"Ingushetia merece la atención de todo el mundo porque lo que sucede allí sería inconcebible en un país civilizado, donde si alguien es sospechoso de terrorismo, lo detienen. En Ingushetia lo matan o simplemente desaparece. A la gente la torturan y ninguna lucha contra el terrorismo puede justificar esta acción de las autoridades y la violación de todas las normas del comportamiento humano", afirmó Liudmila Alexéiyeva, jefa del Grupo de Helsinki de Moscú, una reconocida organización no gubernamental que vela por el respeto de los derechos humanos. Alexéyeva se refirió a "asesinatos sin juicio y sin investigación, secuestros, torturas y desaparición de cadáveres" y comparó la situación en Ingushetia con el terror de Stalin en los años treinta.

Las informaciones que llegan a Moscú desde la república caucásica, poblada por menos de medio millón de personas, son el recuento de dos cacerías paralelas. Una, la de la policía y órganos de seguridad que organizan "operaciones de limpieza" contra supuestos terroristas y otra, la de grupos armados que atentan contra los representantes del poder. La semana pasada al menos dos agentes perecieron en Ingushetia y Musa Medov, el jefe local del Ministerio de Interior, se salvó de milagro de un suicida, que se lanzó contra su Mercedes blindado en un coche bomba.

En 2008 la violencia se ha cobrado la vida de 61 personas en Ingushetia, según datos difundidos a fines de septiembre por la organización Memorial. Entre las víctimas hubo 19 civiles, 16 agentes de policía y cuerpos de seguridad, dos funcionarios y 24 guerrilleros. A título comparativo, en Chechenia en el mismo periodo hubo 55 muertos, de ellos 12 civiles, 17 miembros de las fuerzas de orden público y 16 guerrilleros.

En opinión de los defensores de derechos humanos, la arbitrariedad de los representantes del Estado, que persigue especialmente a jóvenes varones, incrementa las filas de los adversarios del presidente Murat Ziázikov, un general del Servicio Federal de Seguridad (SFS) y hombre de confianza de Vladímir Putin. Ziázikov, en el poder desde 2002, insiste en que la situación en Ingushetia es estable.

Las claves de la situación son complejas. Por parte institucional, la responsabilidad por la violencia se reparte entre los organismos centrales rusos que actúan en la república (Ministerio de Defensa, Ministerio de Interior y Servicio Federal de Seguridad) y los locales. En Moscú los defensores de derechos humanos tienden a culpar a los representantes del poder federal, pero en Ingushetia señalan hacia el centro federal.

De 2004 a 2007 los órganos de orden público mataron -sin proceso y sin juicio- a 149 sospechosos de pertenecer a bandas terroristas o de atentar contra la vida de los funcionarios y detuvieron a otras 90 personas, señalaba un informe del parlamento local. El documento, fechado en febrero, se refiere también a 157 personas, entre secuestrados y desaparecidos sin dejar rastro, cuyo destino pesa sobre "la conciencia de los órganos de orden público y en primer lugar sobre la dirección del SFS de la Federación Rusa en Ingushetia y las unidades del Ministerio del Interior destinadas a la república para luchar contra el terrorismo".

De ese contingente, 83 personas no han sido localizadas, siete han sido encontradas muertas y 57 han sido liberadas. En relación a "todas" ellas se "utilizaron métodos no permitidos de interrogatorio". Las "ilegalidades" cometidas por los responsables de la lucha contra el terrorismo, añade, ha "hecho empeorar la delincuencia en la república".

Ziázikov considera que la "base del terrorismo" está en las decenas de miles de desplazados procedentes de Osetia del Norte a resultas del conflicto de 1992, según Alexéyeva, quien se entrevistó con el dirigente. La causa de aquel conflicto, en el que perecieron cerca de 650 personas, es la reivindicación por parte de los ingushes de un territorio (el distrito de Prigorodni) que Stalin transfirió de Ingushetia a Osetia del Sur. El problema del retorno de los desplazados a sus hogares no ha sido solucionado hasta hoy, pese a las reiteradas peticiones de las autoridades ingushes ante el Kremlin.

El activista de derechos humanos Valeri Borschev ha advertido de la necesidad de atajar las "salidas desesperadas", como la vendetta o el llamamiento a la independencia. Ambas cosas han sonado tras el asesinato a fines de agosto de Magomet Evlóev, un líder de la oposición ingush y el propietario de la principal página crítica local (ingushetia.ru). Evlóev, un ex fiscal que apoyó a Ziázikov en 2002, apareció con un tiro en la cabeza tras ser detenido por miembros de la escolta del presidente. La versión oficial habla de un "trágico incidente" atribuido a la resistencia de Evlóev. Nadie ha sido detenido y la oposición acusa directamente a Ziázikov y pide que éste sea apartado de su cargo mientras se hace una investigación en regla.

Las tensiones en Ingushetia han adquirido una nueva dimensión con el descubrimiento en un barrio residencial de Moscú de un chalet supuestamente empleado para encarcelar e interrogar a ciudadanos de la comunidad ingush. El chalet, del Ministerio de Defensa, salió a relucir gracias a la denuncia de Magomed Jamjóiev, una de las víctimas. Secuestrado en plena calle el 14 de septiembre, Jamjóiev fue internado en el chalet, del que logró escapar el 17 de aquel mes, esposado, ensangrentado y en calzoncillos. En el sótano del local se encontró una enorme jaula y cables eléctricos empleados para torturas, según fuentes policiales citadas por Kommersant. En septiembre 10 ingushes como mínimo han desaparecido en Moscú.