Los asesinatos y violaciones a los derechos
humanos en varios puntos candentes del mundo, como Birmania,
Chechenia, Palestina, Sudán y ahora Tíbet, no derivaron en medidas
punitivas o en sanciones contra ninguno de los gobiernos
responsables.
Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña siguen protegiendo a Israel
(de Palestina), en tanto China y Rusia protegen a los atribulados
gobiernos de Birmania y Sudán.
Los cinco país manipulan el Consejo de Seguridad de 15 miembros en
su propio beneficio mediante su poder de veto.
Rusia tiene su propio problema de separatismo en Chechenia, y China
afronta ahora alzamientos en Tíbet.
Es poco probable que ambos asuntos se incluyan en la agenda del
Consejo, aun cuando se los considera amenazas para la paz y la
seguridad internacionales.
"Tíbet representa un gran reto para la ONU porque, en tanto existe
un fuerte imperativo moral para que el Consejo de Seguridad tome
medidas, el caso legal es un poco complejo dado que el territorio es
reconocido como parte de China", explicó el profesor de estudios
políticos e internacionales de la Universidad de San Francisco,
Stephen Zunes.
"Y con la amenaza de veto de China y Rusia, ninguna resolución
significativa podrá ser aprobada", añadió.
Si se tiene en cuenta que Estados Unidos, a veces junto a Francia y
Gran Bretaña, veta o amenaza con vetar acciones del Consejo de
Seguridad en casos de represiones aun más atroces en territorios
como Palestina y Sahara occidental, "es esperar demasiado que la ONU
tome medidas respecto de la situación en Tíbet", indicó.
Zunes ha estudiado en profundidad la política del máximo órgano de
seguridad del foro mundial.
Las protestas en Tíbet de la semana pasada, en conmemoración del
aniversario del levantamiento de 1959 contra el gobierno chino,
terminó con la muerte de varios manifestantes.
Pero las cifras exactas difieren entre 16 y 80, y no se pueden
verificar porque Tíbet sigue fuera de alcance.
El líder espiritual tibetano Dalai Lama, exiliado en la
septentrional ciudad india de Dharamsala desde el alzamiento de
1959, pidió una investigación internacional por los asesinatos de la
semana pasada en Tíbet.
Pero el representante permanente de Rusia ante la ONU, embajador
Vitaly Churkin, quien detenta la presidencia rotativa del máximo
órgano de seguridad, declaró el lunes que el Tíbet "no era un asunto
para el Consejo de Seguridad".
Cuando IPS le preguntó por qué ese órgano evitaba la crisis,
repitió: "Porque no es un asunto para el Consejo de Seguridad".
"Nuestro canciller ya emitió una declaración. Los remito a ella y no
hablaré más al respecto", declaró.
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, que suele ser evasivo
cuando de asuntos políticos sensibles se trata, también mantuvo un
silencio hermético.
Ban eludió la pregunta de si el foro mundial tiene un papel para
desempeñar en la crisis del Tíbet, y respondió: "Seguiremos
vigilando la situación y los mantendremos informados".
"Estoy siguiendo de cerca los últimos acontecimientos en la región
autónoma china de Tíbet", añadió, subrayando el estatus político de
ese territorio del Himalaya.
"Estoy muy preocupado por la tensión y por los informes de violencia
y muertos en Tíbet y otras localidades", indicó, y urgió a "las
autoridades a mostrar compostura".
"Pido a todos los involucrados que eviten más enfrentamientos y
hechos violentos y subrayo la importancia de una solución pacífica"
al conflicto, añadió.
A la pregunta de si Tíbet representaba una amenaza para la paz y la
seguridad internacionales, motivo usual de intervención del Consejo
de Seguridad, Ban respondió: "No discutimos el asunto y no está en
la agenda".
El secretario general también se negó a mencionar cifras respecto
del número de víctimas.
"Como dije, monitoreo de cerca la situación", reiteró. En cuanto a
cifras exactas señaló: "Tendré que verificar otra vez".
"Tuve una reunión con el embajador chino y discutimos el asunto. Le
expresé mi preocupación por la situación y mi visión del asunto al
gobierno chino", declaró el lunes
El Consejo de Seguridad se maneja en base a un principio de egoísmo
político, indicó un diplomático asiático que pidió reserva de su
identidad. "Hoy por ti, mañana por mí", apuntó.
La matanza de Gaza de febrero, que dejó al menos 130 palestinos
muertos (incluidos 29 niños y niñas y seis mujeres) y 11 israelíes
(incluido un civil y ocho estudiantes de un seminario de Jerusalén)
no causó ningún escándalo político en el Consejo de Seguridad.
Lo que está en cuestión es el continuo y desproporcionado uso de la
fuerza militar por Israel, sobretodo contra civiles desarmados,
incluidos mujeres, niños y niñas. Al mismo tiempo, el Estado judío
mantiene un duro embargo de suministros humanitarios contra Gaza.
La Liga Árabe condenó los ataques israelíes y los calificó de
"crímenes contra la humanidad", pasibles de castigos en la Corte
Penal Internacional, con sede en La Haya, o sanciones del Consejo de
Seguridad.
Estados Unidos no tendría ningún reparo en recurrir al veto para
bloquear una acción punitiva contra Israel, aunque ni China ni Rusia
se arriesgarían a enfadar a Washington.
Los chinos, que suelen mostrarse comprensivos con los palestinos,
nunca iniciarían ninguna acción, indicó el diplomático, por temor a
molestar a Estados Unidos que, hasta ahora, se niega a plegarse a
los cada vez más numerosos activistas que llaman a boicotear los
Juegos Olímpicos de Beijing de agosto.
China aún puede poner en peligro los Juegos Olímpicos si sigue
reprimiendo la disidencia en Tíbet, señaló el secretario de Estado
británico para África, Asia y la ONU, Mark Malloch-Brown.
El Departamento de Estado (cancillería) de Estados Unidos no quiso
mencionar ni avergonzar a China por violaciones de derechos humanos
en su informe anual al respecto, divulgado la semana pasada.
"El Departamento de Estado sacó a China de su lista de los 10 peores
violadores de derechos humanos, en lo que parece ser una
compensación política a un gobierno cuya ayuda Estados Unidos
necesita con desesperación para lidiar con problemas difíciles",
informó el periódico The New York Times el martes.
"Problemas difíciles" significa adoptar medidas punitivas contra
Israel por el duro asedio contra los palestinos.