as acusaciones de genocidio en Darfur
formuladas por el fiscal del Tribunal Penal Internacional (TPI), que puede
implicar la persecución legal del presidente sudanés, Omar el-Beshir, ha
colocado nuevamente al país africano en el punto de mira de buena parte de
los medios de comunicación.Dar Fur significa "la tierra de los Fur" en
árabe, y está compuesto por diferentes grupos étnicos, tanto árabes como no
árabes. Los Fur, Zaghawa, Masalit, Tunjur y otros han habitado esa zona
desde hace siglos, dedicándose algunos a la agricultura, mientras que otros
han basado su modo de vida en una actividad nómada. Dividida en tres zonas
étnicas, ninguna de ellas puede considerarse a pesar de todo de forma
homogénea desde un punto de vista étnico.
A diferencia del conflicto entre Jartum y el sur del país, en Darfur los
sentimientos u oposiciones religiosas no entran dentro de los parámetros del
enfrentamiento, ya que ambas partes son musulmanes sunitas. Para entender un
poco más el actual conflicto es necesario ubicarse "dentro del prisma de la
historia", prestando atención a un abanico de diferencias y acontecimientos
que se han venido sucediendo en las últimas décadas.
El proceso post colonial mostró que la independencia de Sudán fue el
producto de la negociación entre las autoridades coloniales y determinadas
élites políticas locales, dejando de lado a importantes comunidades y etnias
del país, sobre todo a poblaciones de la periferia como Darfur. De ahí que
ese acuerdo no tuviera en cuenta ni la realidad ni las demandas de esos
segmentos de la población marginados política, económica y socialmente.
Si el conflicto se declara "oficialmente" a comienzos del 2003, ya en la
década de los años setenta se producen frecuentes incidentes armados contra
transportes e instalaciones gubernamentales en Darfur. Desde el gobierno
central se dará inicio a una campaña de "negación de cualquier problema
político", presentando la situación como fruto de la actividad "ladrones" e
iniciando una dura represión contra las poblaciones locales de Darfur, que
traerá consigo un mayor rechazo de éstos a las políticas del gobierno
central.
Ya en esa época eran muchas las voces de los pueblos de Darfur que
denunciaban la marginación que sufrían por parte del gobierno de Jartum de
sanidad, provisión de os servicios sociales básicos, infraestructuras y
representación política en las instituciones centrales del país. Al mismo
tiempo señalaban el concepto de marginación de las periferias por parte de
las élites de Jartum, así como la percepción de que el conflicto de Sudán no
se circunscribe al enfrentamiento entre el norte y el sur, sino que se trata
del pulso entre una minoría elitista apoyada social y económicamente por el
gobierno central y una mayoría explotada y discriminada.
En 2003, dos grupos opositores al gobierno, el Movimiento por la Igualdad
y la Justicia (JEM), con un cierto matiz islamista, y el ejército de
Liberación de Sudán (SLA), laico, aprovechando la coyuntura deciden alzarse
en armas contra Jartum. El gobierno reacciona como en el pasado, negando el
carácter político del conflicto, aumentando la represión y utilizando
milicias paramilitares locales, Janjaweed, contra los grupos étnicos que
apoyan a los alzados.
Los acuerdos de paz entre Jartum y el Ejército de Liberación del Pueblo
de Sudán (SPLA) apuntan a una reorganización del estado sudanés que seguirá
marginando a los pueblos de Darfur. Los peligros de esa nueva marginación es
evidente, y el nuevo consenso es una prueba más de que la mayoría de Darfur
sigue siendo ignorada por la política oficial del país. Paralelo a todo ello
será el aumento de las voces dentro de Darfur que ante la situación reclamen
una separación real, y planteen la secesión como única salida real al
conflicto.
La intervención del TPI en la actualidad ha supuesto un nuevo punto de
inflexión en el largo conflicto de Darfur. Algunos actores han recibido con
alegría la decisión de perseguir legalmente a los dirigentes sudaneses (la
oposición al gobierno, algunos miembros del SPLA y los opositores de Darfur),
otros han mostrado sus reservas ante la posibilidad de que le escenario
futuro sea todavía peor. Mientras que los partidarios del actual presidente
también han movido sus fichas para movilizar a sus bases ante lo que
consideran una agresión exterior. La polarización del país es sin duda un
nuevo peligro que cabría añadir ante la ya de por sí delicada situación.
Diferentes voces sudanesas, críticas con el gobierno, han manifestado con
rotundidad que tampoco aceptarían un "cambio de régimen" impulsado por los
intereses extranjeros. Por otro lado el presidente sudanés es consciente de
que el verdadero peligro puede estar dentro de su propio círculo de
colaboradores. Como ya ha ocurrido en el pasado los cambios golpistas se
producen con cierta asiduidad y siempre siguen el mismo patrón de actuación,
de ahí, que Omar el-Beshir desconfíe de todos.
Algunos analistas se han preguntado por qué ahora esa decisión del TPI, y
han señalado la tendencia de algunos actores (medios de comunicación, EEUU,
algunas ONGs) por especular al alta con el número de víctimas en los
conflictos, en función de determinados intereses o para facilitar su propia
intervención. Así, han apuntado el caso de Bosnia Herzegovina, donde esos
mismos protagonistas cifraron en 300000 los muertos de aquel conflicto,
mientras que posteriormente se ha sabido que en total fueron cien mil. Esa
cifra sigue siendo por sí una enorme tragedia, pero la especulación muestra
que el objetivo final no es solucionar la situación, sino desequilibrar la
balanza en una u otra dirección.
El problema de Darfur es político, y representa un aparte de una crisis
más profunda que afecta a Sudán. La marginación social, económica y política
que han venido soportando gran parte de los pueblos de Darfur requiere de un
dialogo encaminado a la búsqueda de un paz, basada en una solución política
justa que elimine las raíces del conflicto y acabe por tanto con la
violencia. Por todo ello la paz llegará de la mano de la justicia y ponga
fin a esa situación de desequilibrio que han mantenido, primero el régimen
colonial británico, y posteriormente los diferentes gobiernos de Sudán.
Hasta ahora la política de "divide y gobierna" ha sido la estrategia
central de los diferentes gobernantes de Jartum, acompañada de una impunidad
represiva y una cierta complicidad de algunos poderes occidentales. Y a
pesar de ello, la solución más clara pasa por los parámetros negociadores
señalados, sin un acuerdo podemos encontrarnos ante un escenario que repita
las atrocidades de Rwanda o la República Democrática del Congo.
La intervención interesada del TPI, junto a los interese de algunas
potencias occidentales, puede colocar a Sudán alas puertas del peor de los
escenarios posibles: un aumento de la violencia; tensiones dentro del
partido gobernante (que podría pensar en sustituir al actual presidente);
una crisis al Gobierno de Unidad Nacional, llegando incluso a colapsar los
acuerdos de paz con el SPLA y el reinicio de la guerra civil; la salida de
los diplomáticos y cooperantes extranjeros.
En definitiva, la crisis humanitaria podría verse incrementada en ese
nuevo contexto, donde la violencia alcanzaría niveles preocupantes, e
incluso podría afectar a otros estados vecinos de Sudán, y donde las fuerzas
golpistas podrían encontrar la excusa apropiada para actuar.