Sin embargo, este punta de vista difiere significativamente del de muchos analistas de Timor, que temen que el país se encuentre atrapado en una peligrosa dependencia de las importaciones para satisfacer sus necesidades alimentarias, y que ya muestra los primeros síntomas de una crisis alimentaria crónica. Hará unos cuatro meses, antes de la llegada de la crisis alimentaria, el precio del arroz estaba entre los 14 y 16 dólares por saco (de unos 35 kg.). En estos momentos se sitúa sobre los 25 dólares por saco en Dili, y es significativamente mayor en las zonas rurales – si es que consigue llegar allí. Y a pesar de las recientes medidas del gobierno para subsidiar los precios, sencillamente no hay suficiente arroz subsidiado para cubrir las necesidades. Una gran cantidad se consume en Dili y según los propios habitantes de la capital, una proporción significativa es luego revendida a precios más altos por los comerciantes de arroz, especialmente en áreas rurales. Como en muchos otros países importadores netos de comida, Timor oriental no tiene ningún control sobre los precios de importación del arroz o de otros alimentos y materias primas. De la misma forma, tampoco tiene un sistema público de distribución eficaz que garantice que las importaciones de comida lleguen a su población rural. Teniendo que confiar en empresas privadas para la distribución, el gobierno no puede siquiera asegurar que aquellos que más necesiten los subsidios puedan aprovecharlos. Según Elda Guterres da’Silva de KBH, una organización de Timor dedicada a la formación profesional (3), “el nuevo gobierno ha perdido el contacto con los problemas de las zonas rurales; parece decidido a instaurar un sistema de mercado y ello va a aumentar el número de pobres. Sólo aquellos que tienen dinero pueden comprar arroz”.

El hambre es una vieja conocida en Timor Oriental. En 2004, se informó de situaciones de hambre extrema e incluso hambrunas entre decenas de miles de hogares de como mínimo cinco distritos, y la gente de once de los trece distritos estaba sobreviviendo gracias a la ayuda alimentaria (4). La mayoría del millón de habitantes de Timor Oriental (aproximadamente el 80%) vive en zonas rurales y se dedica a la agricultura de subsistencia. La producción nacional no es suficiente para satisfacer las necesidades anuales de la población, estimándose en 2001 que sobre el 80% de las aldeas habían sufrido escasez de comida en algún momento del año (5). Mientras que la falta de comida es un fenómeno habitual y cíclico de las economías agrícolas de subsistencia, en este caso una combinación de factores históricos y de las últimas políticas del gobierno está reforzando lo que muchos timoreses temen que vaya a convertirse a largo plazo en una crisis alimentaria crónica. Aunque resulta difícil dar con estadísticas actualizadas y fiables sobre consumo, algunos informes de las zonas rurales indican que ya no se dispone de suficiente comida y la población sólo puede comer una vez al día.

El problema no es sólo el de las importaciones, sino que el arroz mismo también lo es. Según Arsenio Pereira de HASATIL (6), una organización de Timor dedicada a la agricultura sostenible, “hay demasiada dependencia del arroz. Los indonesios promovieron esa dependencia. Antes de la ocupación indonesa, había una cierta variedad de alimentos básicos que podían comer los timoreses, especialmente en áreas de secano o montañosas, pero los indonesios insistieron en que todo el mundo cultivase y comiese arroz”. Este punto de vista fue secundado por otra gente con la que hablé la semana pasada en Dili, quienes señalaron que incluso hoy en día en las zonas rurales se consumen otro tipo de alimentos – lo que se conoce como alimentos tradicionales. Como explica Pereira, “el arroz es importante, pero no es el único tipo de comida. Tenemos más de 10 variedades de alubias, 20 de maíz, y diversas variedades de ñames, mandiocas y bananas. Pero si no se le da importancia a estos alimentos tradicionales, se perderán y seremos totalmente dependientes del arroz”.

Aunque las zonas rurales de Timor Oriental están en general aisladas de los más elementales servicios de que se dispone en Dili, el hambre es tanta en Dili como en muchas de esas zonas rurales. Los residentes de Dili dependen casi totalmente del arroz como su principal alimento, al contrario de las comunidades rurales para quienes los alimentos tradicionales todavía constituyen una parte importante de su dieta.

La independencia trajo la dependencia

Pero la escasez de alimentos en Timor Oriental tienen tanto que ver, o más, con las políticas llevadas a cabo en el país como con los problemas productivos. Debido a la insistencia de los donantes internacionales, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, la reconstrucción del país después de la guerra ha sido diseñada sobre una economía de libre mercado con severas restricciones a la intervención gubernamental para proveer servicios públicos, sostener los precios y levantar una economía nacional fuerte mediante la inversión en infraestructuras públicas en áreas clave como la agricultura, la seguridad alimentaria, la educación o la industria artesanal del país. La economía ha sido liberalizada radicalmente y el gobierno busca convertir al país en un refugio para inversores mediante exenciones fiscales, concesiones públicas y otros privilegios. La creación de empleo, que podía haber sido incentivada mediante la inversión pública, ha sido dejada en manos de la competencia del libre mercado.

Al menos un cuarto de la superficie cultivable del país se ha entregado a compañías privadas (la mayoría extranjeras con algún tipo de colaboración local) para que cultiven biocombustibles, en concreto caña de azúcar y jatropha. Los terrenos agrícolas también son motivo de enconadas disputas entre quienes los reclaman o entre los granjeros y las concesionarias privadas. Los propios timoreses informan de que los contratos para importación de arroz u otros bienes y las concesiones económicas se dan rutinariamente a compañías extranjeras sin mediar oferta pública alguna, y a “proveedores únicos” que son contactos personales de los altos cargos del país. Las comunidades rurales ni siquiera suelen saber que sus tierras – que son su único activo – son ahora “propiedad” de una empresa privada y que pronto se van a convertir en trabajadores asalariados en las mismas tierras que poseyeron durante generaciones. En las tierras altas del distrito de Ermera, las disputas siguen sin resolverse entre los productores locales de café y Timor Global, una empresa privada que logró una concesión para explotar durante 25 años todas las tierras productoras de café del distrito. Según Antero da’Silva, profesor de la National University, “los planes del gobierno se orientan a que los granjeros sean más dependientes del mercado, de las importaciones y del libre comercio, y no hacia promover la independencia.”

En el sector agrícola, el Banco Mundial y otros donantes bilaterales (en particular Australia y los EEUU) se han centrado casi exclusivamente en el arroz y en un puñado de cultivos industriales como la vainilla y el café, a costa de otros productos básicos que constituyen los alimentos tradicionales del país. Sin embargo, tras décadas de ocupación indonesa con una producción de arroz intensiva y basada en el uso de productos químicos, se ha llegado a una situación de degradación importante del suelo en varias áreas productoras de arroz, bajando los rendimientos y dejando la tierra impracticable para la producción de otro tipo de cultivos. “La tierra que se dedicó a la producción de arroz durante los tiempos de la ocupación indonesa ahora no puede utilizarse, se destruyó con el uso de demasiados productos químicos para intensificar la producción de arroz. El suelo necesita regenerarse”, afirma da’Silva.

Este tipo de consideraciones ecológicas no son una prioridad en el nuevo régimen de donantes surgido tras la independencia, en el cuál las políticas agrícolas oficiales han seguido promocionando una agricultura intensiva y basada en el uso de productos químicos, pero bajo condiciones de libre mercado. Durante aproximadamente los últimos seis años, la producción y el transporte en las zonas rurales se ha hecho tan costosa que el arroz cultivado en el país no puede competir con el de importación en precio y calidad. Recientemente se ha reconocido que se están llevando a cabo pruebas con semillas modificadas genéticamente en los distritos de Betano y Maliana, gestionadas por “expertos” de una empresa australiana y en el marco de un proyecto llamado Seed of Life (La semilla de la vida). “Los países donantes y el Banco Mundial están intentando aumentar la producción mediante el uso de semillas híbridas, fertilizantes químicos,…etc. No ponen el énfasis en aumentar la seguridad alimentaria a través de la capacidad y los recursos internos, o apoyando otros alimentos locales, sino mediante las importaciones de arroz y comida de otros países, incluyendo la ayuda alimentaria del WFP (World Food Programme) y la FAO”, añade Pereira.

La combinación de las disputas por la tierra, el aumento de los costes de producción agrícola y el hambre han llevado a mucha gente de las zonas rurales a desplazarse a Dili u otras grandes ciudades en busca de un empleo. Pero la vida en la ciudad es una lucha tan dura, o más, como la que les espera en caso de volver al campo. La adopción del dólar estadounidense como la moneda nacional ha aumentado el coste de cubrir las más básicas de las necesidades alimentarias. Y luego está también la industria de la ayuda internacional, que abrió su sucursal en Dili inmediatamente después del referéndum de 1999. Timor Oriental recibió unos tres mil millones de dólares en “asistencia para la reconstrucción”, mucha de la cuál acabó sirviendo para pagar los infladísimos sueldos y las comodidades de los “expertos” internacionales. Siguiendo ciegamente las señales del mercado, los sectores de la alimentación y los servicios se adaptaron para satisfacer las necesidades de una comunidad internacional cebada de dinero para la reconstrucción. Apareció una elite nacional de empresarios de entre aquéllos que disponían de tierras y propiedades para alquilar a los foráneos, o activos para invertir en restaurantes, hoteles, supermercados, seguridad privada,…etc. El resultado de todo esto fue que el coste de la vida en Dili se disparó muy por encima del salario medio de los timoreses – entre 30 y 60 dólares al mes. Incluso el precio “precrisis” del arroz de entre 14 y 16 dólares por saco (que ahora añoran los timoreses), era una dura carga para una familia con hijos o mayores a los que alimentar.

La inversión extranjera prometida que se suponía que debía crear empleo nunca llegó. Los costes para lanzar y operar un negocio en Timor Oriental son altos, ya que el agua, la electricidad, las telecomunicaciones y el equipamiento son todos ellos muy caros. Los propietarios de los restaurantes y los foráneos prefieren comprar en los supermercados que venden productos de importación en lugar de acudir a los mercados locales, esgrimiendo dudas sobre la higiene y la calidad de los productos. La falta de inversión pública en educación y formación profesional ha desembocado en que haya una muy pequeña cantidad de jóvenes que sean considerados aptos para trabajar en el sector de la ayuda internacional y sus apéndices del sector privado. Según Rigoberto Monteiro, Secretario General de la Confederación Sindical de Timor Oriental y miembro del National Labour Board, solamente hay 500 empleos disponibles anualmente en los sectores público y privado. La mayoría de aquellos que buscan trabajo en la ciudad acaban en un sector informal endeble e impredecible, sin una fuente de ingresos segura y suficiente.

No sorprende pues que el hambre y la malnutrición sean tan importantes en Dili, con los mercados llenos de comida, como en los pueblos y aldeas del campo.

En 2005 Ben Moxham, un investigador de Focus on the Global South asentado en Timor Oriental, constató dolorosamente que "si bien el severo clima de Timor es en parte responsable, la pregunta que urge contestar es porqué una nación de poco menos de un millón de personas, la cuál ha recibido durante los últimos cinco años más ayudas per cápita que ningún otro lugar del mundo, está pasando hambre”. (7)

El capitalismo de vaqueros dirige el rancho

Un poco más al oeste, en un país que pasó por un proceso similar de reconstrucción postconflicto 17 años antes que Timor Oriental, las situaciones de hambrunas severas y malnutrición han ido en aumento y de la mano de una explosión de la abundancia y concentración de la riqueza. Como antesala de la industria internacional para la reconstrucción y la ayuda desde 1991, Camboya también adoptó el modelo de libre mercado requerido por los donantes internacionales, el Banco Mundial y el FMI. El resultado ha sido una economía de capitalismo de vaqueros donde prácticamente todo se vende al mejor postor. Pequeños reductos de abundancia consumista se rodean de amplias regiones de escasez y privación.

El crecimiento económico se ha mantenido en una media del 11% durante los últimos tres años, espoleado por booms en el turismo, la industria textil y el sector inmobiliario. Pero no todos se han beneficiado de esos booms. La agricultura y la pesca, puntales para la mayoría de la población de Camboya, han sido sistemáticamente asaltadas por políticas de libre mercado, privatizaciones y liberalizaciones. El sector privado ha sido agresivamente promovido en casi todos los sectores posibles – la economía, medio ambiente, agricultura, educación, sanidad, suministro de agua,…etc. Los acreedores multilaterales de Camboya, el Banco Mundial, el FMI y el Banco de Desarrollo Asiático (ADB, por sus siglas en inglés), han exigido y conseguido una completa “desinversión” del gobierno en bienes públicos como las infraestructuras o los servicios, y exhortado a los campesinos, granjeros y pescadores artesanales del país a competir en un libre mercado ante el cuál están completamente indefensos. Como resultado, la agricultura y la pesca han ido convirtiéndose cada vez más en trabajos precarios para las familias de las zonas rurales, llevándoles a quedar atrapados por deudas y en muchos casos a abandonar definitivamente la agricultura.

La elite dirigente en el gobierno camboyano han dado facilidades para un frenesí de apropiación de tierras tanto en áreas rurales como urbanas, despojando a la población de tierras y de sus hogares a una escala jamás imaginada por los propios camboyanos, quiénes realmente creyeron que habían llegado tiempos mejores. Se ha renunciado a vastas extensiones de fértiles tierras agrícolas y ricos bosques (de entre 10.000 y 300.000 hectáreas), al convertirse en concesiones administrativas por períodos de 99 años y a empresas extranjeras, para la plantación industrial de árboles, actividades agropecuarias, complejos turísticos, campos de golf y otras instalaciones de ocio. Las concesiones para actividades económicas se extienden a las zonas de pesca, pantanos e incluso las costas o islas del país. Una rica y floreciente clase media nacional se ha subido al vagón de cola, comprando tierras a los pequeños campesinos o pescadores que no pueden hacer frente al aumento de los costes en la producción agrícola y en la sanidad. Muchos de los poderosos aliados bilaterales del país (por ejemplo China, Vietnam, Tailandia y Singapur) han pedido también su parte del pastel de la prosperidad, mediante contratos exclusivos y concedidos discrecionalmente en los sectores de las infraestructuras, la energía, la minería o el petróleo y el gas.

La prosperidad de las elites domésticas (básicamente urbanas) y de las compañías extranjeras que poseen tierras ha generado un grave impacto negativo entre los colectivos pobres tanto de las ciudades como del campo, e incluso entre las clases medias, resultando en mayor vulnerabilidad y pobreza. La inflación es importante (casi un 11% según fuentes oficiales, aunque la población autóctona dice que en realidad es mayor) y el coste de la comida y otros productos básicos ha aumentado mucho, creando una crisis simultánea de hambre y malnutrición. Según Boua Chanthou, director de PADEK, una ONG camboyana que trabaja en desarrollo integrado y comunitario en más de 500 aldeas pobres de Camboya, “un elemento crucial en la cuestión de la comida es la tierra, los campesinos camboyanos no son propietarios de suficientes tierras. Un estudio reciente muestra como el 60% de los granjeros camboyanos o no son propietarios de tierra alguna o disponen de menos de media hectárea. ¿Cómo van a poder producir suficiente comida para alimentarse ellos mismos? Una familia de cinco personas necesita al menos 2 hectáreas de tierra para poder producir suficiente comida. Es necesario que el gobierno actúe rápidamente para llevar a cabo concesiones sociales de tierras y redistribuirla a los granjeros”.

El problema pues no es la falta per se de comida, sino la falta de acceso a la comida y a los medios para producirla, con un rápido aumento del número de gente que es sistemáticamente desprovista de medios para alimentarse ellos mismos. Si bien es cierto que mucha de la agricultura de Camboya (incluyendo la industria pesquera) es de reducida dimensión y vulnerable a las condiciones climatológicas y al mal tiempo, Camboya es exportadora de arroz y comida y hasta hace muy poco, era el sexto mayor exportador de arroz de Asia. Grandes empresas agropecuarias como la Thailand's Charoen Pokphand (CP) se han establecido en Camboya para producir alimentos para animales y llevar a cabo actividades de ganadería con cerdos y pollos. Empresas tailandesas tienen contratos para la producción de arroz camboyano de alta calidad en la parte occidental del país, mientras que Vietnam compra el de baja calidad cultivado en la parte oriental. El pescado del Gran Lago de Camboya, el Tonle Sap, se exporta a los países vecinos así como a los numerosos restaurantes e instalaciones que sostienen a la industria turística.

Y aún así, la gente que produce esta comida es pobre y está hambrienta y malnutrida. Debido a que la producción agrícola no genera suficiente comida para todo el año, ni les proporciona suficientes ingresos, no disponen del efectivo para comprar arroz y comida en los mercados rebosantes de ella. Otra de las fuentes importantes de recursos para las familias de las áreas rurales son las zonas comunales, como bosques, pantanos, ríos y lagos de los que obtienen comida y plantas medicinales. Pero la privatización y el cierre de estos espacios, así como su degradación debida a la sobreexplotación, ha acabado con el último recurso que les quedaba a las comunidades para obtener comida y alimento.

Un Atlas de la Seguridad Alimentaria que fue lanzado en febrero de 2008 por el WFP muestra altos niveles de malnutrición y hambre en el país, especialmente en regiones infestadas de apropiaciones de tierras, concesiones administrativas para la explotación económica o actividades industriales extractivas. Entre el top 10 de provincias consideradas con mayor inseguridad alimentaria se encuentra Siem Riep, hogar de los famosos templos de la época Angkor y la meca turística de la región del Mekong. Los habitantes de la provincia dicen que el boom en el sector turístico se ha convertido en una especie de gigantesca bomba de succión, llevándose los recursos de las poblaciones locales y dejándolas pobres, hambrientas y vulnerables.

Según indica Chanthou, "el sistema de libre mercado para exportar arroz no está beneficiando a los pobres, que no disponen de suficiente dinero para comprar comida cuando suben los precios. En consecuencia, el gobierno debe intervenir. Recientemente ha tomado algunas medidas positivas, pero debería hacer más”.

Crónicas sobre crisis predecibles

Tanto en Timor Oriental como en Camboya, las raíces del hambre, la malnutrición y la inanición se plantaron mucho tiempo atrás. En el caso de Timor Oriental, se pueden rastrear hasta el colonialismo portugués y la imposición de una agricultura de plantaciones allí dónde hubo un sistema agrícola tradicional y basado en varios tipos de cosechas. Pero lo que vemos hoy en día en ambos países no son simplemente fantasmas de un distante pasado colonial. Ha habido importantes (y dramáticos) sucesos durante las últimas décadas que han consolidado la privación alimentaria entre los ciudadanos inocentes.

El informe del Committee for Truth and Reconciliation (CAVR) titulado Chega! documenta cómo las hambrunas fueron introducidas en Timor Oriental en 19977-78 por las fuerzas militares indonesas de ocupación y en el marco de la lucha contra las fuerzas independentistas timoresas (8). Durante ese tiempo al menos 80.000 personas murieron de hambre o de enfermedades relacionadas con ello, al ser para las fuerzas ocupantes más importantes los objetivos militares que las vidas de la población civil. En el mismo periodo en Camboya, millones de camboyanos fueron recluidos hasta morir de hambre por los Jemeres Rojos, en campos de trabajo que eran levantados, irónicamente, para cosechar arroz para los propios Jemeres Rojos y su mayor aliado, China. En ambos países, los sistemas agrícolas y alimentarios fueron militarizados y fracturados, de modo que la comida misma se convirtió en un arma que fue de hecho utilizada.

Tras las transiciones a la independencia tanto de Camboya como de Timor Oriental, la situación “postconflicto” en esos países no desembocó en el fin del hambre para la mayoría de su población. Es cierto que hubo mejoras en muchos aspectos – sociales, económicos y políticos – pero esas mejoras no fueron compartidas equitativamente por todos, ni incluyeron la reconstrucción de la capacidad de las familias y las comunidades de alimentarse por ellos mismos. Por el contrario, los planes económicos diseñados por los donantes de ayuda y los prestatarios ponían el acento en los cultivos industriales en lugar de los alimentarios, y dejaron a los productores y trabajadores locales a merced de unos mercados en los que no tenían influencia ni espacio para maniobrar. El Banco Mundial, el FMI y el Banco Asiático de Desarrollo estuvieron más pendientes de si los mercados de bienes funcionaban eficientemente y de si se habían creado “ambientes” adecuados para el sector privado, que no de si la gente tenía bastante para comer.

Hoy, todas las tendencias globales de alza de precios de los alimentos se reproducen a escala local en Timor Oriental y en Camboya: el aumento de los costes del petróleo y otros productos esenciales, la duplicación del precio de las materias primas, desvío de los cultivos de grano hacia los biocombustibles o el forraje para ganado, la conversión de tierras agrícolas en complejos industriales, urbanos o turísticos, el acaparamiento y la manipulación de la oferta de alimentos por parte de los intermediarios, beneficio de los especuladores con el comercio de futuros,…etc. Y como en todo país en vías de desarrollo, el aumento de los precios del arroz, el trigo, la soja, el maíz y otros alimentos básicos no se han traducido en mayores ingresos para los pequeños y medianos productores o en una mayor seguridad alimentaria. Al contrario, son los intermediarios, comerciantes, especuladores y empresas agropecuarias quienes se están forrando.

Pero incluso cuando los precios mundiales de los alimentos caigan, a no ser que se lleven a cabo drásticas políticas económicas y agrícolas que corrijan la situación, la escasez de comida, el hambre y la malnutrición es improbable que desaparezcan. “Ahora podemos ver los efectos negativos del libre mercado”, dice Mateus Tilman del Kdadalak Sulimutuk Institute (KSI), una organización que trabaja para la reforma agraria en Timor Oriental. Según Tilman y Pereira de HASATIL, resolver los conflictos por las tierras e invertir en infraestructura rural son pasos críticos que hay que dar si se quiere abordar el problema de la escasez de alimentos y el hambre. “Nuestro sueño es tener una reforma agraria comprehensiva que refuerza la posición de nuestros granjeros. La tierra debe permanecer en manos de los granjeros” añade Tilman. KSI trabaja conjuntamente con HASATIL, cuyos miembros están promoviendo la soberanía alimentaria como solución de largo plazo para la crisis que sufre el país. “Necesitamos plantar más tipos de cosechas locales, conseguir la independencia alimentaria y reducir la dependencia de semillas y abonos importados. También debemos promover el conocimiento entre los granjeros – utilizar y fomentar nuestro propio conocimiento y también ampliarlo; y debemos proporcionar información a los granjeros sobre el cambio climático, el comercio internacional y demás cuestiones relacionadas con ello”.

Lamentablemente, hay pocos de esos visionarios en Camboya. La mayoría de ONG’s dedicadas al desarrollo se muestran reacias a desafiar a las estructuras de poder que conforman las elites del país y definen las políticas económicas que están acelerando la crisis de recursos y tierras y generando la crisis alimentaria. Sin embargo, las comunidades indígenas de granjeros y pescadores se están organizando y federando en un intento de unir sus voces a escala nacional.

Al igual que ocurre en muchos otros sitios, la tragedia en ambos países no es que no haya suficiente comida, sino que la comida no llega a todos aquellos que la necesitan. Incluso en estos momentos de escasez de comida, hay comida disponible en regiones y países vecinos, y si el gobierno interviene a tiempo se pueden evitar las crisis alimentarias más graves. Pero como se ha hecho evidente a lo largo de este último año, el mundo puede alcanzar un nuevo récord en la producción de grano como ya ocurrió en 2007 (2,3 billones de toneladas) y aún así puede que haya gente que se empobrezca debido a la subida del precio de los alimentos (9). Los enormes beneficios que en 2007 han registrado las grandes compañías agropecuarias y los inversores en futuros sobre los alimentos muestran cómo la comida se ha convertido en una mercancía para la especulación y la obtención de réditos. Mientras que los gobiernos de los países en vías de desarrollo, especialmente aquellos que son importadores netos de alimentos, han finalmente empezado a tomar medidas para proteger sus economías y sus reservas de alimentos, no está claro que vayan a tener el valor para apartarse de la ortodoxia económica del libre mercado predicada por el Banco Mundial y el FMI, y comprometerse a llevar a cabo las drásticas transformaciones de las políticas económicas y agrícolas que son necesarias para construir una seguridad alimentaria auténtica y perdurable.

Es imperativo que empecemos a reconstruir la capacidad de nuestras comunidades y sociedades para alimentarse por ellas mismas. El paradigma propuesto por la Via Campesina sobre la soberanía alimentaria ofrece la mejor y más adaptable estrategia para lograr esto. Para Timor Oriental y Camboya, la soberanía almentaria de la gente puede garantizar que la independencia, la reconstrucción nacional y la paz encuentren una expresión perdurable y adecuada a nuestra sociedad.