto de “asesoramiento”.

Y hay otro ingrediente a estas alturas muy inquietante: para cubrir los riesgos, se han contratado seguros. Por ejemplo, con el consorcio AIG, que pese a la gigantesca operación de rescate de que fue objeto, ha quedado muy magullado. En este panorama turbulento, las pólizas suben, lógicamente. Y son los municipios los que deben asumir esos gastos. El negocio, en suma, se vuelve en contra de ellos. Pero es difícil salir del embrollo. Werner Rügemer intenta organizar una iniciativa en busca de una forma de poder rescindir los contratos correspondientes antes del plazo estipulado (en torno a unos 30 años), sin que ello suponga pagar siderales sumas de indemnización. No se puede vaticinar si tendrá éxito, pero sí que el panorama se presenta turbulento, máxime porque la Justicia de Estados Unidos ha dictaminado que estos negocios no son más que una argucia para evadir impuestos y les ha puesto coto. En consecuencia, esta forma de cross border leasing ha perdido atractivo para los “inversionistas” estadounidenses que, sin embargo, intentarán asegurarse de no salir perdiendo.