Los jefes de Estado y de Gobierno europeos quieren
relanzar este jueves la controvertida idea de una supervisión coordinada de los
mercados en Europa, que hoy en día se lleva a nivel nacional, según un proyecto
de las conclusiones de su cumbre de Bruselas obtenido por la AFP.
IAR
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/
AFP
En ese documento, los 27 países de la
Unión Europea (UE) subrayan "la necesidad de reforzar la supervisión del
sector financiero europeo, especialmente de los grupos transnacionales, con
vistas a desarrollar un sistema coordinado de supervisión a nivel europeo".
En lo inmediato, los líderes europeos piden a los supervisores nacionales de
los diferentes países "reunirse por lo menos una vez por mes para proceder a
intercambios de información".
En el marco del reforzamiento de sus medidas contra la crisis, los europeos
tienen previsto aprobar además la creación de una "célula de crisis
financiera" que los gobiernos podrán consultar en todo momento en caso de
dificultad, según el mismo proyecto de declaración.
Por otro lado, los líderes de la Unión Europea (UE) adoptaron este jueves en
su cumbre de Bruselas el 'Pacto europeo de Inmigración y Asilo', anunció el jefe
de Estado francés
Nicolas Sarkozy, presidente en ejercicio del bloque e impulsor de esta
controvertida iniciativa de migración selectiva.
"El Pacto ha sido adoptado de forma unánime", dijo Sarkozy en una conferencia
de prensa al final de la cumbre de los 27 jefes de Estado y de gobierno
europeos.
"El Consejo Europeo adoptó el Pacto europeo de Inmigración y Asilo, que
refleja el compromiso de la Unión Europea y sus Estados miembros de llevar a
cabo una política justa, eficaz y coherente frente a los desafíos y las
oportunidades que representan las migraciones", indican las conclusiones
adoptadas por los líderes de la UE este jueves.
"El Pacto constituye ahora para la Unión y sus Estados miembros la base de
una política común (...), guiada por un espíritu de solidaridad entre Estados
miembros y cooperación con los países terceros", agrega el texto. El Pacto
incluye una serie de "principios fundamentales" a respetar por los 27 Estados
miembro, para evitar "afectar los intereses de los demás" y cooperar en la lucha
contra la
inmigración clandestina.
Según el Pacto, los países de la UE
siguen siendo libres para organizar la inmigración legal "en función de sus
prioridades, sus necesidades y sus capacidades de recepción nacionales". Por
otra parte, los europeos también seguirán siendo libres para elegir los medios
de luchar contra los clandestinos, unos 8 millones en el conjunto de la UE. En
ese marco, cada país puede elegir regularizarlos o expulsarlos, aunque para ello
deberán utilizar un procedimiento "caso por caso" y no en forma generalizada.
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