La fiscalía sostiene que los desaparecidos están muertos y los delitos prescribieron.

Por
Juan Carlos Algañaraz -
Clarín

El fiscal jefe de la Audiencia Nacional apeló ante este tribunal la decisión del juez Baltasar Garzón de iniciar un histórico proceso contra Francisco Franco y los principales responsables de la rebelión contra la República imputándolos por su responsabilidad en un plan de exterminio sistemático. El juez se declaró competente para investigar la desaparición de 114.266 asesinados durante la Guerra Civil y la represión posterior.

La fiscalía reclama a los 18 jueces de la Sala en lo Penal de la Audiencia la anulación del auto de Garzón considerando que su pretensión "aboca inevitablemente a una inquisición general en nuestra Constitución". El acusador público afirma que "es público y notorio que las víctimas fueron ejecutadas y por tanto estamos ante delitos de asesinato que han prescripto".

Garzón se declaró competente el jueves pasado para investigar la desaparición de por lo menos 114.266 fusilados durante la guerra civil y la represión posterior. Por primera vez, un juez imputó directamente a Francisco Franco y a los principales 34 altos jefes que se rebelaron contra la República, de ser responsables de un plan de exterminio sistemático de los republicanos, lo que a juicio de Garzón constituye un contexto de crímenes de lesa humanidad. Además, el fiscal entiende que estos delitos comunes han prescripto por la Ley de Amnistía de 1977.

El fiscal aclara que este recurso no paraliza la orden de Garzón para que se abran 19 fosas comunes en una de las cuales se esperan encontrar los restos del gran poeta español Federico García Lorca. Hoy circuló una versión de que las tareas en la tumba ubicada en la localidad de Alfacar (Granada) comenzarían en un mes. Los trabajos de desenterramiento e identificación demorarían dos meses más. Después de conocerse la apelación fiscal, se reanudo la polémica que no deja a nadie indiferente en España. Garzón quiere indagar los crímenes del franquismo apoyado en la "permanencia delictiva de las detenciones ilegales puesto que aún no se ha dado razón cierta del paradero de las víctimas", por lo cual los hechos no prescriben.

Sobre el cuestionamiento de la fiscalía que afirma la irretroactividad de la ley penal, Garzón menciona la sentencia del Tribunal Supremo que condenó al ex oficial de la Armada Argentina, Adolfo Scilingo, a 1.084 años de cárcel como autor de crímenes contra la humanidad cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada en 1976. En esa fecha el delito no existía como tal en el Código Penal español, ya que fue introducido en noviembre de 2003. El Alto tribunal establece que los tribunales españoles eran competentes en virtud del principio de jurisdicción universal, al considerar que los actos de Scilingo supusieron un ataque sistemático contra una parte de la población por lo que se consideran crímenes contra la Humanidad.