Los Veintisiete aprobarán este miércoles con gran probabilidad, tras tres años de debates, la nueva norma que armoniza en toda la Unión Europea los procedimientos de repatriación de los inmigrantes irregulares.

Su apartado más polémico es el que permite a los Estados miembros retener a los inmigrantes a la espera de expulsión en centros de internamiento hasta un máximo de 18 meses.

La nueva directiva es más dura que el proyecto de la Comisión de hace dos años y medio, ya que reduce el control de los jueces en los procesos de internamiento de los 'sin papeles'. La norma permite ahora que los internamientos sean acordados también por "las autoridades administrativas" y no sólo las judiciales.

El texto que tratarán de ratificar hoy los embajadores de los países de la UE es el resultado de un compromiso alcanzado hace dos semanas por la presidencia eslovena y representantes de la Eurocámara. Para que entre en vigor tal y como está, no sólo debe ser respaldado por una mayoría de Estados miembros, sino que también debe aprobarlo el pleno del Parlamento Europeo en junio.

Todo apunta que la mayoría de Estados miembros, incluido España, ratificará este miércoles la norma, según explicaron fuentes diplomáticas. Más problemas podrían registrarse en la Eurocámara. Hasta ahora, el PP europeo se ha mostrado favorable al texto.

Sin embargo, los socialistas están divididos: la delegación francesa ha expresado sus reservas sobre el compromiso, especialmente por lo que se refiere al periodo de retención, mientras que los españoles dicen que no aceptarán que este punto pueda hacer naufragar la directiva, según explicó el eurodiputado del PSOE Javier Moreno.

"Vulneración de los derechos fundamentales"

Por su parte, desde el grupo de los Verdes, el parlamentario de Iniciativa per Catalunya, Raül Romeva, rechazó la nueva norma porque a su juicio "da carta blanca a la vulneración de los derechos fundamentales". Y diversas organizaciones humanitarias, entre ellas la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) han convocado una manifestación este miércoles en Bruselas para protestar contra la directiva.

El objetivo de la nueva norma es armonizar los procedimientos que siguen los Estados miembros en la repatriación de inmigrantes irregulares, ya que en la actualidad cada país puede hacer lo que quiera y aplicar los plazos que considere oportunos.

Por ejemplo, en estos momentos, un total de 9 países -Reino Unido, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Grecia, Irlanda, Malta, Países Bajos y Suecia- no contemplan en su legislación ningún límite para la retención de inmigrantes.

Estos Estados miembros se verán obligados a cambiar su normativa para introducir el nuevo límite de seis meses, que se podrá ampliar a 18 si hay una falta de cooperación del inmigrante o si hay demoras en la obtención de la documentación necesaria que deban expedir terceros países.

A España no le afectaría este límite porque en la actualidad el periodo máximo de retención es de 40 días y, una vez finalizado ese plazo, los inmigrantes quedan en libertad, aunque su orden de expulsión no haya sido ejecutada. Pero, la directiva de retorno no obliga a España a ampliar el plazo.

Los inmigrantes sólo podrán ser devueltos a su país de origen o a aquellos países con los que los Estados miembros o la UE hayan concluido acuerdos de repatriación.

La norma establece que cuando una persona en situación irregular sea expulsada tendrá prohibida su entrada en territorio comunitario durante un periodo de cinco años. Sin embargo, se introduce el principio de retorno voluntario, que evitaría esta prohibición de entrada.

Cada inmigrante tiene derecho a dejar el país voluntariamente y los Estados miembros deberán fijar un plazo para ello de entre siete y 30 días. La directiva de retorno se aplica también a los menores no acompañados, aunque en este caso se prevén garantías específicas.

Javier Moreno destacó que esta directiva es "importante" para armonizar los procedimientos en los distintos Estados miembros "para evitar que las diferencias legislativas supongan una ventaja para las mafias".

En cuanto al plazo máximo de retención de los irregulares, Moreno se mostró partidario de que sea "lo más breve posible", aunque recordó que la norma mejorará la situación en los países donde ahora no hay límites.

En todo caso, destacó que la directiva "no impone" ningún cambio a la legislación española ni supone un "paso atrás" en la política de inmigración que lleva a cabo España. "No se puede echar abajo la directiva por un punto", resaltó.