Este auge de la fiebre nacionalista se ha visto propiciado por la actitud del comisario de Mercado Interior, Charlie McCreevy, que durante los últimos años ha sido el defensor a ultranza de la no regulación y de dejar sueltas las fuerzas del mercado, lo que le costó una seria reprimenda por parte del Parlamento Europeo la semana pasada. La decisión de Irlanda de garantizar la totalidad de los depósitos de sus bancos ha enfurecido a las demás capitales europeas.

McCreevy ha perdido toda su autoridad en la Comisión y ante los Estados Miembros para hacer avanzar las mínimas reformas, ni siquiera las que llevan años atascadas. Para afrontar la crisis se ha improvisado un paquete de medidas: las mismas que se discutían desde hace años. Se limitan a los proyectos de armonizar las garantías sobre depósitos bancarios, las nuevas reglas sobre solvencia de las compañías de seguros o aumentar la información y la coordinación de los supervisores en las actividades transfronterizas. Todo ellas tienen posibilidades mínimas de éxito.

Entre los fondos de garantía de los depósitos, cuyo objetivos es respaldar las cuentas y depósitos de los clientes cuando los bancos tienen dificultades, las diferencias entre Estados son muy amplias. Van desde el mínimo que fija a la directiva vigente de 1994 de 20.000 euros (la que tiene España) hasta los 103.291 que tiene Italia. También los sistemas de funcionamiento son muy distintos. La mayoría de Estados tienen fondos ex ante, es decir, constituidos previamente, mientras que seis Estados (Italia, Luxemburgo, Holanda, Austria, Eslovenia y Reino Unido) funcionan con sistema ex post, que sólo son operativos para después de las crisis.

Estas diferencias ponen de relieve la capacidad de actuaciones transfronterizas cuando se produce una crisis. Los Estados no tienen ningún interés en armonizar sus distintos sistemas, operación que además sería muy costosa. Además, han expresado muchas reticencias a intercambiar más información.

En materia de seguros, el proyecto de Solvencia II, que persigue desarrollar exigencias financieras de acuerdo con el nivel de riesgo asumido por las aseguradoras, comunicar la información al mercado y al supervisor para poder prever mejor las situaciones de crisis, está totalmente bloqueado. España y otros 13 países volvieron a rechazar el miércoles en el Comité de Representantes Permanentes la propuesta de la Comisión, por estimar que favorece a los grandes grupos de aseguradores. Según la nueva directiva la máxima responsabilidad de la supervisión recaería en la autoridad del país donde se encuentra la matriz (la mayoría ubicadas en Alemania, Francia y Reino Unido), relegando a un segundo plano a los supervisores nacionales.

En España, las compañías de seguros, al igual que la banca, está sometidas a un control muy riguroso, lo que ha fortalecido su solvencia. En el caso de las aseguradoras, la nueva normativa implica que las garantías de las empresas de seguros de cada Estado estarían proporcionadas, en última instancia, por la sociedad matriz. El riesgo está en que la nueva regulación exija a las filiales menos provisiones que las que exigen las autoridades nacionales. Según fuentes comunitarias, la propuesta tiene cierta racionalidad económica pero la manera en que está diseñada es muy arriesgada. Estas mismas fuentes ponen como ejemplo la aseguradora americana AIG, que tuvo que ser salvada por la Reserva Federal, mientras que las filiales europeas se encuentran en perfectas condiciones sin ningún problema de solvencia.