El jefe de la política exterior de la Unión Europea, Javier Solana, calificó de "totalmente desproporcionada" la reacción del presidente de Venezuela a las nuevas normas sobre inmigración aprobadas por el Parlamento Europeo que han generado una ola de críticas en América Latina.

Solana hacía referencia a las amenazas de Hugo Chávez de interrumpir el suministro de petróleo y revisar las inversiones venezolanas en los países de la UE que apliquen el nuevo régimen.

"Yo respeto lo que pueda decir el presidente Chávez, pero me parece que es una declaración, a mi juicio, totalmente desproporcionada", dijo Solana en declaraciones a la agencia de noticias EFE.

Al mensaje de Javier Solana, se sumó también el canciller checo, Karel Schwarzenberg, quien riéndose ante los periodistas ante la amenaza del mandatario venezolano, expresó:

"Hasta donde sé, Venezuela suministra crudo principalmente a Estados Unidos, así que no creo que nos afecte demasiado".

En tanto, el primer ministro de Eslovenia, Janez Jansa, presidente de turno del Consejo Europeo, dijo que la reacción de Chávez fue "quizás exagerada, tal vez vienen de alguien que no entiende suficientemente bien lo que la norma significa".

La norma, aprobada el pasado miércoles con el respaldo unánime de los 27 Estados miembros, entrará en vigor dentro de dos años con el propósito de combatir la inmigración ilegal.

Como lo indica el corresponsal de la BBC en América Latina, Daniel Schweimler, si bien "Chávez encabezó las protestas, como habitualmente lo hace", varios líderes en la región no ocultaron su indignación por las nuevas reglas.

Aunque con un tono más moderado con relación a las amenazas de Chávez, las críticas también vinieron del presidente de Ecuador, Rafael Correa y del de Bolivia, Evo Morales, entre otros.

Por su parte, el de Perú, Alan García, anunció que pedirá una reunión de la Organización de Estados Americanos (OEA) para tratar lo que llamó una decisión "injusta" del Parlamento Europeo que criminaliza la inmigración.

El mismo secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, rechazó las medidas que, entre otras cosas, facultan a detener hasta 18 meses a los indocumentados que enfrentarían una prohibición de reingresar a Europa de hasta cinco años.

En tanto, el Mercosur consideró que violan abiertamente los derechos humanos.

Elsecretario general, Carlos Álvarez, calificó la medida "represiva y discriminatoria" y, en declaraciones al diario uruguayo El País, señaló que la ley "convierte al inmigrante en un sinónimo de delincuente, al que hay que perseguir con leyes que terminan siendo más duras que muchas de las que sancionan crímenes gravísimos".

Además señaló que a la UE que recuerde los millones de europeos que llegaron a suelo latinoamericano, víctimas del hambre, la guerra y la injusticia de regímenes totalitarios y fueron aceptados sin problemas.

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