Evidentemente, las cámaras de vigilancia tienen también otros usos, como ayudar a imprimir pósters con los rostros de los activistas tibetanos “más buscados”. Pero no le falta cierta razón a Zheng: nada amedrenta más a un régimen represivo que un desastre natural. Los Estados autoritarios gobiernan con el miedo y por la vía de proyectar un aura de control total. Cuando, de repente, ofrecen la impresión de andar cortos de personal, de estar ausentes o de carecer de organización, sus súbditos pueden cobrar peligrosamente coraje. Hay que tener eso en mente cuando se observa el esfuerzo de dos de los más represivos regímenes del planeta –China y Birmania— para responder a sendos desastres devastadores: el terremoto de Sichuan y el ciclón Nargis. En ambos casos, los desastres han revelado una grave debilidad política de esos regímenes, y las dos crisis tienen potencial para brotes incendiarios de furia política harto difíciles de controlar.

Cuando China construye y levanta edificios, los residentes tienden a callar respecto de lo que todo el mundo sabe: que los desarrollistas acostumbran a saltarse los códigos de seguridad y que los funcionarios locales aceptan sobornos para silenciarlo. Pero cuando China se derrumba –incluidas al menos ocho escuelas—, la verdad tiene una vía de escape. “Mirad todos esos edificios. Tenían la misma altura, pero ¿por qué cayó el segundo?”, preguntaba en Juyuan un familiar desolado. Una madre en Dujiangyan declaró al Guardian: “Los funcionarios chinos son demasiado corruptos y malvados... Tienen dinero para prostitutas y amantes, pero no para nuestros hijos”.

Que los estadios olímpicos hayan sido construidos a prueba de terremotos, es pobre consuelo. Cuando estuve en China, no era fácil encontrar a quien criticara la torrentada del gasto olímpico. Ahora, una muchedumbre de mensajes en los principales portales electrónicos hablan de “derroche” y llaman “inhumana” la continuación de los relevos de la antorcha olímpica.

Pero nada de eso puede compararse con la rabia despertada por los sucesos de Birmania, en donde los supervivientes del ciclón han apaleado al menos a un funcionario local, indignados con su incapacidad para distribuir el socorro. El gobierno militar birmano ha emitido docenas de comunicados atribuyéndose el mérito de suministros procedentes de países extranjeros. Y según ha terminado por verse, ha hecho más incluso que arrogarse méritos: en algunos casos, se ha apropiado de las ayudas. Según un informe del diario Asia Times, el régimen habría distraído cargamentos con alimentos para distribuirlos entre sus 400.000 soldados. El motivo que subyace a ese comportamiento revela la amenaza que el desastre representa para la existencia misma del régimen. Se diría que los generales están “obsesionados con un miedo casi patológico a la división en sus propias filas... si no se da a los soldados prioridad en la distribución de la ayuda y no consiguen alimentos por sí mismos, crece la probabilidad de motines”. Mark Farmaner, director de la campaña de ayuda a Birmania en el Reino Unido, confirma que antes del ciclón los militares estaban ya lidiando con una ola de deserciones.

Este robo de alimentos, de escala relativamente pequeña, sirve para fortalecer a la junta militar de cara a un golpe de mucha mayor envergadura: el que tiene lugar a través del referéndum constitucional, en cuya celebración a cualquier precio no han dejado de insistir contra viento y marea los generales. Tentados por unos precios altos, los generales birmanos han exprimido la abundancia natural del país, despojándolo de piedras preciosas, maderas nobles, arroz y aceites. Mas, por beneficioso que ello resulte, el general Than Shwe sabe que no podrá resistir indefinidamente las exigencias de democracia.

Copiando una página del libro de instrucciones del dictador chileno Augusto Pinochet, los generales han confeccionado una Constitución que permite elecciones, pero garantizando que ningún gobierno futuro tendrá jamás poder para perseguirles por sus crímenes u obligarles al reintegro de su mal adquirida riqueza. Como bien dice Farmaner, tras las elecciones, los dirigentes de la junta militar trocarán las botas por los trajes”. Y, ahora el ciclón viene a ofrecerles una última –y enorme— posibilidad de negocio: bloquear la llegada de la ayuda al fertilísimo delta de Irrawaddy monta tanto como condenar a muerte a centenares de miles de campesinos arroceros (el grueso de ellos, miembros de la etnia Karen). Según Farmaner, “esas tierras pueden acabar en manos de hombres de negocios compinchazos con los generales” (emulando el despojo de tierras en los frentes de playa que tuvo lugar en Sri Lanka y en Tailandia tras el Tsunami asiático). Eso no es incompetencia; ni siquiera demencia. Es limpieza étnica al estilo laissez-faire.

Si la junta militar birmana logra evitar el amotinamiento y consigue esos objetivos, será en buena medida gracias a China, que viene bloqueando con gran diligencia todos los intentos de la ONU para intervenir humanitariamente. Dentro de China, en donde el gobierno central se esfuerza denodadamente por mostrarse compasivo, las noticias de esa complicidad resultarían explosivas. ¿Las recibirán los ciudadanos chinos? Es muy posible, desde luego. Hasta ahora, Beijing ha mostrado una tremenda determinación a la hora de censurar y controlar toda forma de comunicación. Pero, después del terremoto, el conocido “Muro de Fuego” encargado de censurar Internet está fallando de mala manera. Los blogs proliferan salvajemente, y hasta los reporteros de los medios de comunicación estatales se avilantan a informar de las noticias.

Esta es acaso la mayor amenaza que los desastres naturales representan para los regímenes represivos. Para los dominadores chinos, nada ha resultado más crucial en punto a mantener su poder que la capacidad para controlar lo que las gentes ven y escuchan. Si pierden esa capacidad, ni cámaras de vigilancia ni megáfonos les servirán de gran cosa.