"Zapatero tiene una bomba de relojería bajo sus pies". Esta expresión la espetó la representación de Batasuna a la delegación socialista, en presencia de la del PNV, en los estertores de las conversaciones de Loiola (Guipúzcoa) a finales de noviembre de 2006.

Faltaba un mes para que ETA rompiera la tregua con el atentado en la T-4 de Barajas, el 30 de diciembre de 2006, que mató a dos inmigrantes ecuatorianos. La representación de Batasuna -Arnaldo Otegi y Rufi Etxeberría- argumentaba que si la del PSE -Patxi López y Jesús Eguiguren- no llegaba a un acuerdo, ETA rompía la tregua e iniciaba una cadena de atentados, y que el PP, con su rechazo al proceso de fin dialogado de ETA, echaría a Zapatero del Gobierno.

La delegación de Batasuna combinó esta actitud chantajista con la radicalización de su posición en las conversaciones. Los tres partidos, que se reunían desde septiembre -el PP se automarginó por su desacuerdo con el proceso-, habían alcanzado un preacuerdo sobre las líneas generales de una futura reforma del Estatuto vasco dentro de la Constitución, con el objetivo de integrar a la izquierda abertzale en el juego político. Pero la representación de Batasuna pidió plazo para consultas.

A su regreso, Otegi dio un giro radical, que los partidos atribuyeron al resultado de su consulta con ETA. Planteó un cambio del ordenamiento jurídico-político de las tres provincias vascas y Navarra, al margen de los procedimientos legales, y la elaboración de un estatuto de autonomía, común para todos esos territorios, en dos años. Era un planteamiento inconstitucional, inasumible para la delegación socialista, como ésta expresó allí mismo. La representación del PNV, encabezada por Josu Jon Imaz -al que acompañaba el hoy presidente, Iñigo Urkullu- apoyó al PSE por "ética democrática", porque le "han puesto una pistola en la sien", según Imaz.

El 29 de noviembre de 2006, Imaz dio una conferencia en Madrid, en la que denunció la dependencia de Batasuna de ETA y lo nocivo que resultaba para el proceso "la posición de dureza y de ataque político del PP, que es hoy día uno de los principales factores del fortalecimiento de ETA".

Quince días después se reunían en Ginebra (Suiza), por tercera vez durante la tregua, una delegación del Gobierno -el presidente del PSE, Jesús Eguiguren, y el ex fiscal general del Estado Javier Moscoso- y otra de ETA, encabezada por su nuevo líder Javier López Peña, que desplazó a Josu Urrutikoetxea, Josu Ternera, quien había representado a la banda en las dos anteriores reuniones, de julio y septiembre, y en las preparatorias de la tregua. La presencia de López Peña -un veterano del aparato de ETA- en la reunión era la expresión del golpe de mano producido ese verano en la banda. La minoría, contraria a la tregua, se había hecho con la mayoría. La historia se repetía.

López Peña alardeó de la capacidad operativa de ETA tras anunciar que cambiaba las reglas de juego del proceso. El etarra propuso, en coherencia con lo planteado 15 días antes por Batasuna a los partidos, una reforma de la Constitución para incluir el derecho a la autodeterminación, que afectaba a Navarra. En las reuniones de julio y septiembre, las delegaciones del Gobierno y ETA se habían limitado a reprocharse los "incumplimientos de la tregua", pero no debatieron temas políticos, según fijaron en la hoja de ruta, antes de la tregua, Eguiguren y Ternera.

La altanería del dirigente etarra se explica ahora porque jugaba con cartas marcadas, según fuentes conocedoras del proceso. Un comando de ETA preparaba el atentado en Barajas para presionar al Gobierno. Y quien había dado las órdenes era él. Aunque la reunión fue un fracaso total, los interlocutores decidieron volver a reunirse en enero. Pero salieron con la sospecha de que ETA iba a hacer algo, según esas fuentes.

Con el atentado de la T-4, el 30 de diciembre, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, retiró a los interlocutores: Eguiguren y Moscoso. Hubo una reunión posterior del Gobierno con ETA, a mediados de mayo, a la que acudieron otros dos altos cargos, sin poder negociador, con el fin de saber si ETA mantenía o no la tregua.

El Gobierno acudió al encuentro sin expectativas, dados los antecedentes, con el objetivo de no dar a ETA la baza de que el responsable último de la ruptura era él. Su actitud le sirvió para que los países que cooperaron en el proceso -Noruega, Suiza, Reino Unido, Irlanda...- el PNV y Sin Fein no tuvieran duda alguna de que la única responsable de la ruptura era ETA.

El día de la ruptura oficial de la tregua, el 6 de junio, Zapatero se reunió con altos mandos de la lucha antiterrorista en La Moncloa. Recibió su respaldo y uno de los más significativos le dijo: "No se preocupe. No sabe cuanto se ha equivocado ETA". Fue premonitorio de la cadena de detenciones de etarras, entre ellos los autores del comando estrella que atentó en la T-4.

ETA y Batasuna habían pensado que podían doblegar al Gobierno. En el caso de ETA, al sobrevalorar su capacidad operativa. En el de Batasuna, al pensar que el Gobierno estaba aterrado por el regreso de ETA porque podría arrastrar la caída de Zapatero por el rechazo del PP al proceso, según fuentes conocedoras del proceso. No lo consiguieron.

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